El Gobierno moverá de su tumba los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, actualmente sepultado junto al altar de la Basílica del Valle de los Caídos. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado la medida este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al presentar la nueva Ley de Memoria Democrática.
Al resumir las medidas que propicia la nueva norma de Memoria -que el Ejecutivo ha aprobado hoy en segunda vuelta, tras una primera redacción en septiembre de 2020- el ministro Bolaños ha hecho mención especial a la futura resignificación del Valle de los Caídos, y ha asegurado que en ese recinto mortuorio "no podrá haber ningún cuerpo en ningún lugar preponderante". Ha recordado que los enterramientos en el Valle "tienen la consideración de cementerio civil", y ha aclarado que el cuerpo de Primo de Rivera "será exhumado", previa "conversación con la familia, de la forma más normal y para cumplir la ley."
Otros detalles, como qué tipo de recinto será la actual iglesia del valle, se estudiarán posteriormente. "Tendremos que concretar un proyecto dentro de ese marco, estudiarlo bien -ha dicho Bolaños-. Es una basílica, un lugar de culto, pero queremos que responda a una reivindicación de valores democráticos y derechos fundamentales".
Investigación de crímenes
La ley de Memoria Democrática que el Ejecutivo ha enviado a las Cortes recoge la creación de una fiscalía especial de sala para la investigación del paradero de los desaparecidos durante la dictadura, así como para el esclarecimiento de las circunstancias en que desaparecieron, la mayoría de ellos asesinados. "Impulsará y practicará diligencias para investigar las violaciones de derechos humanos e impulsar la búsqueda", ha dicho el titular de Presidencia.
Esta acción de la fiscalía limita con la Ley de Amnistía de 1977 por el escabroso lado de la responsabilidad penal, pero no se producirá colisión. En la redacción de la nueva ley, el Gobierno ha tenido en cuenta dos principios jurídicos, el de la prescripción y el de la irretroactividad, que "se oponen a la aplicación de responsabilidades a comportamientos anteriores a su promulgación" ha explicado Bolaños.
No habrá por tanto penas por los crímenes del franquismo, pero sí constatación documental del dolo. Respondiendo también a preguntas de este diario, el ministro de la Presidencia ha admitido que la investigación que realizará la fiscalía implicará "la averiguación de los autores" de los crímenes, cuyos nombres pasarán a formar parte por tanto de un fondo escrito. Si bien, "la responsabilidad penal se extingue por defunción", ha remachado Bolaños.
Homenajes proscritos
El Ejecutivo resume las bases de la nueva Ley en una "recuperación, salvaguarda y difusión de los valores democráticos y de los derechos fundamentales" y en el "reconocimiento de todas las víctimas del golpe de Estado de 1936 y su posterior dictadura", y señala tres ejes del nuevo articulado. En palabras de Bolaños, "poner a las víctimas en el centro de la acción del Gobierno", poner "en valor el papel de las mujeres", y dar "importancia al movimiento memorialista".
En ese marco, el ministro ha subrayado la proscripción de exaltaciones y homenajes a la guerra civil y a la dictadura, y en clara alusión a la Fundación Francisco Franco, ha anunciado la intención de "extinguir fundaciones que enaltezcan el franquismo o hagan menosprecio de sus victimas". El método: la previa incoación de un expediente administrativo en cuanto se produzca alguno de esos homenajes.
En la misma línea se prevé la "extinción" de la Fundación de la Santa Cruz, cuyo patronato rige el Valle de los Caídos por un decreto de 1957 "totalmente contrario a los valores democráticos". La anulación de ese decreto mediante un nuevo decreto tendrá como consecuencia la salida del valle de la comunidad de monjes benedictinos que viven allí.
Al tiempo que el Gobierno resignifique el recinto, creará un Centro Documental de Memoria Democrática en Salamanca, donde reside el actualmente el archivo de la Guerra Civil española. El nuevo centro custodiará y mostrará "todos los archivos generados entre 1936 y 1978", ha dicho Bolaños, relacionados con el golpe que dio lugar a la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Expolio
Tras anunciar las claves ya conocidas de la nueva Ley de Memoria, Félix Bolaños ha puntualizado un detalle de interés en el articulado, la ausencia de nuevas indemnizaciones para víctimas de expolios, pese a que, según ha considerado, la ley responde al principio, definido internacionalmente, de Reparación y pese a que se elaborará un inventario de incautaciones perpetradas en la guerra y la dictadura. Pero es que a lo largo del periodo democrático "ya ha habido más de 600.000 beneficiarios de reparaciones por expolio u otros daños económicos -ha recordado-. Que no se genere que un derecho adicional económico no significa que no haya habido reparaciones. Ahora es el paso a la dignidad, no el de la compensación económica".
Para el Gobierno, esta ley, que comenzó a elaborarse con Carmen Calvo en la vicepresidencia política, "es la primera en la que se condena y repudia el golpe del 36 y la dictadura posterior, el periodo más negro de nuestra historia contemporánea", ha dicho su sucesor en la cartera de Presidencia.
La norma "da cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos", da relieve al sufrimiento de "represaliadas por ser mujeres, hijas o madres de quienes se habían significado políticamente, o condenadas por adulterio o interrumpir el embarazo" y "nos hace mejores como país", ha concluido.
