El Gobierno ha salvado en el Congreso el polémico decreto ley que pone fin al estado de alarma y que erige al Tribunal Supremo como máxima autoridad para pronunciarse sobre la limitación de movimientos y ha sido gracias a las medidas de protección social que también contempla la norma y que han sido apoyadas por la mayoría de partidos.
PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PDeCAT, JXCAT, la CUP, Más País, Compromís, CC y Nueva Canarias, entre otras formaciones, han apoyado este decreto, que sin embargo ha recibido el voto en contra del PP y Cs y las abstenciones de Vox, PNV y BNG.
El decreto ha sido aprobado por 189 votos a favor, 100 en contra y 60 abstenciones y se tramitará como un proyecto de ley por petición unánime para que algunas medidas puedan recibir cambios.
ERC, que en un principio había señalado una abstención, ha modificado su voto en el último momento para votar a favor, mientras que Vox ha decidido abstenerse toda vez que siempre se ha mostrado en contra de que se declarara un estado de alarma.
Durante el debate, el Ejecutivo ha recibido duras críticas por parte de la oposición y de sus socios de investidura que le han reprochado falta de diálogo y de consenso para acordar un paraguas jurídico que diera la misma cobertura a todas las comunidades autónomas tras el fin del estado de alarma.
Ribera: "La pandemia no ha terminado aunque el estado de alarma se haya levantado"
"Caos jurídico", "desconcierto" entre autonomías y traspaso de competencias políticas a los tribunales han sido las críticas que han vertido prácticamente todos los partidos políticos y que ha tenido que escuchar la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Ribera ha sido la encargada de defender un decreto que ve "urgente y necesario" para que determinadas medidas sean prorrogadas, como la suspensión de desahucios o las moratorias en los pagos del alquiler hasta el 9 de agosto. "La pandemia no ha terminado aunque el estado de alarma se haya levantado y no podemos dejar desamparados a los que necesitan protección adicional", ha puntualizado tras calificar de "esperanzadora" la situación actual.
Una situación que el PNV ve con cierto riesgo por posibles rebrotes y así se lo ha hecho saber la diputada Josune Gorospe tras recriminar que como socio prioritario de Sánchez no les hayan llamado "para nada".
Gorospe ha lamentado las "prisas" del Gobierno por pasar "a otra pantalla" con medidas "cuestionables" como es la de someter a control judicial todas las decisiones sanitarias.
"Lo que debían haber hecho es incorporar en el ordenamiento jurídico una propuesta normativa que dé un marco de confianza para que las autoridades sanitarias de las comunidades puedan adoptar medidas sin estar sometidas al juicio de ningún control judicial", ha incidido.
El decreto también incluye medidas como controlar los pasajeros internacionales y extender la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del COVID-19 así como la consideración de servicios esenciales los vinculados a la violencia de género.
"Más protección social y más garantía jurídica", ha resumido el secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, que ha aseverado que "solo desde la ignorancia o desde la voluntad de hacer daño se puede uno oponer".
Los votos en contra del PP y Ciudadanos coinciden en que el Supremo no es la vía para dirimir recursos contra derechos fundamentales vinculados a una pandemia.
El diputado del PP Carlos Rojas ha criticado a "un gobierno a la fuga" que coloca al Tribunal Supremo en un orden institucional que "no le corresponde" mientras el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha explicado que el tribunal adecuado hubiera sido la Audiencia Nacional.
"Para ti los marrones y para mí las flores, es como entienden la cogobernanza", ha recriminado Bal a Sánchez tras avisar de que su formación "no pasa por el chantaje" que pretende el Gobierno con un decreto ley que mezcla medidas jurídicas "inadecuadas" con otras sociales, "que sí son necesarias".
El diputado del PDeCAT Genís Boadella también ha reprochado que cuestiones políticas se pasen a la vía judicial aunque ha argumentado su voto favorable por la necesidad de prolongar la protección social.
Desde Unidas Podemos, Rosa María Medel ha criticado que el PP pida celeridad en la vacunación y luego rechace la liberalización de las patentes y les ha acusado de querer implantar un plan B "vacío de contenido y que ni tan siquiera permite implantar el toque de queda".
Pablo Calvo, de Vox, ha señalado a Sánchez como "el responsable directo de la peor pandemia del mundo y de trasladar el problema a las comunidades autónomas".
"Los jueces no pueden sustituir al Gobierno... la izquierda crea el problema y cuando llega la necesidad se lo traslada a los tribunales", ha reiterado tras criticar que alardeen de cogobernanza y no hayan acordado nada con las autonomías.
