Casi tres lustros después de que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps embarcara a la Comunitat Valenciana en la celebración de la Fórmula 1 y de que prometiera que este gran evento no costaría un solo euro al bolsillo ciudadano, el Consell y el Ayuntamiento de València se han enzarzado a cuenta del coste de las obras del circuito que todavía sigue lastrando las cuentas autonómicas.
El enfrentamiento es uno más de una lista de muchos que habitualmente se vive internamente entre los socios de gobierno, pero que en ocasiones salta de Administración a Administración. Ayer los protagonistas fueron el vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca, de Unidas Podem; y la vicealcaldesa y responsable de Urbanismo, la socialista Sandra Gómez.
El detonante fue un comunicado de Illueca en el que informaba del inicio de los trámites para tratar de anular el convenio que hace 14 años unió a la Generalitat y al Ayuntamiento de València en la aventura de financiar las obras del circuito.
En concreto, Illueca ha trasladado al Consell Jurídi Consultiu (CJC) una consulta para explorar la viabilidad del expediente en el que se tramitó la ejecución de obras, al entender, entre otros puntos, que la firma no siguió los protocolos establecidos, por lo que el convenio puede ser nulo.
El vicepresidente del Consell quiere, además, que el consistorio devuelva a las arcas autonómicas los 38 millones que aportó a las obras, una exigencia que hizo saltar casi de inmediato a la responsable municipal del PSPV.
Gómez reprochó al vicepresidente y conseller de Vivienda que entre en este asunto como "elefante en cacharrería" y le advirtió de que con su gestión puede "echar por tierra" el trabajo de otras personas.
La manzana de la discordia es el convenio de colaboración suscrito el 28 de septiembre de 2007 entre el Ayuntamiento de València y la Generalitat, a través del ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos de la Generalitat Valenciana (GTP), en virtud del cual se anticipó por este ente gestor el pago de las obras e infraestructuras por un total inicialmente previsto de 38.5 millones de euros.
Desde entonces, la Generalitat paga 7,5 millones de euros anuales, un dinero que Illueca quiere recuperar para "destinar para las personas más vulnerables", según el comunicado emitido.
En su consulta al Jurídic, la Vicepresidencia Segunda recuerda que la Generalitat no ha sido "compensada" de las cantidades de dinero que anticipó, por lo que quiere saber el modo en que debe exigir al Ayuntamiento de València el reembolso de lo anticipado con independencia de si el convenio se anula o no.
Paradójicamente es el propio promotor de la Fórmula 1, Francisco Camps, el que desempolvado este asunto que lleva años sin solución. De hecho, en el comunicado de Vivienda, Illueca hace mención al requerimiento que el pasado mes de mayo presentó por registro de entrada en el Ayuntamiento de València en el que instaba al consistorio a recuperar los 43 millones de euros invertidos en las obras del circuito de Fórmula 1, y hacerlo a través de un canon aplicado a los propietarios del sector del Grau. Además, Camps presentó otro escrito a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) para que la entidad pública exigiera el pago al Ayuntamiento de València.
La Vicepresidencia Segunda mantuvo que se ha detectado una "serie de irregularidades" que podrían suponer la declaración de nulidad del convenio, dado que el procedimiento llevado a cabo para su firma «no siguió los protocolos establecidos», entre otros motivos, porque las personas que firmaron el convenio por parte de la Generalitat «no tenían competencias para hacerlo».
En concreto, detallan que el convenio fue impulsado y firmado por el presidente de la entidad pública, pero no por el consejo administrativo del mismo organismo que era quien tenía competencias en la cuestión. Vivienda también habla de vulneración de la ley urbanística.
El "empastre" del PP
El comunicado de Vivienda generó una airada respuesta por parte de la vicealcaldesa Sandra Gómez para quien la petición de Illueca de anular el convenio "no tiene ningún sentido". Gómez pidió al conseller que escuche primero a las personas que llevan años trabajando "para resolver los problemas heredados del PP antes de entrar en los temas como un elefante en una cacharrería".
"Entiendo que tenga ganas de intentar marcar su propio impronta", apuntó y le echó en cara que intente "tirar la pelota de uno a otro tejado" cuando se trata de administraciones públicas y no empresas.
"El tema del antiguo convenio sobre el PAI del Grao se está hablando y negociando por parte del ayuntamiento con los propietarios para negociar las cargas urbanísticas", mantuvo Gómez e insistió en que jurídicamente no es viable la nulidad.
La socialista pidió al responsable de Vivienda que se "siente" con el ayuntamiento para que le expliquen los pasos que han dado en este tiempo "para resolver este gran empastre que nos dejó el PP". "Calma, prudencia y mucho, mucho diálogo con los que llevamos muchos años en la gestión", reiteró.
Illueca replicó a Gómez que la consulta era de conocimiento público ya que Dalmau la anunció en agosto y defendió el trámite ante el Jurídic: "Un gobierno responsable no puede dejar en un cajón un expediente relativo a un convenio con presuntas irregularidades", añadió.
