El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto de los indultos de los nueve dirigentes independentistas catalanes que están encarcelados, que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara este miércoles, con la firma del Rey.

Tras la polémica desatada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre la implicación del jefe del Estado en la medida de gracia y la "complicidad" a la que le somete el Gobierno, los expertos constitucionalistas consultados por EFE coinciden en que don Felipe está obligado a sancionar el decreto sin que eso suponga que tenga responsabilidad política o jurídica sobre la decisión.

En uno de los puntos del artículo 62 de la Constitución, se dice que "corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley".

El catedrático Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Javier García Roca explica que este precepto "no se puede leer literalmente", porque el poder de Felipe VI es "simbólico, no efectivo".

"La Constitución marca que es el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pero él no puede enviar tropas a Afganistán, como tampoco convocar un referéndum", puntualiza García Roca para interpretar el artículo referido al indulto.

La intervención del monarca, recuerda el catedrático de la Complutense, es sólo "ad solemnitatem" (para solemnidad), porque "no decide y, por lo tanto, no es responsable, al ser una potestad del Gobierno".

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Valéncia Carlos Flores subraya que Felipe VI "está obligado a firmar los indultos con independencia de que le gusten o no y de que se hayan justificado debidamente".

Flores recuerda que el jefe del Estado no tiene capacidad para analizar si los decretos se adecúan a derecho.

El escenario de que no suscribiera los indultos es inviable porque, según Flores, derivaría en "una crisis institucional gravísima que podría acabar con la propia monarquía", porque "tendría que abdicar o se le forzaría a renunciar".

Desde que entró en vigor la Constitución en 1978, ni Juan Carlos I, ni su hijo, han aplicado la objeción de conciencia a la hora de sancionar una ley del Parlamento o un decreto del Gobierno.

Los expertos estiman inimaginable en España el caso del rey Balduino de Bélgica, quien en 1990 renunció temporalmente a sus poderes para no rubricar la ley del aborto.

"Si no quiere firmarlo, que dimita. No hay otra opción", sostiene García Roca en relación con el papel del rey en España.

Situación incómoda

Desde que se abrió el debate sobre los indultos, Felipe VI no ha hecho ninguna referencia o insinuación en sus discursos a este asunto.

No obstante, Flores cree que "la situación es extremadamente incómoda para el Rey" al obligarle el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a firmar una decisión con la que no estará demasiado conforme o complacido", después de que en su discurso contra el desafío independentista el 3 de octubre de 2017 denunciara "la deslealtad inadmisible" de la Generalitat.

"Que puede haber disgusto en la Casa Real no tengo ninguna duda y de que no tiene que ser un trago de buen gusto, pero de ahí a la objeción al cumplimiento de los deberes constitucionales hay un trecho largo. Son dos cosas distintas", reflexiona el profesor de la Universitat de Valéncia.

Respecto a la polémica desatada por Díaz Ayuso, el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED Carlos Vidal arguye que pretender que el monarca pueda dejar de firmar el decreto sería "reconocer que tiene alguna responsabilidad, y no la tiene".

"Flaco favor le hacemos al rey poniéndole en este brete. El foco de la responsabilidad no puede estar en él, sino en el Gobierno", apunta Vidal, para quien su rúbrica es "puramente simbólica".

En la misma línea se pronuncia la también constitucionalista Paloma Biglino, de la Universidad de Valladolid, para quien el jefe del Estado "carece de opinión política en términos constitucionales" y está "por encima del juego partidista".

"En ningún caso puede actuar conforme a criterios de naturaleza subjetiva. A los españoles no nos interesa lo que el rey opine, porque es un cargo con atribuciones constitucionales y tiene que cumplirlas", zanja la catedrática.

Para Biglino, el debate desatado sobre el papel del monarca en los indultos "no favorece ni a la Constitución, ni al Rey", porque "no se le puede implicar".

"Uno podrá estar conforme o disconforme con los indultos, pero es mejor dejar a la Corona donde tiene que estar, que es al margen de este debate", recomienda la profesora de la Universidad de Valladolid.