Setenta y siete cuerpos de republicanos enterrados en el Valle de los Caídos serán exhumados de su actual emplazamiento en el monumento franquista. Los trabajos de exhumación han comenzado este lunes por orden de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y de Patrimonio Nacional, que es el ente que dirige el recinto.

De momento se procede a instalar la infraestructura de andamios y acordonado de la capilla del Santo Sepulcro de la basílica del Valle, primera en la que actuarán los albañiles para sacar los cuerpos.

Los técnicos deben asegurar el acceso a los columbarios para dar paso a una segunda fase de las tareas, la forense, para la localización de los restos y su identificación.

Una tercera fase, ha confirmado la Secretaría de Estado, consistirá en la dignificación de los columbarios, donde actualmente se amontonan cajas con huesos traídos de toda España. Entre otras labores, se procederá a meter los cuerpos rescatables en ataúdes y limpiar el área.

Familias esperando

Las exhumaciones se realizan en todos los casos por peticiones dirigidas al Gobierno por familiares de los enterrados, la mayor parte de ellos fusilados en la retaguardia por tropas franquistas. Los cuerpos fueron sacados de fosas comunes y enterramientos irregulares en 1959 por orden cursada por el gobierno de Franco a todos los gobernadores civiles. Su primera exhumación se hizo sin dar aviso ni pedir consentimiento de los familiares.

Los parientes reclamantes de esta primera tanda de exhumaciones no tienen garantizado que los cuerpos sean localizados en los columbarios, según les ha advertido la Secretaría de Estado, por la dificultad que entraña en numerosos casos de las criptas del Valle de los Caídos, separar unos restos de otros o confirmar el paradero de las cajas acarreadas hace 72 años.

Una sentencia favorable emitida en 2016 por un juzgado de San Lorenzo de El Escorial es el precedente jurídico que posibilita estas exhumaciones. Fue en el caso de los hermanos Lapeña, la reclamación de los parientes de los cenetistas Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, fusilados en 1936. La sentencia ha permanecido un lustro sin cumplir, y por unos días no ha obtenido satisfacción el principal reclamante, Manuel Lapeña, hijo y sobrino de los dos asesinados, que murió el pasado día 14 con 97 años de edad sin ver cumplido su deseo de recuperar los restos y llevárselos a tumbas familiares.

Las exhumaciones de estos primeros 77 -ya hubo otras en la transición, pero como iniciativas particulares y sin cobertura gubernamental-, forman parte del proceso de resignificación del Valle de los Caídos diseñado por el Gobierno, que culminará tras la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Memoria Democrática.