Gobierno y PP ultiman la negociación para renovar las vacantes en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el nuevo Defensor del Pueblo. Las dos partes mantienen abierta la posibilidad de un acuerdo pronto, que podría concretarse en lo que queda de semana con los nombres encima de la mesa. El optimismo con la que ambas partes asistían a los contactos este martes, después de que pasara el 40º Congreso Federal del PSOE, alimentó la posibilidad de que el pacto se cerrara el mismo miércoles, cuando se cumplía una semana del inicio de la negociación. Pero el décimo aniversario del fin de ETA y las novedades sobre Bildu y el Gobierno en el marco de los Presupuestos Generales enrarecieron de alguna manera el ambiente y la posibilidad de acuerdo inmediato. 

Aún así, las conversaciones siguen en estado muy avanzado. "Está casi hecho", aseguran en Génova, hasta el punto de que en el PP descartan que las palabras de Arnaldo Otegi sobre la futura excarcelación de 200 presos de ETA puedan tener “efectos” o “consecuencias” en la renovación institucional (que sigue dejando fuera al Consejo General del Poder Judicial). 

Horas después de que la izquierda abertzale escenificara una declaración solemne en Aiete (San Sebastián) mostrando “el dolor de las víctimas que nunca debió producirse”, el diario vasco ‘El Correo’ reveló una intervención del líder de Bildu con un grupo de militantes en Eibar en la que aseguraba que el acercamiento al Gobierno de Pedro Sánchez tiene como objetivo la excarcelación de los terroristas que siguen en prisión. “Tenemos 200 presos. Y tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos sin ningún problema. Así de alto y claro os lo decimos”. Otegi aseguraba que para aliviar la situación de los etarras con condenas más largas, “la única opción es cambiar la ley”. Y para impulsar ese cambio, insistía ante los suyos, “tenemos que obligar a un Gobierno como este a hacerlo”. 

La irrupción de Otegi en escena recuerda a otros momentos en los que la negociación entre el Ejecutivo y el PP saltó por los aires. De hecho, en noviembre del año pasado los populares insistían en la imposibilidad de pactar las instituciones con un Gobierno “podemizado y radicalizado” que buscaba el apoyo de los abertzales para aprobar los Presupuestos y sacar adelante la nueva ley educativa, bautizada como ley Celaá, como finalmente ocurrió. La cercanía de Sánchez a este grupo parlamentario, sumado al de los independentistas catalanes de ERC, fue un argumento constante dentro de Génova para evitar la renovación institucional.

El escenario ahora es distinto. Ni en Moncloa ni en el PP tienen intención de hacer fracasar la negociación a estas alturas, que empezó con buen pie la semana pasada y se ha acelerado con los días. Ambas partes reconocen que las conversaciones estaban “muy maduras” desde el principio por el trabajo hecho ya en el mes de febrero, cuando el acuerdo estuvo cerca. Ahora, desde el PP insisten en que sigue pendiente “el baile de nombres”, aunque se muestran muy optimistas con el acuerdo. 

La exigencia de Pablo Casado sigue siendo que las vacantes se ocupen por personas “de reconocido prestigio”, “con trayectoria” y sin vinculación a la política (menos aún que hayan desempeñado cargos de alto nivel) en lo que atañe a instituciones como el Tribunal Constitucional. Cosa distinta es el Defensor del Pueblo, para el que asumen que habrá un cargo político y que depende del PSOE. El Consejo General del Poder Judicial sigue siendo la asignatura pendiente, aunque tanto el Gobierno como el PP han estado de acuerdo en sacarlo del primer paquete de la negociación, conscientes de que es el gran escollo. Los populares piden una reforma legal en el sistema de elección (para que los jueces elijan a los jueces directamente) que los socialistas, por ahora, siguen sin ver.

La mejor prueba de que algo ha cambiado en la interlocución es, precisamente, lo ocurrido en los días previos al décimo aniversario del fin del terrorismo y el protagonismo adquirido por Otegi. “Y que la relación entre Félix y Teo es buena”, añaden en las dos partes implicadas, dando importancia a la cordialidad conseguida entre el ministro de la Presidencia y el secretario general del PP.

El clima sí cambió en la jornada del miércoles, evitando que en las dos formaciones quisieran hablar de avances en público. Sí lo hicieron en privado. El duelo parlamentario de la sesión de control estuvo también copado por Bildu. Casado no perdió la oportunidad de preguntar al presidente desde su escaño si “pondrá en libertad a 200 presos para aprobar los Presupuestos”, a lo que Pedro Sánchez contestó con “un rotundo no”, pidiendo al PP que dejara su visión “amarga” del fin de ETA, “y asumiera la victoria como propia” también. 

El enfrentamiento en el Congreso se hizo visible, como no podía ser de otra manera. Y, a pesar de los reproches al Gobierno por considerar a Bildu un socio más (en el PP advierten de que eso no cambiará en absoluto y cada día lo denunciarán, como hará también hoy el propio Casado desde Bruselas), en el partido conservador sí descartaron casi de forma inmediata que ese debate fuera a trasladarse a la negociación. “No hay causa-efecto”, zanjaban separando ambas cuestiones. 

La pretensión es que el acuerdo “no se dilate mucho” a pesar de que el margen de maniobra ahora es mayor. La idea inicial era que los nombramientos se hicieran efectivos en un pleno la próxima semana. La tramitación de los Presupuestos (que es prioritaria) y la necesidad de que los cargos institucionales desfilen por la comisión pertinente imposibilitan que la votación se haga efectiva antes de la segunda semana de noviembre.