La falta de un criterio político y técnico común, y las distintas interpretaciones de la justicia vuelven a sembrar el caos en las comunidades autónomas respecto a las medidas para hacer frente a la pandemia, esta vez a propósito del uso del pasaporte covid. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco tumbó este lunes la posibilidad de que se exija el pasaporte para el ocio nocturno, alegando que supondría una limitación de los derechos fundamentales. Mientras, en otras tres comunidades, Galicia, Cataluña e Islas Baleares, ya se exige este documento en determinadas circunstancias. En medio del desconcierto, el ministerio de Sanidad señala que la decisión corresponde al Tribunal Supremo, mientras que el PP reclama al Gobierno que no mire hacia otro lado y fije una posición conjunta.

La situación recuerda a la producida hace un año, cuando las medidas que querían aplicar las comunidades quedaban al criterio de los diferentes Tribunales de Justicia de las Comunidades, que terminaron imponiendo criterios diferentes y se une a las decisiones del Tribunal Constitucional anulando los instrumentos jurídicos utilizados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Entonces y ahora se explicó que la falta de un marco jurídico global provoca esta situación de caos.

Con Europa sumida en una sexta ola que ya ha obligado a países como Austria o Alemania a imponer confinamientos en la población, los datos de incidencia del coronavirus en España también han ido empeorando en las últimas semanas hasta el punto de que son ya varias las regiones que llevan días pidiendo al Ministerio de Sanidad una postura única para implantar ese certificado de vacunación para acceder a determinados espacios o eventos multitudinarios.

Según explica a El Periódico de España el presidente del sindicato médico de Sevilla, Rafael Ojeda, realmente hay expertos que tienen dudas sobre la eficacia del documento. "Por pequeño que sea el efecto que pueda tener siempre será beneficioso, si se evita el contacto de personas no vacunadas con las que sí lo estén", señala.

El virólogo Estanislao Nistal explica “que estar vacunados no previene que nos infectemos o que contagiemos, aunque sea por un periodo más corto de tiempo”. “El impacto en la cadena de transmisión es menor cuanto mayor sea el número de personas vacunadas”, añade, pero cree que sería importante que los responsables políticos sean sinceros cuando apuntan a la necesidad del pasaporte covid. “Entiendo que es una herramienta para concienciar”, para animar a quienes aún no están vacunados a hacerlo, pero en su opinión, "no se puede utilizar como argumento que servirá para que no haya contagios porque solo la vacuna no lo garantiza".  

La mascarilla sigue siendo una de las mejores herramientas para evitar los contagios, insiste, y ese debe ser el objetivo. Algo similar apunta Juan José Badiola, director del centro de enfermedades transmisibles emergentes de la Universidad de Zaragoza. "Lo importante es ser conscientes de que el virus sigue ahí y que aprovecha cualquier oportunidad para quedarse y extenderse. La mascarilla es incómoda, igual que la distancia social, pero son efectivas para evitar el contagio, como lo es evitar las aglomeraciones o los espacios cerrados y eso se nos está olvidando. Muchos de los contagios que estamos teniendo tienen que ver con descuidos individuales".

En este sentido, coincide con Nistal en que el propósito de certificar la vacunación en los espacios cerrados, como pretende el pasaporte covid, puede ayudar, pero la vacuna, insiste, no ofrece una protección absoluta. "En cualquier caso, es importante recordar que una alto porcentaje de los que aún siguen sin vacunar son los menores y no todos acuden a los lugares donde se prevé pedir el pasaporte", apuntala.

Cataluña quiere ampliar su uso

Este lunes, las comunidades han notificado a Sanidad 15.875 nuevos contagios de covid-19, de los que casi 2.000 se diagnosticaron el fin de semana. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 132,19, frente a 111,95 el viernes. Con esos datos de subida incesante y las puertas de la Navidad, algunas comunidades ya se plantean ampliar el uso del pasaporte covid.

En Galicia, Baleares y Cataluña ya se exige para el ocio nocturno, pero esta última autonomía quiero ahora ampliarlo a espacios cerrados donde se celebran eventos, como teatros y cines. En Galicia, por el contrario, el TSJ de Galicia les ha autorizado a exigirlo en albergues y a acompañantes de hospitales y están ahora trabajando en la posibilidad de pedirlo también para la hostelería. Cualquiera de estas ampliaciones, explican fuentes del ejecutivo regional, pasará primero por el filtro de los jueces.

Ayuso, contra el pasaporte

La situación es muy distinta en otras comunidades. A las puertas de una sexta ola de contagios, los dirigentes de las distintos gobiernos autonómicos se han pronunciado en estos últimos días sobre su interés, rechazo o dudas sobre la aplicación del pasaporte covid. Muchas de ellas querrían aplicarlo pero se encuentran, otra vez, con que sus medidas pueden ser tumbadas por los tribunales. Otras, con la Comunidad de Madrid a la cabeza, niegan que sea necesario exigirlo en estos momentos debido a la incidencia y, sobre todo, al alto porcentaje de vacunación, razón por la que exigen que sea el Ministerio de Sanidad quien coordine una estrategia nacional y que sea debatida y aprobada en el consejo interterritorial.

Isabel Díaz Ayuso dijo ayer mismo en una entrevista en RTVE que la Comunidad no tiene sobre la mesa en estos momentos el debate sobre el pasaporte covid. Su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, apuntaba hace solo unos días que este asunto había que plantearlo de otra manera, con una actuación "homogénea de las comunidades". En MurciaFernando López Miras, siguió la misma línea, criticando la falta de iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez por no establecer un criterio único: "Que haga simplemente lo que están haciendo en el resto del mundo y lo que han hecho sus colegas en Francia, Italia o Alemania, por poner solo un ejemplo".

