El Pleno del Congreso de los Diputados ha asumido finalmente la totalidad del contenido del dictamen elaborado por la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de Spanair en agosto de 2008. Reconoce con ello que la responsabilidad del "fallo sistémico" que provocó el siniestro fue, entre otras personas, de quienes integraban la cúpula del entonces Ministerio de Fomento, entre ellas la ministra Magdalena Álvarez, y que se han detectado "conductas negligentes" que justificarían la actuación de la Fiscalía General del Estado, a la que insta a actuar.

El pleno aprobó ayer el dictamen por 219 votos a favor, con el rechazo de los 120 diputados del PSOE y la abstención del PNV, después rechazar el voto particular de los socialistas, que consideran que el documento podría incurrir en vulneración de derechos fundamentales de las 17 personas mencionadas en lista de lo supuestos responsables al ignorar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) al respecto. Hasta ocho integrantes de esa relación, incluida la propia ex ministra, habían reclamado ser excluidos de ella por considerar vulnerado su derecho al honor, y anunciaban posibles acciones civiles si no se atendía su petición.

El texto al que el Congreso dio luz verde ayer consta de once conclusiones sobre las circunstancias y causas del accidente, en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas, y trece recomendaciones, la mayoría de ellas proponiendo medidas para mejorar la seguridad aérea en España. Con la votación en la sesión del pleno de la Cámara concluye un proceso iniciado en febrero de 2018, por iniciativa de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair, con un intenso trabajo parlamentario y la comparecencia de 47 personas durante la actual legislatura y la anterior.

El dictamen queda hora a expensas de que el Gobierno y otras instancias oficiales impulsen las medidas que se proponen; de que las personas señalas como responsables puedan presentar recursos ante el Tribunal Constitucional y que éste dictamine si el documento se ajusta a derecho o no; y de que la Fiscalía decida si le caben actuaciones en relación con las posibles negligencias a que hace referencia el documento.

La presidenta de la comisión, diputada canaria de Unidas Podemos, Meri Pita, defendió, tal y como expone el dictamen redactado por ella, que "el accidente se produce como consecuencia de una concatenación de fallos que sumados propician que la barrera de seguridad que conforman el sistema fracasara como un todo". Cree que "resultaría cómodo y simplificador atribuir a la fatalidad o a la casualidad la coincidencia temporal de todos estos fallos", pero que hacerlo "no solo sería una irresponsabilidad imperdonable por nuestra parte que rayaría el delito, sino que avocaría de una más que posible repetición de los mismos".

Pita expuso que la "conclusión clara de la investigación es que el sistema falló no solo el aciago día del accidente, sino también de forma previa y posterior al mismo, y por tanto, los encargados de establecer, de evaluar, de comprobar o de corregir la debilidad del sistema con los medios que el Estado ha puesto a su disposición deben asumir la responsabilidad que le corresponde». Insistió en que el dictamen «señala responsabilidades, no imputa delito, que corresponde a otro ámbito que no es el legislativo", y que por tanto cabe la elaboración de una lista de cargos públicos y directivos de algunas de las empresas implicadas en el accidente como sujetos de esa responsabilidad. Se refirió en particular, como la mayoría de los portavoces que intervinieron luego, al fabricante del avión siniestrado, la compañía norteamericana Boeing, por su negativa a dar documentación sobre el modelo de aparato, el M-82, y los fallos detectados en él. Se trata, según Pita, de un "silencio elocuente" sobre el que «seria necesario insistir a través del ámbito judicial.

También Pita, como la mayoría de los portavoces de los grupos, se refirió al sistema de indemnización a las víctimas y familiares. Mapfre, la aseguradora de Spanair, destinó a compensaciones únicamente el 3% de 1.500 millones de la póliza contratada por aerolínea y "no parece", dice, "proporcional ni aceptable que a un accidente aéreo en España se le aplique el baremo de accidente de tráfico".

El conjunto de las conclusiones es razón suficiente, cree la diputada de Las Palmas, para recomendar que el dictamen se remite a la Fiscalía, y esta "haga lo que estime oportuno".

Voto particular

El portavoz del PSOE en el debate de ayer, Joaquín Ramos Torres, defendió el voto particular del grupo insistiendo en las «dudas jurídicas» que plantea: la lista de responsables señalados, y la recomendación que insta a la actuación de la Fiscalía. El PNV y Cs fueron los únicos grupos que coincidieron con el PSOE en cuestionar ambos aspectos del dictamen, pero mientras el grupo vasco mantuvo la abstención que ya expresó en la comisión, el grupo naranja acabó respaldando con un "sí crítico" el documento.

Los dos representantes nacionalistas canarios, Pedro Quevedo (NC) y Ana Oramas, apoyaron todos los contenidos del dictamen. Quevedo subrayó que "no se trata de una venganza contra nadie. No se está diciendo que la seguridad aérea en España sea alarmante, pero sí que ese día se acumularon unas circunstancias que no deberían haber ocurrido nunca".

Para Oramas el dictamen "hace justicia a las víctimas y a la lucha que emprendieron los familiares", y lamentó que durante la investigación no se le tomara declaración a los primeros profesionales de emergencias y sanitarios que llegaron al lugar del siniestro, "errores imperdonables que han alargado durante años el sufrimiento de familiares y supervivientes".