Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una nueva rama del llamado caso Erial, por el que figura investigado el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, han destapado una serie de cuatro pagos por un importe total que ronda los 150.000 euros de la energética Elecnor a una empresa familiar del ex consejero de Industria Fernando Castellón, quien presuntamente actuaba como intermediario y “conseguidor” de contratos con distintas administraciones públicas de la provincia de Castellón.

A raíz de estas investigaciones del Instituto Armado se ha requerido documentación a siete ayuntamientos de la provincia castellonense, todos ellos dirigidos en ese momento por el Partido Popular (PP), así como a la Autoridad Portuaria de Castellón y a la Diputación, para seguir el rastro de los contratos que se realizaron con la empresa energética investigada tras la presunta intermediación de la empresa del exconseller.

Fernando Castellón, que figura como investigado por el momento por un delito de cohecho, ya acudió a declarar el pasado mes de septiembre ante el Juzgado de Instrucción número ocho de València, encargado del caso Erial, por su presunta participación en la trama de corrupción relacionada con supuestas irregularidades en los contratos del plan eólico valenciano. El exconseller se acogió a su derecho a no declarar, tal y como informó en su día Levante-EMV, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, eludiendo así dar explicación alguna sobre el papel que jugaba en dicha trama.

La empresa que Castellón creó, junto a su mujer y su hija, tras abandonar su cargo como conseller de Industria, recibió cuatro pagos de Elecnor entre los años 2011 y 2015 por un importe total de unos 150.000 euros. Las pesquisas de la UCO han destapado que estos pagos no responden a ningún tipo de trabajo acreditado con esta empresa de asesoramiento del exconseller, más allá de su posible labor como “conseguidor” de contratos con distintas administraciones públicas al frente de las que estaba el PP.

Entre las administraciones a las que la UCO ha requerido documentación en las últimas semanas están los ayuntamientos de Onda, Nules, Burriana, Peñíscola, Alcalà de Xivert, La Vilavella, la Autoridad Portuaria de Castellón y la Diputación de esta provincia.