El Pleno del Tribunal Constitucional adoptó este viernes dos decisiones similares respecto a dos decretos ley del Gobierno de Pedro Sánchez, algunas de cuyas disposiciones anuló al entender injustificada la urgencia alegada por el Ejecutivo para aplicarlos. El primero declaró inconstitucional el blindaje de los nuevos integrantes de la denominada comisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), mientras que el segundo tumbó la integración de la gestión de Clases Pasivas del Estado a la Seguridad Social.
En ambos casos, la decisión adoptada por el tribunal de garantías no fue unánime, ya que contaron con el voto discrepante del magistrado Cándido Conde-Pumpido, que considera que ambas medidas, de índole puramente administrativa, son necesarias y urgentes para hacer efectiva una competencia del Gobierno como es la modificación de los Departamentos Ministeriales y de las comisiones delegadas del propio Gobierno.
Según el voto popular que redacta el magistrado, y que se hará público previsiblemente la semana que viene junto con las sentencias acordadas por el resto, tanto la integración de determinadas personas en la comisión gubernamental del CNI como el asunto de las clases pasivas -incluida en un decreto ley de medidas laborales y fiscales- se adoptaron en un momento en el que confinamiento y el estado de alarma no permitían la tramitación urgente de una reforma legislativa, dadas las propias dificultades de funcionamiento que afectaban al Parlamento.
En cuanto a la reforma que afecta a la Seguridad Social, fuentes del Constitucional han señalado a Europa Press que el TC ha tumba varias disposiciones del Real Decreto de medidas laborales y fiscales por el que, entre otros aspectos, el Gobierno integró la gestión de Clases Pasivas del Estado a la Seguridad Social.
La sentencia del TC acoge el recurso presentado por el PP contra esta disposición porque "el Gobierno hizo un mal uso del real decreto" pues "el traspaso a la Seguridad Social no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad", han señalado fuentes jurídicas.
