El último episodio de muerte de peces en el Mar Menor ha traído consigo una creciente tensión política entre el Gobierno central y el regional. La ministra Teresa Ribera ha presentado esta semana un programa de actuaciones, con dinero presupuestado y con fechas más o menos concretas, que espera que marque el camino a una colaboración conjunta entre ambas administraciones. La vicepresidenta tercera quiere zanjar polémicas sin hacer reproches y en esta entrevista con La Opinión de Murcia habla de la responsabilidad de la agricultura, el antiguo plan Vertido Cero, las competencias o las medidas tomadas por el Gobierno regional.

¿Qué hace falta para salvar el Mar Menor? 

Es imprescindible eliminar las fuentes del incremento del problema, si no, es muy difícil corregirlo. Tenemos que eliminar el origen del problema, reducir lo que ya tenemos y restaurar. En realidad la inmensa mayoría de las medidas del Plan Vertido Cero se han aplicado, las hemos incorporado nosotros también. Solo hay una que se ha convertido en el monotema de discusión, que parte de una premisa que es incorrecta y que es extraordinariamente costosa, y es pensar que uno puede crear la ficción de recuperar todo el agua, filtrarla, separar los nitratos, volver a pasar a pasar por nitratos... Eso no funciona, no tiene sentido. Puede haber desnitrificadoras pequeñas y puntuales donde se necesite, pero un movimiento circular del agua y la desnitrificación tienen un coste inmenso con una eficacia muy reducida y es contraria al elemento principal, que es reducir la carga de nitratos. Afortunadamente hay alternativas a esos fertilizantes químicos. En esta región lo que hemos vivido durante muchas décadas ha sido una progresiva sustitución de terrenos baldíos o cultivos de secano hacia regadío, y de unos cultivos que tenían una o dos cosechas a una hiperproductividad que exige una carga de fertilizantes enormemente importante. Hay que recuperar las dimensiones que son compatibles con los límites del ecosistema.

Con la nueva hoja de ruta, ¿las competencias quedan claras?

Creo que las competencias siempre han quedado claras. Hemos hecho un análisis para ver hasta dónde podemos llegar en el ejercicio de nuestras competencias, incluso yo diría que a veces generosa. No sé si corresponde al Estado recuperar la nacra o no o mantener una capacidad de observación sobre el ecosistema pero creemos que merece la pena intentarlo y financiarlo. O si merece la pena impulsar medidas de cultivos alternativos que nos permitan hacer un cinturón verde o si eso es una competencia de la Comunidad Autónoma. En este planteamiento en el que todas las medidas son asumidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y otras por el de Agricultura hay cosas que se pueden reforzar. Si el Estado aporta 382 millones de euros, a lo mejor podemos sumar un planteamiento parecido en términos de cronograma y presupuestos por parte de la Administración regional. Tengo la convicción de que el Gobierno de Murcia es consciente de que los ciudadanos quieren que trabajemos juntos porque consideran que tenemos un problema muy serio con el Mar Menor y que lo quieren recuperar. Yo aquí voy a estar cada tres meses. 

¿Se van a cumplir los plazos?

Los plazos están previstos en el plan pero a mí no me gusta trabajar así. No he venido aquí a reprochar ni voy a entrar en el juego de dejarme recriminar, reprochar y contestar en términos equivalentes. Creo que esto es lo que lleva a la parálisis de la búsqueda de soluciones. No es mi estilo y no es nada productivo. Hay que desplegar al máximo la capacidad propositiva y de actuación.  

¿Cree que este puede ser el paso para un trabajo conjunto? 

Soy optimista incombustible, si no me dedicaría a otra cosa. En un recorrido de compromiso y proposición permanente, uno se siente atraído a seguir contribuyendo. Esto nos ayudará a seguir construyendo y fortalecer un lazo que ya nos comprometimos a llevar a la práctica, y es tener esa capacidad de interlocución y de comisión de seguimiento permanente en la que él (Fernando López Miras) y yo nos viéramos para ver cómo iban yendo las cosas. ¿Qué han pasado? ¿Dos meses? Aquí estoy. 

La Comunidad ha criticado que si esto hubiera pasado en Cataluña o País Vasco el problema se hubiera resuelto antes.

