Las jornadas de convivencia del Govern para tejer consensos y evitar los choques incesantes de la pasada legislatura se estrenan con discrepancias entre los socios sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Pero, pese a las distintas sensibilidades que evidencia el proyecto, ERC y Junts han querido lanzar este sábado un mensaje “compartido” al que ha puesto voz la portavoz del Ejecutivo, Patricia Plaja: “No se avalará ninguna propuesta que destroce la laguna de La Ricarda”, ha aseverado.

Desde la Vall d’en Bas, el espacio elegido para esta primera cita, Plaja ha subrayado que la ampliación del aeropuerto “se deberá hacer en los términos y condiciones pactadas en plan director” y ha negado que sea “objeto de debate” ocupar parte del espacio natural del Delta del Llobregat fijando el espacio protegido como una "línea roja" para el Ejecutivo de Pere Aragonès. "Será el plan director que redacta también la Generalitat el que tiene que decir cómo se hace esta reforma y se tiene que decidir desde Cataluña", ha insistido.

Aena remitió el viernes a la Comisión de Coordinación Aeroportuaria de Cataluña, integrada por el Govern, ayuntamientos y otras partes implicadas, el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) en el que se detalla la ampliación extendiendo la tercera pista hacia el Este, lo que supondría afectar la laguna de La Ricarda, un espacio natural protegido por la red europea 2000. Aragonès reaccionó a través de Twitter exigiendo garantías para blindar la laguna y defendió que "preservar los espacios naturales no es una opción, es una obligación no negociable" ante la visión de algunos sectores de Junts, entre los que figura el 'vicepresident' Jordi Puigneró, que siempre ha apostado por subrayar el carácter intercontinental que puede aportar este infraestructura.

La CUP, por su parte, presiona para que la Generalitat se eche atrás. Los 'cuperos' han advertido a Aragonès de que ven los planes de Aena como un "atentado climático" y que todo esto pone en jaque un posible apoyo a los presupuestos para el 2022, a sabiendas de que siguen siendo su socio preferente.

Batalla contra el precio de la luz

La primera cita de trabajo para fijar las líneas de este curso político ha sido encabezada por el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y han participado el vicepresident, todos los consellers y los secretarios generales. Y, más allá de repasar las prioridades en la acción de gobierno, el jefe del Ejecutivo ha ordenado estudiar medidas legales contra las eléctricas por la subida del precio de la luz. "Ya no se trata sólo de luchar contra la pobreza energética, sino contra la avaricia de las eléctricas. La situación nos obliga a estudiar la posibilidad de emprender medidas legales para que proteger a la ciudadanía de este abuso y construir alternativas a un mercado ineficiente", ha explicado Plaja.