La sentencia de los ERE de Andalucía, que condenó entre otros a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, será revisada en vista pública en el Tribunal Supremo los próximos 4 y 5 de mayo, más de dos años después de que la Audiencia Provincial de Sevilla dictara sentencia y se presentaran los recursos de los condenados.
El tribunal que estudiará el caso estará presidido por Juan Ramón Berdugo e integrado por los magistrados Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y Eduardo de Porres, que será el ponente de la resolución. Tendrán que escuchar los argumentos presentados contra una sentencia que se extendió 1.800 folios y que han impugnado un total de 21 recurrentes, a los que hay que sumar los argumentos a favor de la confirmación de las condenas por parte del PP y de la Fiscalía.
El debate de ese asunto, en todo caso, podría prolongarse tras las dos jornadas de vista durante varias semanas dado el alto número de recurrentes, teniendo en cuenta lo ocurrido en casos de similar complejidad como fue el caso Malaya sobre corrupción en la Costa del Sol, señalan a El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, fuentes del alto tribunal.
Se da la circunstancia de que la revisión de uno de los mayores casos de corrupción en nuestro país coincide con el año electoral en Andalucía, si bien el presidente Juanma Moreno no ha desvelado aún si adelantará los comicios al mes de junio o los celebrará en octubre, que parecían ser las dos fechas inicialmente elegidas. El alto tribunal no suele adoptar decisiones si coinciden con periodos electorales, por lo que la resolución final de este asunto podría quedar relegada entonces a finales de este año.
Ponente conservador
La fijación de las fechas de la vista se produce después de que, el pasado mes de octubre, se designara a De Porres como ponente de la sentencia que dará firmeza o anulará aspectos de la resolución que fue dictada contra los dos expresidentes socialistas andaluces. Se trata de un magistrado del ala conservadora del alto tribunal, miembro de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que antes de recalar en el alto tribunal fue presidente de la Audiencia Provincial de Madrid.
La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla estimó casi en su integridad las argumentaciones del Ministerio Público, según el cual hubo un plan preconcebido y adoptado de forma colegiada y compartida por los sucesivos gobiernos andaluces para gastar más de 700 millones de euros de forma deliberadamente ilegal.
En este caso se analizó el procedimiento a través del cual la Junta de Andalucía financiaba sus subvenciones autonómicas para prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos o innecesarios y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas, una resolución que condenó a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas que se sentaron en el banquillo.
Entre ellos al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, era condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.
La sentencia recurrida ante el alto tribunal parte de la idea de que los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves eran en cada uno de los casos "plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en que participaron.
Argumentos de Griñán y Chaves
En cuanto a los recursos de casación, el de Griñán sostiene que "todas las actuaciones culminaron siempre con la aprobación de la Ley por el Parlamento. A tal efecto, su defensa argumenta que "no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos".
La defensa de Chaves, por su parte, defiende en su recurso ante el Supremo que el expresidente, "en su condición de presidente de la Junta de Andalucía, se limitó a participar en la formalización de la aprobación, por parte del consejo de gobierno que él presidía, de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles", adviertendo al alto tribunal de que lo que se presentó como prueba de cargo no es más que un "compendio de prejuicios, juicios de valor y elucubraciones".
Entre los condenados también están exconsejero de Empleo Antonio Fernández, a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación, mientras los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) resultaban condenados cada uno de ellos a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día.
También se impuso pena a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, de seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, mientras el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez eran condenados a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos.
Además, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020 a causa de una neumonía, era condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
