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Indultos

Siete de los indultos más polémicos en España

Políticos, banqueros, militares y miembros de bandas armadas figuran entre las medidas de gracia que han concedido los sucesivos gobiernos

José Barrionuevo, Rafael Vera, Alfredo Sáenz y Alfonso Armada.

José Barrionuevo, Rafael Vera, Alfredo Sáenz y Alfonso Armada.

Con las citas electorales despejadas, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha defendido por primera vez en el Congreso los indultos a los presos independentistas por el referéndum del 1-O. "Hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia", ha espetado desde el hemiciclo.

Según el Indultómetro de la Fundación Civio, que recopila y clasifica toda la información publicada en el Boletín Oficial del Estado, desde el 1996 se han concedido un total de 10.652 medidas de gracia en España y, muchas de ellas, han levantado polvareda. Estos son algunos de los indultos más polémicos.

1. José Barrionuevo y Rafael Vera

El exministro de Interior del PSOE, José Barrionuevo, y el exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, fueron indultados en diciembre del año 1998. Barrionuevo, Vera y otros ocho cargos fueron condenados por el secuestro del ciudadano hispano-francés Segundo Marey, al que confundieron con un dirigente de la banda terrorista ETA, en la que fue la primera acción reivindicada por los GAL.

Barrionuevo y Vera fueron condenados a 10 años de prisión y 12 años de inhabilitación por los delitos de retención ilegal y malversación de fondos públicos, pero el Gobierno de José María Aznar facilitó su salida de prisión concediéndoles un indulto parcial que redujo en dos tercios la pena, además del tercer grado penitenciario. Sólo pasaron tres meses entre rejas.

2. Alfonso Armada

El exgeneral Alfonso Armada fue uno de los principales participantes del golpe de Estado del 23-F de 1981. En el 1983 el Tribunal Supremo le condenó a 30 años de prisión por rebelión militar, pero cinco años después, en el 1988, el Gobierno de Felipe González lo indultó. El Ejecutivo alegó motivos de salud -sufrió una embolia cerebral y se le detectó cardiopatía- y el acatamiento de la Constitución.

3. Alfredo Sáenz

El entonces consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, fue condenado a tres meses de arresto domiciliario e inhabilitación temporal por acusación y denuncia falsa cometidos en 1993, cuando era presidente de Banesto. El grado de la pena no implicaba su entrada en prisión, pero sí ponía en juego su cargo en el banco porque la normativa bancaria inhabilitaba a aquellos que tuvieran antecedentes penales.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le concedió el indulto para mantenerse en el cargo, pero en el 2013 el Tribunal Supremo lo anuló, alegando que ese decreto interfería en la normativa del sector financiero que exige "honorabilidad". El Ejecutivo de Mariano Rajoy, al llegar a la Moncloa, modificó la legislación bancaria y evitó así la inhabilitación de Sáenz.

4. Dos militares del YAK-42

El accidente del avión militar del YAK-42 en Turquía en el 2003 se cobró la vida de 61 militares, un Guardia Civil, 12 tripulantes y un ingeniero. Los comandantes sanitarios de la nave, José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García, fueron condenados por errar en la identificación de 30 de los 62 fallecidos a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación y una multa de 900 euros por falsear los datos de los cadáveres para poder llegar a tiempo al funeral preparado por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.

El ingreso en prisión fue suspendido por la Audiencia Nacional al ser menor a dos años y la multa fue pagada por los condenados. Sin embargo, la pena de inhabilitación comportaba la expulsión del Ejército, pero el Gobierno de Mariano Rajoy lo evitó con un indulto parcial en el 2012.

5. Cuatro Mossos d'Esquadra

Cuatro agentes del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra fueron condenados por torturar a un hombre al que detuvieron por error y al que llegaron a poner una pistola en la boca para obligarle a confesar un robo que no había cometido.

El Tribunal Supremo les condenó a cuatro años y seis meses de prisión por delitos contra la integridad moral, torturas y lesiones; pero el Gobierno de Mariano Rajoy les concedió el indulto y les redujo así la pena a dos años de cárcel para evitar su entrada en un centro penitenciario ya que no tenían antecedentes.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona decidió decretar de todas formas el ingreso en prisión y entonces el Gobierno conmutó la pena por una multa de 7.200 euros.

6. Miembros de Terra Lliure

Los indultos a miembros de la organización armada independentista Terra Lliure suelen ser una arma arrojadiza entre PP y PSOE, pero ambos partidos han concedido la medida de gracia a representantes de la banda.

En el 1994 y en el 1995 el Gobierno de Felipe González indultó a Marcel·lí Canet, condenado por un delito de estragos e imprudencia temeraria con resultado de muerte, y a Jordi Petit Ferrer, condenado por los delitos de estragos, pertenencia a banda armada y tenencia ilícita de armas tras manifestar su voluntad expresa de dejar la lucha armada y renunciar a la violencia; entre otros.

Ya en el 1996, el Ejecutivo de José María Aznar hizo lo propio a otros 15 miembros de Terra Lliure. Desde el PP siempre han defendido que la tramitación la comenzaron los socialistas, pero la decisión final quedó en sus manos porque es el Consejo de Ministros quien tiene la última palabra sobre los indultos.

7. El kamikaze de la AP-7

Un conductor kamikaze fue condenado por un accidente mortal ocurrido en 2003 en la AP-7 en Polinyà del Xúquer (Valencia). En el 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy le concedió un indulto parcial conmutándole la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por una de dos años de multa.

El Tribunal Supremo anuló el indulto al considerarlo "arbitrario" y en el 2014 el conductor volvió a ingresar en prisión. Este hecho puede marcar precedente en el caso de los presos independentistas porque delimita el margen de maniobra que tiene el Gobierno para conceder o denegar medidas de gracia.

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