Los socialistas han tratado de suavizar en lo posible la ley de vivienda, y su impronta en el acuerdo cerrado con Unidas Podemos es clara, ya que se incluyen incentivos fiscales para los propietarios, se limita la intervención del Estado en las zonas que se declaren tensionadas —afectará la obligación de rebaja de precios solo a los grandes tenedores (más de 10 inmuebles) que sean a la vez persona jurídica— y se completa con un bono de 250 euros mensuales, y por dos años, para el alquiler, para ayudar la emancipación de los jóvenes de entre 18 y 35 años. El mensaje que busca ahora trasladar el PSOE, y que este miércoles verbalizó el presidente desde Eslovenia, es que la norma, cuando nazca, será "respetuosa" con la propiedad privada y "equilibrada", así que demanda dar una "oportunidad" al texto y que este sirva para construir un gran acuerdo de Estado para dar salidas a un problema cada vez más acuciante.

La ley de vivienda saldrá en unas semanas del Consejo de Ministros y sería aprobada por las Cortes Generales, eso espera el Gobierno, en el plazo máximo de un año. Pero ya está recibiendo durísimas críticas por parte del PP, por "intervencionista". Pablo Casado adelantó este miércoles en Telecinco que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, como promete hacer la Comunidad de Madrid. Las autonomías lideradas por el PSOE sí celebran el texto pero algunas ya avisan de que en sus territorios no existen áreas tensionadas, caso de Extremadura. El Govern de Catalunya también ha anticipado que llevará la ley ante el TC si observa que invade las competencias autonómicas.

"No se puede decir que no a un proyecto de ley que "respetuosas" con la propiedad privada y a la vez "comprometidas" con el acceso de los jóvenes a la vivienda, ya que su edad de emancipación es muy superior a la media europea, que es de 26 años. Además, el futuro proyecto de ley también aborda uno de los principales "déficits", como es la falta de vivienda social, al destinar el 30% de todas las promociones a inmuebles protegidos, y la mitad de ese 30% habrá de destinarse al alquiler.

Sánchez pidió al PP que "se lea el texto" antes de ir al Constitucional y dé una "oportunidad a la tramitación parlamentaria". "Este es un tema que afecta al conjunto de la ciudadanía por encima de las ideologías" y de lo que se vote, ya que el acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes, es un "auténtico problema" al que los poderes públicos han de dar una respuesta. A continuación, se mostró "profundamente orgulloso" de que su Ejecutivo haya sido "capaz, en plena pandemia" de poner en pie una ley. Claro que ha hecho falta casi un año para que socialistas y morados alcanzaran un acuerdo. Cree el presidente que el "hito" de que se haya podido consensuar la primera ley estatal de vivienda en 40 años de democracia merecería el "respeto" de todas las fuerzas políticas.

Que "reflexione"

Es más, debería ser, a su juicio, una norma que abriera "un nuevo tiempo en la política española", que se convierta esta ley en "un acuerdo de Estado, un gran acuerdo nacional". Son los jóvenes, son los ciudadanos los que hoy sufren la vivienda como un problema, como un bien inaccesible", por lo que deben ser el Gobierno, comunidades, ayuntamientos y partidos los que entiende que deben unirse para ofrecer esa "respuesta conjunta y común". Su deseo es que la oposición "reflexione", porque hay "muchos votantes de centro derecha y de derecha que tienen problemas con la vivienda".

Fuera de la ley de vivienda está una medida que sí recogerán los Presupuestos y que Unidas Podemos no conocía previamente: el bono joven de 250 euros mensuales para los jóvenes de 18 a 35 años, una subvención finalista para ayudarles a que se independicen de sus padres. Los morados recelan porque creen que puede contribuir al alza de los precios, como a su juicio ocurrió en 2007, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, a las puertas de las siguientes generales, implementó un cheque similar. Sánchez defendió desde Eslovenia que estas ayudas directas "incentivarán" la emancipación. Garantizó que será una medida estatal: se podrán beneficiar todos los jóvenes, con "independencia" de lo que hagan las comunidades autónomas, que u solicitar al Ejecutivo la declaración de un área tensionada.