La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado reabrir la causa contra el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el expresidente de Caixabank, Isidre Fainé, según consta en un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que especifica que de la investigación llevada a cabo se desprende la existencia de conductas delictivas, susceptibles de calificación como delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos.

De esta forma, los magistrados estiman los recursos que presentaron la Fiscalía Anticorrupción, el empresario Luis del Rivero y Podemos contra el auto del juez Manuel García Castellón el pasado 29 de julio de 2021 en el que el instructor acordó, en la pieza separada 21 de la llamada Operación Tándem, el sobreseimiento provisional de las acusaciones contra Brufau y Fainé, pero también contra las personas jurídicas Caixabank, S.A. y Repsol S.A. Así, la Sala deja sin efecto los sobreseimientos a fin de que se practiquen determinadas diligencias que considera procedentes y necesarias.

En concreto, los magistrados aseguran que hay indicios de los que puede desprenderse que la iniciativa de llevar a cabo la contratación del comisario José Manuel Villarejo, así como de otras dirigidas a reaccionar contra el pacto Sacyr-Pemex, "partió del señor Brufau" y que este "fue informado con detalle" de los resultados de las gestiones del grupo Cenyt: "Alguno de los cuales conllevaba información difícilmente obtenible de no haber mediado la intervención de funcionarios públicos", indica el auto.

No hay documentos o audios

Sin embargo, el auto pone de manifiesto que no hay ningún documento, escrito, sonoro o de imagen, que acredite directamente que Brufau efectuase u ordenase a otros que contrataran a Villarejo: "Tampoco hay ninguno donde conste que supiese, cuando se realizó el encargo, que Villarejo era comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía, ni que fuese informado de esa circunstancia en un momento posterior", completa.

Al igual que en el caso de Brufau, los magistrados constatan que no existen documentos escritos, sonoros o de imagen, que acrediten que Fainé, entonces presidente de Caixabank, efectuase u ordenase a otros efectuar el encargo a Cenyt. Pero también en su caso la Sala ha detectado indicios que obligan a continuar el procedimiento respecto de Fainé.En concreto, el auto dice que Fainé aseguró haber estado de acuerdo con Brufau en que los departamentos de seguridad de sus respectivas compañías colaborasen en el asunto Sacyr-Pemex y que sus respectivos responsables se reuniesen para tratar con las empresa de Villarejo, con el que ya había contactado el director de seguridad de Repsol. El expresidente de Caixabank, quien admitió haber recibido información sobre los resultados de las gestiones del comisario, también dijo, prosiguen los magistrados, que transmitió la noticia de la contratación al director de seguridad de Caixabank, Miguel Ángel Fernández Rancaño: "Encomendándole que se reuniera con su homólogo en Repsol para abordar el asunto". 

El caso de Repsol

En el caso de la compañía petrolera, como persona jurídica, los magistrados consideran que la instrucción hasta ahora realizada también revela la existencia de indicios de conductas delictivas calificables como delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos: "De lo actuado se desprende indiciariamente que, en virtud del encargo, antes citado, realizado en 2011 por Repsol, al que se adhirió posteriormente Caixabank, al grupo Cenyt, liderado por el señor Villarejo, comisario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), se realizaron por dicho grupo, a cambio de un precio, que fue abonado por las empresas comitentes, determinadas investigaciones sobre el ahora recurrente Luis Del Rivero, su esposa y personas vinculadas a Sacyr, alguna de las cuales lo había sido con anterioridad a Repsol, que incluyeron el acceso a datos sobre el tráfico de llamadas telefónicas y otras comunicaciones", dice el auto.

Finalmente, el auto justifica la reapertura de la causa contra Caixabank porque las pesquisas llevadas a cabo revelan indicios de incumplimientos de las normas de la antigua caja, lo que, a su vez, podría ser "revelador de deficiencias en el modelo de prevención, especialmente en los aspectos relacionados con el control".

En esta pieza separada del caso Villarejo se investiga el encargo que habrían realizado empleados de Repsol y Caixabank al comisario tras un pacto de las compañías Sacyr y la mexicana Pemex que podía tener una importante repercusión en la composición del accionariado de la petrolera, y por tanto, desplazar a Brufau de la presidencia de la misma.