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Proceso judicial

Caso Azud | Corbín destruyó documentos tras saber que estaba siendo investigado

Un certificado acredita que contrató a una empresa profesional de l’Alcúdia para deshacerse de "documentación variada" en diciembre de 2018, tres meses antes de su detención en la operación Azud I

José María Corbín.

La Guardia Civil tiene constancia de que José María Corbín, el abogado cuyos abultados ingresos profesionales crecidos a la par del rodillo electoral de su cuñada Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València acabaron por llamar la atención de Hacienda y de la Justicia, dando inicio al caso Azud, destruyó documentación cuando ya se sabía investigado.

De hecho, uno de los certificados intervenidos en el registro de su despacho deja en evidencia que recurrió a una empresa especializada en esa materia para hacer desaparecer "documentación varia" el 21 de diciembre de 2018, solo tres meses y una semana antes de su detención en la primera fase de la Operación Azud.

Tal como ha venido informando Levante-EMV, la macrocausa que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la tutela de la Fiscalía Anticorrupción y de la jueza de Instrucción 13 de València, tiene su origen en una denuncia anónima recibida en la delegación valenciana de Hacienda el 12 de enero de 2016, cuando estaba a punto de estallar el caso Taula.

La Agencia Tributaria investigó la denuncia y, finalmente, Corbín se avino a regularizar su situación con el fisco pagando más de 400.000 euros. Saldadas las cuentas, Hacienda puso esa denuncia en manos de Anticorrupción, que abrió las primeras diligencias de investigación el 4 de octubre de ese 2016. Durante tres meses, el fiscal, la UCO y la Agencia Tributaria analizaron el contenido de la denuncia, que atribuía a Corbín el cobro de ingentes cantidades de dinero de contratistas municipales por prestaciones de servicios de los que parecía no haber constancia.

La discreción que lleva a buen puerto toda investigación saltó por los aires a mediados de enero de 2017, cuando un medio de comunicación publicó que al hasta entonces intocable cuñado de Rita Barberá lo investigaba la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto delito fiscal tras ser denunciado por la Agencia Tributaria.

Fue suficiente para erguir sus orejas. Un mes y medio después, el 22 de marzo, el letrado contraatacó con un escrito dirigido a la Fiscalía Provincial de València en el que, con el argumento de que había "tenido conocimiento de forma pública y notoria" de esas diligencias de investigación, exigía ser informado y tenido como parte en las mismas. Para entonces, el asunto acababa de ser judicializado y, por reparto, fue a parar a la jueza de Instrucción 13, que incoó las primeras diligencias el 3 de abril.

Corbín recibió por respuesta que la Fiscalía no lo investigaba. Y, a esas alturas, era cierto, porque el caso ya estaba en manos de un juzgado. Gracias a ello, se decretó el secreto de las actuaciones y la Guardia Civil, que llevaba meses alertando del riesgo de que el investigado supiese que lo era dados sus contactos en un Ayuntamiento completamente en manos de su círculo más próximo, pudo seguir con su trabajo bajo un impenetrable manto de silencio.

Corbín aparentó quedarse tranquilo, pero lo cierto es que, tras su detención el 2 de abril de 2019 en la primera fase de Azud y durante el registro de su despacho profesional, los agentes hallaron el certificado de una destrucción de documentos contratada a una empresa de l’Alcúdia. Y que ese acto, que los investigadores asocian con la destrucción de papeles incriminatorios y consideran no aislado, se produjo a tres meses vista de su detención.

No está claro si intuía que las cosas estaban a punto de ponerse feas por aquella investigación o si el caso Taula, en plena efervescencia aquel noviembre de 2017, acabaría por salpicarle. Finalmente, fue la primera de las opciones.

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