El procedimiento seguido por el Tribunal de Cuentas en relación al 'procés' ha entrado definitivamente en la fase de enjuiciamiento con la admisión a trámite de la demanda de Sociedad Civil Catalana por la acción exterior y el 1-O, en la que reclama 5,3 millones de euros a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras así como otros ocho exmiembros del Govern, en concepto de responsabilidad contable.
La Sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador ha dado traslado al fiscal para que, en el plazo de 20 días que comienzan a contar desde este jueves (el siguiente del de la notificación) manifieste si se adhiere a la demanda de Sociedad Civil Catalana, que es la única acusación que utilizó el plazo para hacerlo o, en su caso, formula la suya propia.
Aunque en el procedimiento abierto hay hasta 34 exaltos cargos del Govern encausados, la demanda admitida solo se dirige contra 11 personas: los expresidentes, el presidente de ERC y los 'exconselleres' Dolors Bassa, Toni Comín, Neus Munté, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Francesc Homs. Tanto Puigdemont como Comín, Ponsatí y Puig se encuentran huidos, así que no serán juzgados, como ocurrió en el juicio del Tribunal Supremo que acabó con las condenas por sedición contra los líderes independentistas.
Encausados finales
De ahí que la demanda fiscal sea crucial, porque si el ministerio público no presentara finalmente ninguna o se adhiriera a la de ya admitida solo serían 11 los encausados, un número muy inferior a los 34 con los que comenzó la instrucción del procedimiento. El número final va a depender del criterio fiscal, cuya demanda, en caso de interponerse finalmente, tiene todas las papeletas para ser admitida, informaron a 'El Periódico de Catalunya', medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, fuentes del órgano fiscalizador.
Entre los que deben responder contablemente para la acusación personada, se encuentran Mas y Homs, que ya cuentan con experiencia en el Tribunal de Cuentas, porque fueron condenados penalmente, pero también por responsabilidad contable por la consulta del 9-N del 2014. De hecho el embargo de sus viviendas por este procedimiento se levantó hace apenas un mes, pese a haber satisfecho las indemnizaciones fijadas en condena.
Precisamente la primera decisión de calado sobre el 'procés' adoptada por el Tribunal de Cuentas tras su renovación consistió en revocar el rechazo de los avales del Institut Català de Finances (ICF) que se habilitaron desde la Generalitat para cubrir la liquidación provisional fijada por la acción exterior, que se cifró en 5,4 millones, mientras que por el referéndum ilegal del 1-O se fijó en 4,1.
Acusación admitida
En la demanda admitida, Sociedad Civil Catalana reclama a los encausados un total de 5.309.807 de euros. A quien más reclama es a Puigdemont (3.303.000). Le sigue Junqueras con 2.515.000 y después Artur Mas (1.840.000). La reclamación continúa con Raül Romeva (617.000), Dolors Bassa (1.301.000), Francesc Homs (1.936.000), Toni Comín (1.134.000), Clara Ponsatí (900.000), Jordi Turull (505.000), Neus Munté (338.000) y Lluís Puig (238.000).
La entidad les considera responsables contables de las citadas cantidades por el uso de locales públicos para la consulta ilegal, los gastos de difusión e infraestructuras digitales para promoción del referéndum, el encargo de papeletas, los pagos de viajes a "observadores" de la consulta ilegal o los contratos de lobbies para promocionar la causa independentista. La demanda explica que "todos los denunciados tuvieron una intervención decisiva en los gastos descritos en la denuncia que generaron el daño a los fondos públicos" que se persigue en el procedimiento abierto ante el órgano fiscalizador.