En otras regiones como Extremadura Asturias también se han pronunciado en contra del uso del documento vacunal para acceder a determinados lugares de ocio o eventos públicos argumentando, en líneas generales, lo mismo que Madrid. Que no lo consideran necesario.

Y hay comunidades que ni tan siquiera se han pronunciado al respecto. Es el caso de Ceuta. Según explica a El Periódico de España el presidente del Colegio de Médicos de la ciudad autónoma, Enrique Roviralta, "aquí no se habla de ello. Es decir que no se pide y no se oye que se vaya a implantar".

Pendientes de la Justicia

Pero sobre todo, muchas regiones se rebelan ante la impotencia que les genera la falta de seguridad jurídica. A comunidades como Andalucía, Valencia, Aragón, La Rioja, Navarra o Melilla no les incomoda la idea de que el pasaporte pueda ser obligatorio en determinados lugares, pero todas ellas están pendientes de que los TSJ de sus respectivos territorios se pronuncien.

En Andalucía, por ejemplo, explican que ya en agosto el TSJA les tumbó la propuesta de exigir el documento vacunal en las discotecas o lugares de ocio nocturno, así que ahora, que lo quieren principalmente para hospitales y residencias (y en el futuro a eventos multitudinarios), no lo implantarán hasta que el tribunal se pronuncie sobre la consulta que van a elevar próximamente.

El problema radica en la proporcionalidad de las medidas solicitadas a los tribunales, explica el magistrado Ignacio Vera. Si los gobiernos autonómicos no justifican suficientemente la limitación de derechos fundamentales será difícil que los tribunales accedan, añade.

"En el consejo territorial se pueden acordar medidas y criterios comunes para las comunidades autónomas, pero solo serán vinculantes para éstas, no para los TSJ", explica el magistrado, que insiste en que solo una ley orgánica podría ayudar a que los tribunales autonómicos tengan un mismo criterio: "La presión asistencial del sistema sanitario y la incidencia pueden ser criterios comunes, pero los límites para que un tribunal pueda agarrarse a él deben estar necesariamente recogidos en una ley".

En su opinión, no es descabellado que se pida el pasaporte para visitar a personas vulnerables o entrar en hospitales, como tampoco que se exija en locales de ocio donde el contacto físico puede ser mayor y facilitar el contagio, pero "lo fundamental es que las medidas solicitadas estén bien justificadas para que los tribunales puedan aceptar la proporcionalidad de las medidas".

Fechas clave

En definitiva, hay una docena de comunidades dispuestas a exigir el pasaporte en determinadas circunstancias ante el miedo de que la incidencia pueda seguir subiendo en los próximos días y conscientes de que la evolución de la curva de contagios de las próximas semanas (con el puente de diciembre de por medio) puede condicionar las restricciones de estas próximas navidades. Pero todas ellas exigen un paraguas legal que les permita hacerlo.

Que las fechas son clave lo demuestran, entre otros, las declaraciones que se hicieron ayer desde los gobiernos de Aragón ValenciaXimo Puig informó de que su Gobierno está también trabajando en una propuesta para implantar el pasaporte en la comunidad levantina y confió en que la respuesta llegue antes del puente de la Constitución para poder exigirlo en esas fechas en las que la afluencia de gente se incrementa.

En Aragón, por su parte, la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Ripollés, informó de que el gobierno autonómico estudia las fórmulas para implantar el pasaporte antes de las celebraciones navideñas tras la resolución del TSJA. El gobierno aragonés había pedido instaurar este certificado en ocio nocturno, celebraciones y eventos de más de quinientas personas en interiores, pero el tribunal autonómico ha pedido al Gobierno y a la Fiscalía que presenten sus alegaciones ante una posible cuestión de inconstitucionalidad, para lo que tienen un plazo de 10 días.

“Lo que ha dicho (el TSJA) es que no se ha pronunciado al respecto porque ha considerado que es anticonstitucional la ley estatal que decide que son ellos quienes tienen que dirimir o decidir sobre las medidas que las autoridades sanitarias proponemos”, señaló Ripollés. Ahora, añadió la consejera, la comunidad está estudiando la decisión del tribunal y viendo cómo poner en marcha las medidas que se consideran necesarias para controlar la pandemia. Por el momento, Ripollés descartó que se vayan a aplicar nuevas restricciones, más allá de mantener las medidas higiénicas e intensificar los rastreos de contactos positivos. 

Sanidad apunta al Supremo

Desde el Ministerio de Sanidad, consultado por El Periódico de España, vuelven a insistir en lo que declaró la titular del departamento, Carolina Darias, hace apenas unos días cuando, ante la subida de la incidencia, ya era un clamor entre las comunidades una estrategia común para la implantación de ese documento. 

Desde Sanidad inciden: “No es un tema de Sanidad, sino del Supremo que ha marcado el camino”

Darias señaló que el Tribunal Supremo se ha manifestado indicando que el ‘pasaporte covid’ estaría justificado en determinados ámbitos territoriales durante “un espacio acotado y si la situación epidemiológica lo demandaba”. Hay un camino abierto y es que la autoridad sanitaria autonómica, en función de su situación, lo pida siguiendo la pauta establecida por el Supremo, indicó la ministra. Desde Sanidad inciden: “No es un tema de Sanidad, sino del Supremo que ha marcado el camino”.