El itinerario recorrido por la demanda civil por difamación presentada por Corinna zu Sayn-Wittgenstein contra Juan Carlos I ante la justicia británica, según ha quedado en evidencia, fue tortuoso desde el comienzo. Se presentó ante la High Court of Justice el 29 de diciembre de 2020. Y los abogados de la primera se la enviaron al rey emérito a la única dirección de que disponían: el Palacio de la Zarzuela. Allí se dio acuse de recibo del documento de 32 folios. Pero Juan Carlos I no residía en la Zarzuela. Desde el 3 de agosto de 2020 vivía autodesterrado -no había causa penal contra él- en Abu Dhabi.
Aconsejado por sus letrados, Juan Carlos no quiso hacerse con la demanda, hasta que finalmente se aceptó el documento. Como en los tribunales ingleses todo debe quedar negro sobre blanco, los abogados de la demandante pidieron un dictamen al abogado José Antonio Choclán para aclarar al juez este punto. En efecto, la única referencia que entonces se tenía era el Palacio de la Zarzuela y, según su dictamen, el servicio realizado tiene plena validez.
La defensa del rey emérito ha protestado porque califica de "defectuosa" e "inválida" la ruta elegida. Porque debía hacerse, sostienen, por canales diplomáticos. Y porque, sostienen, se debió someter a previo "escrutinio judicial y probablemente [hubiera sido] rechazada". Adivinanza retrospectiva. La defensa ha prometido al juez una declaración jurada de Juan Carlos I sobre este "inadecuado" servicio de entrega de la demanda en una audiencia especial.
El truco de la defensa
En su escrito de exposición de la inmunidad soberana y de Estado, el equipo de abogados formado por Daniel Behtlehem -curtido en el asesoramiento de los gobiernos israelís de Ariel Sharon y Binyamin Netanyahu, a quienes ha defendido en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya- y Philippa Webb -profesora de derecho internacional en el King’s College de Londres- intenta un truco interesante que no parece, según fuentes jurídicas en Londres, que se lo vaya a tragar el juez Matthew Nicklin.
Para encajar la inmunidad de Juan Carlos I en la ley inglesa de inmunidad de Estado, que se refiere a un "soberano u otro jefe de Estado", presenta al emérito como "soberano" en paralelo al "jefe de Estado" de España, su hijo Felipe VI.
La presentación previa de los escritos entre las partes -los llamados 'skeletons' que recogen los argumentos- ofrece ventajas para detectar morcillas. Como la siguiente. En su defensa de la existencia en España del "soberano" Juan Carlos I, sus abogados citan mal una sección de la ley de inmunidad de Estado inglesa al referir que se trata del "soberano u otro jefe de ese Estado".
James Lewis, abogado de Corinna, señala delicadamente a pie de página de su escrito que los letrados de Juan Carlos citan incorrectamente la sección de la ley como "un soberano u otro jefe de ese Estado", cuando se trata de "un soberano u otro jefe de Estado". El demostrativo permitiría albergar la existencia de un Estado español en el cual podría haber un "soberano" y "un jefe de Estado".
"Dado que compartimos que Juan Carlos I no es jefe de Estado, es sorprendente que los demandados soliciten al tribunal que éste establezca que sigue siendo, a pesar de su abdicación, un soberano de España junto al rey Felipe VI. Parece que Juan Carlos I considera posible construir las palabras "soberano" y "jefe de Estado" alternativamente y darle a "soberano" un significado que no puede soportar. Desde el punto de vista legal, un "soberano" debe ser un jefe de Estado", señalan los demandantes.
En su escrito, Lewis y sus colegas advertían de que Juan Carlos I no había aportado testimonio de Felipe VI o de su parte en el sentido de que el emérito es parte de la Casa Real o de que España afirma su inmunidad a pesar de que así se había solicitado en el intercambio previo entre las partes en litigio.
Aclaración de España
El juez Nicklin tomó nota de ese detalle. Y este lunes afirmó, durante la exposición de Behtlehem, en una de sus escasas intervenciones que, en efecto, sería deseable que España aclarase dicho punto.
La defensa de Juan Carlos I advirtió de que en la situación creada si la inmunidad de su cliente es rechazada y la demanda sigue su curso ningún alto cargo oficial de España va a prestar declaración o aportar pruebas porque esos funcionarios gozarían "de inmunidad para presentar pruebas". Según señalan los abogados, "ello tendría consecuencias para la posibilidad de Su Majestad de ejercer una adecuada defensa". De aquí se deduce que Juan Carlos I no prestará declaración si es citado, como parece, ante la High Court of Justice. Problema: esos funcionarios, si España renuncia a esa inmunidad, pueden presentarse.
Los abogados de Corinna han presentado la demanda con múltiples evidencias. Una de ellas es la declaración jurada del excomisario José Manuel Villarejo, quien asegura que unos 120 agentes del Centro Nacional de Inteligencia están asignados para lo que se denominan incidentes con la monarquía y que Corinna zu Sayn-Wittgenstein está totalmente controlada por un equipo del CNI.
