El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha denunciado este viernes una "guerra sucia del Estado español" para intentar relacionarlo a él y al independentismo con una presunta estrategia de Rusia para "desestabilizar" Europa.
Así ha reaccionado en un comunicado la oficina del expresident después de que el diario The New York Times haya publicado una investigación en la que se señala que un colaborador de Puigdemont buscó el apoyo de Rusia para lograr la independencia de Cataluña.
El Times cita como fuentes un informe europeo de inteligencia corroborado por funcionarios españoles, expedientes de dos investigaciones realizadas por jueces en Barcelona y Madrid, entrevistas a políticos y activistas independentistas en Cataluña, y funcionarios de seguridad en España y el extranjero.
El diario señala que el historiador y jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, se reunió en Moscú con funcionarios rusos, exagentes de inteligencia y el nieto de un espía de la KGB con el objetivo de "garantizar la ayuda rusa".
El reportaje no aclara qué tipo de ayuda dio el Kremlin al independentismo ni si le brindó algún apoyo, pero apunta que tras los viajes de Alay a Moscú, que tuvieron lugar en 2019, surgió la plataforma de protesta Tsunami Democràtic.
Lleno de "falsedades, incongruencias e intoxicaciones"
En su comunicado, Puigdemont se hace eco de "informaciones aparecidas" en las últimas horas que "tienen como fundamento un informe de la Guardia Civil que está lleno de falsedades, incongruencias e intoxicaciones", con el "único objetivo de criminalizar y desprestigiar" al independentismo ante la comunidad internacional, presentándolo como "elemento desestabilizador".
Estas filtraciones, según Puigdemont, están "descontextualizadas", ya que "existen muchos otros mensajes sobre situaciones políticas en otros países que se omiten intencionadamente".
Para el expresident, "la única fuente posible de esta manipulación son las autoridades españolas", por lo que hay "acción ilícita de poderes del Estado".
"La revelación de conversaciones privadas, que no tienen nada que ver con un delito, es un instrumento más de la guerra sucia que el Estado español practica contra Cataluña, con el intento antidemocrático de liquidar un movimiento legítimo, legal y democrático y que cuenta con el 52% del voto popular en las últimas elecciones nacionales catalanas", ha insistido.
El comunicado recalca que "todas las actividades internacionales de la oficina del president Puigdemont, así como también de su jefe de la oficina, Josep Lluís Alay, y de su equipo jurídico, con Gonzalo Boye al frente, son perfectamente legales y tienen como objetivo contribuir a la resolución democrática del conflicto político entre Cataluña y España".
"Estudiaremos emprender acciones legales en el Estado español, y en otros Estados si es necesario, ante la posibilidad de que se haya cometido algún delito de revelación de secretos oficiales, ya que todas las evidencias señalan que la información ha llegado a algunos medios antes de que se levantase el secreto de sumario", añade.
Cs pide apoyos para una investigación
Cs buscará apoyos en otros grupos del Parlament para crear una comisión de investigación sobre los supuestos vínculos del entorno de Puigdemont con Rusia.
Así lo ha anunciado en una rueda de prensa desde el Parlament el jefe de filas de Cs, Carlos Carrizosa, que ha advertido de que su formación no va a permanecer "impasible" ante este hecho, que ha tildado de "escándalo".
"Queremos saber si el nacionalismo catalán, los dirigentes separatistas catalanes, han propiciado estos contactos como están informando algunos periódicos", ha afirmado Carrizosa al respecto.
Según ha dicho Carrizosa, Cs se dirigirá al PSC, a Vox y al PPC para recabar estos apoyos.
El jefe de filas de Cs ha lamentado que, "con la gente arruinándose, y con la sanidad destrozada", tengan que preocuparse "de que haya gente" que esté "segando la hierba bajo los pies como comunidad política".
Según el reglamento del Parlament, para solicitar la creación de una comisión de investigación hacen falta al menos dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados, y posteriormente deberá votarse en el pleno.
