La defensa del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont es de las que piensan que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y hasta ahora le ha salido bien, al menos en el Tribunal Constitucional, donde consiguió que los dos magistrados con más conocimientos penalistas, Cándido Conde-Pumpido y Antonio Narváez, se apartaran de los asuntos del 'procés'. Ahora ha optado por repetir estrategia en el Supremo contra el magistrado encargado de la causa que hay abierta en su contra: Pablo Llarena. El motivo que esgrime esta vez es que el magistrado perdió la apariencia de imparcialidad con la que debe ejercer tras haber recibido un premio de la Fundación Villacisneros, que se declara defensora de "la unidad de España y del orgullo de ser español", según el incidente de recusación al que tenido acceso este diario.

A lo largo de 34 páginas, Puigdemont y el resto de huidos de la justicia española argumentan por qué Llarena no puede seguir al frente del procedimiento abierto contra ellos por su responsabilidad en el 'procés' y que será reactivado una vez estén a disposición del Supremo. La supuesta perdida de imparcialidad se articula en torno al premio que le fue concedido a Llarena el pasado 16 de noviembre por la Fundación Villacisneros, a la que atribuye un ideario de extrema derecha.

El escrito sostiene que "la aceptación por el magistrado de esta distinción, en relación precisamente con su actuación en esta causa penal, ha comprometido definitivamente su apariencia de imparcialidad: no se puede pretender que, en estas circunstancias, tras la aceptación del denominado premio Villacisneros, otorgado por la Fundación Villacisneros, que ha reclamado el encarcelamiento de Puigdemont por los hechos por los que se le persigue políticamente en esta causa penal" pueda permitirle "conservar apariencia alguna de imparcialidad para la instrucción de esta causa".

Quién resuelve

"En definitiva, el interés demostrado por el magistrado, que le ha llevado a la aceptación del premio Villacisneros, otorgado por una fundación que ha llegado a jalear el grito '¡Puigdemont a prisión!', en relación con los hechos que han dado lugar a esta causa penal, hace ineludible su apartamiento definitivo de la misma", sostiene el abogado del 'expresident', Gonzalo Boye, en su escrito, en el que también pide saber qué jueces de la Sala Segunda resolverán el incidente de recusación si Llarena no se aparta voluntariamente. Entre otros argumentos, para acreditar la contaminación alegada, el escrito recurre a los tuits que la fundación emitió en octubre de 2017 durante una manifestación contra el 'procés' que se celebró en la madrileña plaza de Colón.

Fuentes del alto tribunal señalan que salvo que Llarena se apartara voluntariamente, lo que a día de hoy no parece probable, la tramitación de la recusación pasa por pedir informe al fiscal para una vez con él someterse el incidente de recusación al criterio del pleno de la Sala Segunda del alto tribunal. Seis de sus jueces participaron en el juicio contra el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros líderes del 'procés' que acabaron siendo condenados por sedición, circunstancia que también podría ser utilizada por Boye para tratar de apartarles.