El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha lamentado este viernes tener que sentarse en el banquillo por la investigación sobre el origen de su fortuna, a pesar de que no se le acusa de ninguno de los delitos que motivaron su detención en abril de 2015.
El exministro, que se ha desplazado hasta los juzgados madrileños de la plaza de Castilla para recoger el auto de apertura de juicio oral, ha asegurado que los delitos fiscales que se le atribuyen hacen referencia a trabajos profesionales efectuados a través de sociedades, una práctica habitual en profesiones liberales, y que en otros casos, como expresidentes del Gobierno o exministros del actual Ejecutivo, nunca han sido llevados por la vía penal.
El caso comenzó en la primavera de 2015, a instancias de la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, que alertó a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio del expresidente de Bankia y dio lugar a un proceso que comenzó con la detención de Rato.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, una de las defensas ha recurrido el importe de las fianzas impuestas al no entender los criterios en los que se había basado el juez para cuantificarlas, a lo que el titular del juzgado ha argumentado que fueron fijadas en función del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.
Una explicación que no ha convencido a esta defensa, que ha anunciado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Las mismas fuentes aseguran que el periodo para pagar la fianza, que en principio cumplía el próximo lunes, tendrá que aplazarse a la espera de que la sala tome una decisión.
En su auto de apertura de juicio oral, el magistrado impuso más de 220 millones de euros de fianza al conjunto de los acusados, que contaban para ello con un plazo de un día para asegurar futuras responsabilidades; de no hacerlo, el juzgado dictará el embargo de sus bienes.
La más elevada recae, precisamente, sobre Rato, al que se solicitan 65,1 millones de euros.
El caso comenzó en la primavera de 2015, a instancias de la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, que alertó a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio del expresidente de Bankia y dio lugar a un proceso que comenzó con la detención de Rato.
La denuncia de Antifraude se producía apenas 24 horas después de que el 14 de abril trascendiera que el exvicepresidente estaba siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, por un posible delito de blanqueo tras acogerse en 2012 a la amnistía fiscal a la que se adhirieron 30.000 contribuyentes.
Seis años después de aquella denuncia inicial, el caso se ha saldado con una veintena de acusados, personas físicas y jurídicas entre las que se encuentran no sólo Rato sino también alguno de sus allegados, como el que fuera su "mano derecha" en Bankia, José Manuel Fernández Norniella, su cuñado Santiago Alarcó, o el abogado Domingo Plazas.
También sus presuntos testaferros, Miguel Ángel Montero y Alberto Portuondo, y su secretaria personal, Teresa Arellano.
La Audiencia de Madrid será el órgano encargado de juzgar al exministro por once delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares, este último a raíz de los contratos de publicidad que Bankia adjudicó a las agencias Zenith y Publicis, supuestamente, a cambio de mordidas.
No así de la falsedad continuada e insolvencia punible de la que le acusaba Anticorrupción en su escrito, y es que -argumentó el magistrado en su auto- en ningún momento ni las pesquisas ni la propia causa se han centrado en tales infracciones.
