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Patrimonio

Los bienes de Meirás aguardan por el BIC un año después de que el Parlamento demandase su catalogación

El PP tumba en O Hórreo una propuesta del BNG para instar a la Xunta a abrir el expediente y alega que es competencia del Estado, que lo niega | Vota en contra de adherirse al incidente de Sada en la vista

Uno de los salones del pazo de Meirás.

Apunto de que se cumpla un año de que la aprobación por unanimidad en el Parlamento de una proposición para instar a declarar con premura el expediente de Bien de Interés Cultural para los bienes muebles del pazo de Meirás, el BIC sigue pendiente y una iniciativa muy similar a la que el 5 de mayo de 2021 suscitó la unanimidad del plenario ha naufragado ahora por falta de consenso sobre la estrategia jurídica a seguir y la Administración a la que le corresponde tomar las riendas de la declaración BIC.

El PP tumbó ayer una proposición no de ley del BNG para instar a la Xunta a sumarse al incidente judicial del Concello de Sada, que reclama la totalidad de los bienes de Meirás (salvo los incorporados con posterioridad a la muerte del dictador) y a incoar sin más dilación el procedimiento de declaración de BIC de todos los muebles, obras de arte y enseres que, por su vinculación con el inmueble, son imprescindibles para interpretar este sitio histórico.

En contra de lo que mantiene el Gobierno, el PP insistió en que le corresponde al Estado ampliar el BIC del pazo de Meirás a los bienes muebles. Su afirmación fue rechazada por los diputados del BNG y PSdeGLuís Bará Pablo Arangüena, que insistieron en que es una competencia autonómica y que recordaron a los populares que fue la Xunta y no el Estado el que declaró BIC la biblioteca de Pardo Bazán después de que la Justicia declarase en primera instancia el pazo de titularidad estatal y que recordaron que en otros casos de bienes del Estado, como la isla de San Simón, fue la Xunta la que impulsó el BIC.

A consulta de este diario, un portavoz del Gobierno recalcó que es competencia de la Xunta incoar el expediente BIC, aunque apuntó que su tramitación está siendo objeto de debate en una comisión bilateral entre los gobiernos autonómico y central.

Los partidos siguen sin ponerse de acuerdo sobre los futuros usos del pazo de Meirás

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La declaración BIC no supone en ningún caso un reconocimiento de titularidad pero permite a la Xunta ejercer una tutela y velar por su conservación. A pesar del consenso de todas las administraciones y partidos sobre la imperiosa necesidad de blindar el contenido del pazo de Meirás, los bienes siguen desprotegidos ante una posible mudanza cuando se cumple un año de que la Audiencia Provincial revocase el depósito cautelar de los mismos y a escasos dos meses de que se celebre la vista, hasta tres veces pospuesta, que decidirá finalmente su destino.

El diputado Alberto Pazos (PP) apeló a la independencia de la asesoría jurídica de la Xunta para oponerse la petición del BNG de que la Xunta se adhiera al incidente de ejecución del Concello de Sada, algo que el Estado sí ha avanzado que hará. A pesar de votar en contra de adherirse a la demanda de Sada, el PP refrenda ahora uno de los argumentos que esgrime el Ayuntamiento sadense en su incidente, n el que defiende que deben considerarse de propiedad estatal los bienes que formaban parte del pazo cuando fue vendido en 1938. “Es harto evidente”, apuntó el diputado, aunque la Xunta no presentó un incidente de ejecución y se ha limitado a adherirse al del Estado, que no hace alusión a este extremo y que solamente reclama 133 bienes que considera “inseparables” de Meirás (que no pueden retirarse sin provocar un quebranto o que fueron instalados con vocación de permanencia).

La comisión parlamentaria dejó también en evidencia la falta de consenso en los futuros usos del pazo de Meirás. BNG y PSdeG priman los de memoria histórica y el PP defendió nuevamente su plan, que dedica más espacio a los usos relacionados con Emilia Pardo Bazán.

Un punto en el que sí coincidieron PP y BNG fue en criticar que el interior del pazo de Meirás siga vetado a las visitas transcurrido más de un año de su entrega provisional al Estado.

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