El juez que investiga el pelotazo obtenido por Luis Medina y Antonio Luceño con la compra de material sanitario en el Ayuntamiento de Madrid, Adolfo Carretero, sigue sin encontrar responsabilidad penal en los responsables municipales. En su último auto, afirma que "no existe hasta el momento ni el más mínimo indicio de una posible cooperación necesaria, complicidad o encubrimiento" en la actuación de la jefa de compras, Elena Collado, para citarla en calidad de imputada.
"Más bien al contrario, fue engañada por los comisionistas", apunta el juez, para añadir qué éstos le ocultaron el importe de sus comisiones (que casi alcanzaron los 6 millones de euros), que inflaron el precio de los contratos de una manera desmesurada y también mintieron sobre su relación con la empresa de Malasia Leno, de la que dijeron ser agentes exclusivos. Por esta razón, descarta llamarla en calidad de investigada, si bien la cita para el próximo 27 de mayo pero como testigo.
La petición contra Collado había sido realizada por el Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid y a ella se adhirieron los representantes legales de los grupos municipales del PSOE y Podemos. Estos últimos también habían pedido la imputación de la concejal del PP Engracia Hidalgo por una supuesta prevaricación, por ser la responsable municipal que firmó el convenio con la empresa funeraria para materializar los contratos con los empresarios ya investigados, pero el juez lo descarta igualmente.
En su resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, y "con independencia de que la señora Collado fuese más o menos diligente en su actuación", según el juez no consta por la documentación examinada que la jefa de compras tuviese la facultad por sí misma de contratar con la citada empresa, ni mucho menos de disponer de fondos públicos libremente.
Si hay malversación, es de la funeraria
Dicha facultad, a juicio del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, correspondía en última instancia al Consejo de Administración de la Funeraria, que fue el que aprobó la firma del contrato. "De ahí que si prosperase la imputación contra la señora Collado por malversación, deberían ser imputados por este delito todos los miembros del Consejo de Administración de la Funeraria que permitieron la misma, tal y como dice en sus alegaciones el fiscal Anticorrupción", añade el juez.
Además de ser engañada, incide, hay que tener en cuenta la "imperiosa necesidad" de traer material sanitario en el momento álgido de la pandemia, por lo que no se le podrían exigir "exhaustivas comprobaciones" respecto de un material cuyo precio oscilaba continuamente, llegando a ser muy alto. Además, cuando se dio cuenta de que podría ser objeto de un engaño, se lo dijo inmediatamente a Luceño, logrando la devolución de más de 4 millones de euros por los guantes y requiriendo la entrega de nuevos reactivos para los test de detección de covid.
Con respecto al tráfico de influencias que las acusaciones le atribuyen, también lo descarta por que "nada se dice sobre qué funcionario o autoridad realizó las presiones para firmar los contratos y en qué consistió su influencia".
"Algo más consistente" puede ser, según el magistrado, la atribución de la jefa de compras de una presunta prevaricación administrativa, pero el magistrado la rechaza igualmente al no precisarse por las acusaciones cúal fue la resolución administrativa que dicto, "salvo los contratos en nombre de la Funeraria, "que no es una resolución en sí misma, ni tampoco arbitraria".
Convenio con la funeraria
En cuanto a Hidalgo, Podemos denunció en su escrito ante el juez se trató "de eludir la normativa de control aplicable a las contrataciones efectuadas por el Ayuntamiento mediante el artificio del Convenio con la empresa mercantil de él dependiente", lo que supone "un evidente y grosero apartamiento de la legalidad cuyas nefastas consecuencias han salido ahora, al menos parcialmente, a la luz".
A este respecto, el juez Carretero responde que no corresponde a su investigación indagar sobre la naturaleza de dicho convenio sin que existan pruebas 'ad hoc' de que se utilizaron para eludir el control de los pagos anticipados por la Intervención municipal. Si prosperase dicha vía, habría que citar como imputados a todos los firmantes, tanto del Ayuntamiento como de la Funeraria, "lo que además de descabellado, supondría una investigación prospectiva". Por esta razón, rechaza citar a la concejal Hidalgo.
