"¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías publicas, organiza desordenes públicos o está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?". Con este contra pregunta ha respondido la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las acusaciones lanzadas por los partidos independentistas sobre el espionaje a más de 60 dirigentes y activistas catalanes y vascos, deslizando la idea de que el CNI sí vigiló al universo soberanista en 2017 y 2019.

En una sesión de control que ha estado monopolizada en gran parte por el 'Catalangate', la ministra socialista ha echado por tierra las acusaciones sobre un espionaje masivo ante la falta de pruebas. Y ha apuntado a la comisión de secretos oficiales como el único foro en el que se pueden dar explicaciones, ya que las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia tienen carácter reservado.

"Cuando se trata de salvaguardar la unidad de España y contra el independentismo, todo vale", ha lamentado Mireia Vehí (CUP), la diputada ante la que Robles, después de varias preguntas sobre este asunto, ha justificado el espionaje. Justo antes también le habían pedido explicaciones sobre este asunto Míriam Nogueras (Junts), Inés Arrimadas (Cs) y Aitor Esteban (PNV). En la cuarta pregunta, la de Vehí, a la ministra se le ha visto ya algo acelerada y ha dicho que veía a la diputada de la CUP "con el mantra de las sesenta y tantas personas espiadas, investigadas y lo hace sin ningún material probatorio...", ha justificado la vigilancia con la ristra de preguntas retóricas (en la que ha acabado señalando a Rusia) y, a renglón seguido, le ha afeado que "no haya dicho nada" del "hackeo" al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y "a teléfonos de ministros". En agosto de 2020, se supo que el móvil del entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo fue pirateado.

La comisión de gastos reservados

"Lo que espero es que una vez que se constituya esa comisión salga todo, puedan ver la documentación y, a lo mejor, muchos de los que ahora dan lecciones tendrán que callarse cuando se vean las actuaciones que han tenido. En esa comisión todo saldrá claro", ha dicho la ministra, dando a entender que había razones fundadas para investigar al independentismo. "Ojalá constituyamos la comisión pronto y podamos hablar de Pegasus sí o Pegasus no porque yo le digo que muchos se quedarían sorprendidos", ha insistido.

El diputado vasco ha denunciado la "indefensión" del Congreso y la "democracia española". "La comisión no va a solucionar nada. Nunca se ha contado un secreto. Yo he estado allí. En el Reino Unido y en EEUU ya estarían haciendo una comisión de investigación, haciendo una serie de interrogatorios. Lo que tienen que hacer es desclasificar los documentos ya y después deroguen la ley de secretos oficiales", ha instado Esteban a Robles. "¿Qué ha sido de aquella juez progresista que era usted? Aquella juez estaría absolutamente preocupada por lo que está sucediendo y no se conformaría con que 'tenemos las manos atadas y todo se ha hecho con la ley y ya veremos en la comisión de secretos'", ha continuado.

La ministra ha respondido que a ella, "como juez progresista", le escandaliza que los partidos soberanistas estén acusando al Ejecutivo sin "material probatorio" y basándose "en no sé qué informe y en qué medio de comunicación". "¿Dónde están las pruebas?", le ha inquirido.

Tras la sesión parlamentaria, fuentes del Ministerio de Defensa han asegurado también que "no solo los gobiernos compran Pegasus" y que eso es una afirmación de la empresa que lo comercializa de la que no hay pruebas. En este contexto, esas fuentes han insinuado que también otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en concreto los Mossos, podrían haberlo adquirido. El excomisario José Manuel Villarejo aseguró en la comisión de investigación del 'caso Kitchen' que la policía autonómica catalana tenía ese programa de espionaje.