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La lacra de la corrupción

Los disgustos que la justicia todavía puede darle al PP

Un nuevo juicio a la 'trama Gürtel' y el posible procesamiento de Aguirre, en el horizonte próximo del partido de Casado

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, a su llegada al palacio de Liria en Madrid.

Quien pensara que con las sentencias que han declarado acreditada la caja b del PP se acababan los procedimientos judiciales por corrupción que afectaban al partido que preside Pablo Casado pronto saldrá de su error. El 16 de noviembre comienza el juicio de otra pieza destacada de la 'trama Gürtel', la de la contratación del entramado de Francisco Correa en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Aunque sea de uno de los municipios de mayor renta per cápita de España, las cifras que escuchará el tribunal no alcanzarán las de la primera época de la 'Gürtel', pero en él se da una circunstancia que puede resultar aún más perjudicial para el PP: casi la mitad de los acusados han pactado con la Fiscalía Anticorrupción y reconocen los hechos de los que se les acusa a cambio de una rebaja de la pena.

El 16 de noviembre comienza el juicio de otra pieza destacada de la 'trama Gürtel', la de la contratación del entramado de Francisco Correa en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Aunque sea de uno de los municipios de mayor renta per cápita de España, las cifras que escuchará el tribunal no alcanzarán las de la primera época de la 'Gürtel', pero en él se da una circunstancia que puede resultar aún más perjudicial para el PP: casi la mitad de los acusados han pactado con la Fiscalía Anticorrupción y reconocen los hechos de los que se les acusa a cambio de una rebaja de la pena.

La existencia de arrepentidos en la 'Gürtel' no es nueva y se ha ido incrementando a medida que el número de condenas iba creciendo. En el juicio de la primera época, a los empresarios, con los que Anticorrupción inició los interrogatorios, se sumó Correa, que sorprendió a todos al admitir que cobraba comisiones de quienes querían ser adjudicatarios de los ministerios de Medio Ambiente y Fomento, para lo que intercedía ante el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, ya fallecido, y su sucesor, Luis Bárcenas.

Tras 12 años

Más le costó a la mano derecha de Correa, Pablo Crespo. Nada menos que 12 años desde que comenzaron las pesquisas. Hasta el pasado abril no admitió los delitos que le atribuye Anticorrupción en Boadilla del Monte por el cobro de comisiones, que en un parque ascendieron al 3% o 4% del valor de la adjudicación, según confiesa él mismo en uno de sus escritos.

Cuando la proximidad del juicio se volvió inminente, le llegó el turno al exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, alias 'el Albondiguilla", que se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 40 años y siete meses de cárcel, que confía sea reducida. En el texto en el que anuncia su voluntad de colaborar, admite que durante su etapa de alcalde consintió "el trato de favor al Grupo Correa" a cambio de comisiones que, según Anticorrupción, ascenderían a 1,8 millones de euros.

En este juicio, el PP volverá a sentarse en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo por, presuntamente, haberse beneficiado en una cuantía de 204.198 euros entre 2001 y 2009 con las irregularidades ahora admitidas por González Panero. Cuando el juicio de Boadilla termine, aún quedarán por juzgarse otras dos piezas de la 'Gürtel': la de los contratos firmados con el ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey y la referida a los delitos fiscales.

¿Y la financiación qué?

Las vistas de la 'Gürtel' también han servido para acreditar la financiación ilegal del partido. La del PP valenciano ya ha sido declarada probada por la Audiencia Nacional, mientras que la del PP madrileño aún sigue en instrucción.

No obstante, Anticorrupción ha anunciado que no considera necesario prorrogarla más allá del 29 de enero de 2022, teniendo en cuenta que el juez abrió otra pieza con la documentación entregada por otro arrepentido, el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, en relación con la utilización del mercado Puerta de Toledo para el cobro de comisiones. Para entonces, el ministerio público tendrá que aclarar contra quién dirige su acusación y, en concreto, si la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre acompaña en el banquillo a sus subordinados Francisco Granados e Ignacio González, que fue quien la sustituyó al frente de la presidencia madrileña.

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