La delegación de la Federación Socialista Asturiana (FSA) dio ayer por conseguido uno de sus propósitos ante la puesta a punto del discurso nacional del PSOE que estos días se haciendo en el congreso federal de Valencia: incluir un pronunciamiento expreso para que, ante la cercana negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica, se tenga en cuenta “el coste real de los servicios” cuando se fijen los criterios de reparto del dinero.
La ponencia final del congreso, marco que habrá de guiar las posiciones del partido, y por ello del Gobierno de Pedro Sánchez en los próximos años, incorpora una enmienda asturiana que fuentes de la FSA expresaron así: “El resultado (de la reforma) debe ser un sistema que aporte los recursos suficientes para garantizar a la ciudadanía, con independencia del lugar de residencia, un nivel equivalente de servicios públicos. Un sistema de financiación centrado en la ciudadanía y que te tenga en cuenta el coste real de la prestación de los servicios”.
La consideración del “coste real de los servicios” es el criterio medular que llevan meses defendiendo el Gobierno asturiano y sus aliados en asuntos de financiación (los gobiernos del PP en Galicia Castilla y León, entre otros). La referida expresión encierra la exigencia de que, al repartir los recursos del sistema, se valoren, además del tamaño de la población, factores como el envejecimiento o la dispersión demográfica, que, según la argumentación de ese conjunto de regiones, encarecen el coste de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación...) más que en otros territorios.
Frente a quienes abanderan “el coste real de los servicios” están comunidades que, considerándose infrafinanciadas, piden que en las fórmulas de reparto pese más que ahora el tamaño de la población. Es el caso de la Comunidad Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig, el miembro más activo de un grupo de presidentes autonómicos –entre ellos, el andaluz Juanma Moreno (PP)– que se ha estado organizando para hacer piña en la próxima negociación. Puig está actuado también estos días como presidente del congreso federal de Valencia.
Aun recogiendo que se valore “el coste real de los servicios”, el tono de la enmienda de los socialistas asturianos es deliberadamente neutro. Ha sido pulida para sortear los enfrentamientos con otras delegaciones socialistas y conseguir que fuera aprobada e incorporada a la ponencia. Una muestra de ello: la enmienda habla de que “se tenga en cuenta” el coste de los servicios, pero elude tomar posición sobre si esa cuestión debe o no tener alguna primacía respecto a otros criterios, incluido el tamaño de la población.
“La financiación es un tema fundamental, porque se trata de contar o no con los recursos suficientes para prestar los servicios y desarrollar las competencias que tienen las comunidades autónomas”, dijo desde Valencia la portavoz socialista en la Junta General del Principado, Dolores Carcedo.
La representación de la FSA también ha defendido en el cónclave socialista que se apueste por Hunosa como empresa pública energética y que se tome como referencia a nivel estatal el plan de gestión del lobo de Asturias. Desde la FSA se ha insistido en que cualquier planificación estatal sobre la especie debe tener en cuenta las singularidades territoriales.
La delegación asturiana en Valencia
La representación asturiana en el 40.º congreso federal del PSOE se hizo ayer la foto de familia que se reproduce sobre estas líneas. En ella aparecen los 44 delegados –así como asesores y otros asistentes– que la FSA aporta a un cónclave al que asisten 1.083 personas en representación de la militancia de todo el país. Durante la jornada de ayer, parte de la delegación asturiana participó en los debates previos de las enmiendas que luego fueron votadas en el plenario. Los miembros de todas las delegaciones están llamados a votar hoy, entre las 9 y las11 horas, la composición (en listas cerradas) de la comisión ejecutiva federal y de otros órganos de la dirección.