Para poder trabajar junto al Gobierno regional, hacen falta tres elementos que, a pesar de haberlo intentado desde junio de 2018, no los hemos conseguido, y el primero es tener un diagnóstico compartido del problema, ya que hasta ahora han negado la existencia del problema señalando que el Mar Menor estaba bien, que era culpa de la DANA, la agricultura no tenía nada que ver ni las sustancias químicas tampoco. El segundo es una voluntad de trabajar juntos y tampoco, ya que parecía que jugaban al escondite. Creo que esto ha cambiado porque ahora sienten la demanda de los ciudadanos de poder compartir esfuerzos para trabajar juntos. La tercera es unos objetivos que también estuvieran respaldados por las dos administraciones en la medida de que ni siquiera había identificación del problema, no había un objetivo de recuperación del ecosistema pero sí otro de desnitrificar para volver a nitrificar. Esta situación no nos ha ocurrido con otras comunidades autónomas con las que hemos podido trabajar juntos. No me parece correcta la petición de reclamar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en temas ambientales. Me han llegado a decir que si fuera Cataluña ya lo habríamos hecho, y eso es profundamente injusto, somos respetuosos desde el punto de vista institucional y competencial. 

La protesta social desde el último episodio de mortandad en la laguna ha señalado y mucho al sector agrícola. ¿Le parece justo?

Hay datos objetivos de dónde está el origen del problema, y al mismo tiempo creo que es importante construir y no quedarse en la rabia o preocupación porque se podría ser injustos, ni quedarse en una posición defensiva de ‘como estoy enfadado no hago nada’. Creo que hay que lograr un consenso social. Es importante que la sociedad local se reconcilie. 

¿Qué opina de la propuesta de sus socios de gobierno, Unidas Podemos, de crear un parque regional?

Ya hay figuras de protección específicas, ya que es un parque natural. Nuestros socios pensaban que de ahí podían salir limitaciones adicionales pero creo que para poder ofrecer una figura de protección adicional tiene que haber un estado de conservación que nos permita justificar por qué queremos introducir una figura más, y estamos lejos de encontrarnos en esa situación. Lo que necesitamos es recuperar para en su caso incrementar la protección. Otro asunto que sí quiero proponer al presidente López Miras es que necesitamos que se nos vea como actores en la recuperación. Por ejemplo, si yo tengo opciones para comprar una finca, a lo mejor tiene más sentido que en vez de dedicar esos recursos a recuperar una finca en perfecto estado de conservación que ha estado en manos del Ministerio de Defensa mucho tiempo se puedan destinar a comprar una finca que me puede ayudar a ampliar el espacio de regeneración del ecosistema. 

Habla de la expropiación del humedal del Carmolí. En la última reunión entre el Consejero Luengo y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, este definió la iniciativa regional como un proyecto menor. 

Hay que ver exactamente qué quieren hacer, hay una buena parte de ese espacio que cae en dominio público marítimo terrestre y tiene protección, el resto del terreno está bien si su finalidad es mantener el buen estado de conservación que tiene. No estaría tan bien si fuera destinado a otra cosa. En paralelo puede haber otras fincas disponibles con un grado de degradación que nos puedan facilitar la construcción de ese gran colchón verde. 

¿Los regantes se tienen que hacer sí o sí la idea de que el futuro es la desalación?

Vamos hacia escenarios extremos, y Murcia lo sabe porque lo está viviendo: periodos de sequía muy prolongados y lluvias torrenciales. Ya no tenemos una disponibilidad de agua como era habitual. Lo más inteligente es aprovechar la cantidad de recursos que disponemos para asegurar la estabilidad del sistema intracuenca en la mayor medida posible. Esto no significa que vayamos a eliminar una infraestructura que podemos seguir necesitando durante mucho tiempo, probablemente en dimensiones distintas a cómo se concibió en su origen o cómo se ha utilizado hasta ahora. Hay que pensar el modo de tener precios razonables y asumibles que tengan en consideración los elementos de los que disponemos. Hay algunas reclamaciones de los regantes que son legitimas y justas. Sí me parece que debemos evitar generar expectativas que no se corresponden con la realidad. Vamos a tener problemas de disponibilidad de agua si solo confiamos en el agua de cauce arriba. Tenemos que dar por hecho que el volumen de agua disponible no sea el mismo y necesitamos generar alternativas de proximidad. 

Pero las infraestructuras para esas alternativas no están...

Los regantes nos trasladan la preocupación por la gestión de los tiempos. Nos dicen que no nos gustaría encontrarnos en una circunstancia en la que toda esa conexión intracuenca y las aportaciones de los distintos tipos de agua no estén operativos al mismo ritmo al que se puedan producir reducciones. Pero se olvida que nos han condenado por no cumplir la normativa europea del agua y no fijar caudales ecológicos en el Tajo, y yo no puedo eludirlo. Es verdad que probablemente haya menos agua disponible para ser trasvasada y debemos asegurar que la gestión de los tiempos no nos deje ningún agujero en blanco. El diálogo con los regantes está funcionando bien.