La Fiscalía Anticorrupción ha logrado frenar la maniobra que ha llevado a cabo el general en la reserva Viktor Kaneikine, -quien según el Ministerio Fiscal encabezaba un supuesto clan mafioso ruso desarticulado durante la denominada Operación Clotilde-, con el que pretende hacerse con 11,9 millones de euros que fueron bloqueados en Andorra, según consta en un escrito de 17 de marzo, al que ha tenido acceso El Periódico de España.

"El fiscal interesa que se desestime la solicitud realizada por la representación de Viktor Kanaikine, en tanto la pretensión parte de unas premisas no acreditadas", completa el escrito, que de esta forma rechaza la intención de este oficial del Ejército ruso de frenar el embargo que Anticorrupción ya había reclamado el 24 de abril de 2021 respecto al dinero que sigue depositado en el Banco Privado de Andorra (BPA). La defensa de este general en la reserva, por el contrario, defiende que su cliente no tiene antecedentes en Rusia, por lo que no se le puede incluir al frente de ningún clan mafioso.

Anticorrupción ya había pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que comunicara a las autoridades andorranas la ejecución del "embargo" incluido en la sentencia del caso Clotilde, de 20 de noviembre de 2020, en la que se imponía a la empresa Develepment Diagnostic Company SL una multa de 900.000 euros y el comiso de 11 millones de euros que la presunta red mafiosa escondía en un banco el país pirenaico.

Andrey Petrov

El fallo se refiere a la condena del supuesto testaferro ruso Andrei Petrov, uno de los responsables de la firma Develepment Diagnostic Company SL, quien aceptó una pena de un año y siete meses de cárcel por blanqueo de capitales, pero también el decomiso de los fondos de esta empresa.

Sin embargo, Kanaikine, un exgeneral que tras desaparición de la Unión Soviética (URSS) se situó al frente de la empresa Spetsneztegaz, dedicada al mantenimiento de los gasoductos de la compañía Gazprom, y que consiguió introducirse en "círculos políticos" del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), ha tratado de impedir el decomiso de los fondos. Y para ello ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional en el que asegura que Petrov, conocido con el apodo de El Churrero, no es en realidad el dueño del dinero que accedió a que se bloqueara.

Petrov, con supuestos vínculos con el grupo mafioso Solntsevskaya, fue detenido en España en 2013 en la llamada operación Clotilde, por la que permaneció casi tres años en prisión preventiva. Y durante una de sus declaraciones, el abogado de Petrov llegó a solicitar la nulidad de la causa judicial contra su cliente con el espionaje de Estados Unidos sobre la política gasística de Rusia y con la caída del BPA andorrano, acusado por el Tesoro de EEUU de blanqueo de capitales procedentes de la mafia rusa, según la información publicada por El Periódico de Cataluña, del mismo grupo editorial que El Periódico de España.

Grinda y Bermejo

A juicio de los fiscal José Grinda y Fernando Bermejo, Petrov consiguió "aflorar dinero procedente de la organización criminal", ya que la propietaria de Develepment Diagnostic Company SL, tenía depositados en BPA alrededor de 50 millones de euros. La red criminal contaba también con sociedades y colaboradores estratégicamente ubicados en diversos países como Islas Seychelles, Chipre, Andorra, República de Eslovaquia e Islas Vírgenes Británicas.

El 21 de octubre de 2016 los fiscales reclamaron en un escrito dirigido al entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Eloy Velasco, que comunicara de forma efectiva al exgeneral que era objeto de un procedimiento judicial. Sin embargo, Grinda y Bermejo eran conscientes de que este oficial del Ejército ruso en la reserva ya sabía que la Justicia española seguía un procedimiento contra él: "Pese a ello, no comparece ante el Juzgado aunque sí lo ha hecho la mercantil de la que es propietario. Por ello, se interesa que si en el plazo de 30 días no se persona ante el Juzgado se expida la correspondiente orden internacional de detención", concluye el escrito del Ministerio Fiscal.

Este es el motivo por el que Kanaikine, que fue imputado por blanqueo y pertenencia a organización criminal por el juez Velasco, -que le consideraba el "principal responsable" de la trama mafiosa rusa desarticulada en la Operación Clotilde-, es uno de los casi 50 ciudadanos rusos que conforman el listado de personas implicadas en casos de corrupción en España. El nombre de la 'mano derecha' de Kanaikine, Sergey Nalimov, también aparece en la lista recopilada por la Fiscalía General del Estado.