El juez no puede embargar a Luis Medina por el 'pelotazo de las mascarillas' porque solo tiene 247,26 euros en el banco

El juez Adolfo Carretero no ha podido embargar preventivamente al empresario Luis Medina para asegurar que pueda hacer frente a la responsabilidad civil de ser condenado por el pelotazo de casi un millón de euros en comisiones que cobró al Ayuntamiento de Madrid por los contratos de material covid.

En un escrito remitido a las partes adelantado por elDiario.es, el titular de Juzgado de Instrucción de Madrid número 47 señala que en la cuenta del aristócrata ha encontrado únicamente 247,26 euros, y tampoco hay rastro de los dos bonos por importe total de 400.000 euros que habría adquirido con la comisión lograda en la operación de compra de material covid a Malasia.

En la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, el magistrado da cinco días a las partes para que insten "la adopción de nuevas medidas cautelares de carácter económico para el aseguramiento de responsabilidades civiles".

Medina obtuvo como comisión en la obtención de estos contratos (mediante una carta que le acreditaba como agente exclusivo de la compañía fabricante para el suministro y obtención de productos sanitarios) un total de 1.000.000 de dólares (916.000 euros) procedentes de Malasia y los transfirió a una cuenta personal, que ya ha sido vaciada según ha comprobado el instructor del caso.

Con este dinero, según detalla la querella, adquirió un yate modelo Eagle 44, llamado “Feria”, que registró a nombre de una sociedad gibraltareña cuya titularidad comparte con su hermano; además de bonos bancarios.

El magistrado admitió este martes la personación como acusaciones particulares, es decir, como perjudicados directos de los presuntos delitos, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de dos partidos en la oposición municipal, Podemos y PSOE. Está a la espera de que Más Madrid cumplimiente algunos trámites para dejarle también ser parte en el procedimiento.

En la misma resolución, destaca la gravedad de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales imputados a Medina y su socio en la trama, Alberto Luceño, y subraya que tales conductas pudieron cometerse, "en el momento más álgido de la pandemia de covid 19, con miles de fallecimientos diarios".

Tres delitos

La descripción de la estafa en el Código Penal es algo que parece encajar perfectamente en lo ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, donde según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, Luceño se presentó como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya, algo que no era cierto.

Los casi 12 millones euros que costaron a las arcas municipales las mascarillas, guantes y test para detectar covid los fijó Luceño como precio de los productos y se los impuso al Ayuntamiento, amparándose en su "falsa" posición de fabricante y agente exclusivo "Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir".

Además del sobreprecio, el material que llegó no era el adecuado en algunos casos. Los guantes que se recibieron en Madrid el 8 de abril de 2020 eran de ínfima calidad y solo llegaban hasta la muñeca, cuando se habían encargado hasta el codo. Además, el propio Ayuntamiento pudo comprobar que un par de guantes de la misma calidad y características que los recibidos, por los que el Ayuntamiento de Madrid había pagado 2 dólares por unidad, se ofrecían al público por 0,08 euros.

En cuanto a las mascarillas, el precio real de venta era de 2.689.300 dólares, una suma que los comisionistas inflaron artificialmente para llevarse un beneficio de 4 millones de dólares, es decir, el 148% del precio real del producto. De los 250.000 test recibidos, 75.000 tenían un nivel de sensibilidad tan bajo que los hacían inservibles.

Falsedad y blanqueo

Por lo que se refiere a la falsedad documental, presuntamente se cometió tanto ante el Ayuntamiento como en las entidades bancarias que pidieron explicaciones a los empresarios tras recibir las cuantiosas comisiones cercanas a los 6 millones de euros por transferencia desde Malasia. Fueron precisamente los bancos los que advirtieron al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), que alertó a la Fiscalía.

Sobre el blanqueo de capitales, su investigación es la que justifica que la querella de Anticorrupción se refiera a los bienes concretos que pudieron ser adquiridos con el dinero ilícitamente obtenido en el 'pelotazo'. También por la posible comisión de dicho delito, el juez Carretero ha ordenado embargar preventivamente dichos bienes.

Fuente: El Periódico de España