La Fiscalía de Las Palmas ha acordado denunciar al párroco Fernando Báez Santana por un presunto delito de justificación de violencia machista ante sus declaraciones en diversos medios de comunicación y en redes sociales sobre la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife tras llevárselas su padre, de quien estaba separada.
En un escrito hecho público este martes, el Ministerio Público informa de que ha adoptado esta decisión tras culminar la investigación iniciada para valorar las manifestaciones realizadas por el cura el pasado mes de junio en las que culpaba a la madre de la niña Anna y Olivia de lo ocurrido.
Para la Fiscalía, esas afirmaciones pueden constituir un delito de discriminación previsto en el artículo 510.2.b del Código Penal, castigado con penas de seis meses a dos años de cárcel. En concreto, comete ese delito quien "enaltezca o justifique por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución".
El polémico sacerdote grancanario atribuyó el comportamiento de Tomás Gimeno a la "infidelidad" de la madre de las niñas Anna y Olivia, unas declaraciones que fueron desautorizadas y rechazadas por el obispo de Canarias, José Mazuelos, un primer momento y que, posteriormente, culminaron con su destitución.
El obispo Mazuelos acordó apartar a Báez de su oficio de párroco en Gran Canaria y le prohibió cautelarmente oficiar la eucaristía por haber responsabilizado de su muerte a la madre de las niñas Anna y Olivia. Asimismo, le exigió no hacer, en su condición de sacerdote, manifestaciones y declaraciones en medios de comunicación o a través de redes sociales, en un decreto que firmó Mazuelos el pasado 16 de junio.
