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Alicante

El magistrado Manel Martínez: "En el caso Brugal se buscaban fines políticos y por eso se fue inflando el globo"

El magistrado Manel Martínez Aroca posa al término de la entrevista en una dependencia de la recién creada sección XI, a la que acaba de incorporarse. ANTONIO AMORÓS

Desde el instituto es consciente de que no pasa desapercibido y de que despierta filias y fobias "sin acertar a saber por qué", precisa. Pero asegura que tiene cuestiones más importantes de qué preocuparse, como su trabajo y sus viajes diarios en transporte público (no conduce) desde Murcia, donde vive, hasta la sede de la Audiencia de Alicante en Elche, a la que llegó en 2015 y que a punto ha estado de dejar para ocupar una plaza que había aceptado en Alicante. Ocurrió a principios de año tras el baile de sillas que provocó la jubilación del magistrado Manrique Tejada y, cuando se daba por hecho su traslado, Manel Martínez Aroca (Murcia, 1971), sorprendió a todos incorporándose a la recién creada sección XI, también con sede en Elche.

Explica en esta entrevista que lo ha hecho para "lavar" su imagen. No tanto de cara de los demás, puntualiza, sino "para demostrarme a mí mismo que puedo llegar a realizar una labor bien hecha, con seriedad, honestidad y criterio. Y que se vea que en el fondo y en la forma soy una persona más o menos normal, con mis días altos y bajos". ¿Y eso no lo podía hacer en Alicante?, pregunto. "Allí tendría que haber empezado de cero, donde todos se conocen desde hace años".

Amante confeso de las "causas grandes y complejas porque me obligan a aprender", explica, nada más llegar a Elche se encontró con la "novatada", como él la define, de resolver la apelación contra una sentencia que condenaba a 212 años de prisión a quince empresarios de la Vega Baja por defraudar 4,5 millones a Hacienda con facturas falsas. Entre ellos, Ángel Fenoll, quien con sus grabaciones dio origen al caso Brugal. "Había tomos, tomos, y tomos y me tocó la ponencia". ¿El fallo? Anuló las condenas y propinó una dura reprimenda a la Agencia Tributaria.

El magistrado Manel Martínez Aroca. D. I.

¿Está satisfecho de ese fallo?

Yo no estaba a favor de eso, no quería hacer una cosa así. Era una especie de chapoteo, un charco en el que te metes nada más llegar.

¿Se sintió superado por la complejidad de ese proceso? 

No, ni me superó ni me asustó. Tengo el defecto de que en las dificultades me crezco. Conseguí que dos magistrados del calado de mis compañeros de sala, José Teófilo Jiménez y Gracia Serrano, entendieran la materia de Derecho Tributario que les iba exponiendo respecto a la actuación de la jueza de lo Penal y de los inspectores de Hacienda. Redacté la sentencia, se la pasé y la firmaron.

A diferencia de esa jueza, usted no consideró a los empresarios culpables de ese fraude millonario.

Quien la hace la tiene que pagar. No pongo un pero. Quien infringe la ley tiene que responder penalmente de lo que ha hecho. 

Luego considera que en este caso no se infringió.

No, no es eso. Es peor aún. Para nosotros fue mucho peor. Eso venía de un juzgado de lo Penal de Orihuela que se vanagloriaba de haber impuesto la pena más alta en materia de Hacienda Pública, y aquello era un desaguisado procesal infumable. Tanto la actuación de quien dictó la sentencia como todo… no se podía sostener, no había manera… por eso se dictó la nulidad.

¿Tan mal instruida estaba la causa?

No era solo la instrucción, que también. Hacienda hizo cosas que no podía hacer. Cuando la Agencia Tributaria tiene conocimiento de que se está cometiendo un delito, en ese momento debe ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal y paralizar la inspección. 

¿Y no lo hizo?

No solo no lo hizo. Desde que supo que podía haber un delito estuvo esperando a que pasara el tiempo para que se cumplieran los requisitos necesarios y poder presentarle al fiscal un tanto de culpa.

¿Está diciendo que la Agencia Tributaria favoreció la comisión de un acto delictivo?

Efectivamente, la Agencia Tributaria, los inspectores, actuaron de una forma equivocada porque esperaron a que se cometiera el delito. 

¿Se hizo algo al respecto? ¿Se actuó contra quién o quiénes permitieron con esa dilación que usted dice que el delito se consumara?

Nosotros lo dijimos en una sentencia de apelación que ha llegado a todos los lugares donde tenía que llegar, incluida la Agencia Tributaria en Madrid y a todos los niveles administrativos e incluso políticos. El Ministerio Fiscal y el abogado del Estado intentaron la nulidad de actuaciones, ya que no cabía recurso. Pero no prosperó.Y a partir de ahí, siendo absolutoria, se procedió a los trámites correspondientes. Pero mi compañera Gracia y yo hemos sufrido bastante porque la acusación pública en ese procedimiento, que fue la misma que en el Brugal uno (el proceso por las basuras de Orihuela ) nos recusó porque sostenía que estábamos contaminados. El Tribunal Superior no la admitió.

En esa sentencia se afeaba a la Agencia Tributaria su afán recaudatorio. ¿No es su razón de ser?

Por supuesto que está para eso, pero tiene que desarrollar su función dentro de las normas. Lo que no puede hacer para conseguir dinero es actuar de una forma que esté al borde, no digo de la comisión de un delito, sino de un afán recaudatorio que les llevara a plantearse esperar para obtener más dinero. Se les tendió una trampa a los acusados, pero no por parte de la Agencia Tributaria sino de los inspectores que llevaron ese asunto. La Abogacía del Estado defiende a la Agencia Tributaria y a los inspectores mientras que la Fiscalía defiende o acusa de acuerdo con el principio de legalidad. En estos casos, tanto la Agencia como la Fiscalía han sostenido la misma postura. Algo que de, no ser triste, sería divertido. 

Quizá porque pensaban que la actuación de los inspectores fue correcta y que los empresarios eran culpables de ese fraude.

Claro, eso era lo que podían pensar, pero cuando resuelvo contra la nulidad planteada por la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal y este aduce, amenaza que va a recurrir en amparo al Constitucional porque se le han vulnerado sus derechos.... eso es una rompecabezas jurídico que no tiene muy buena solución.

Está ejerciendo su derecho.

¿A qué? 

A defender su criterio.

Eso es un derecho al pataleo.

El magistrado Manel Martínez Aroca. D.I.

Usted también ha sido ponente de la resolución que ha absuelto a todos los acusados en el denominado Brugal 1, el de las basuras de Orihuela, tras anular escuchas y registros. ¿Tan difícil es condenar la corrupción?

Como ha ocurrido en otros procesos, se trata de asuntos que cuando llegan a juicio son tan grandes y han pasado tanto años que es complicado. En España se tendrían que empezar a tramitar los casos de corrupción de una forma racional para que pudiera dictarse una resolución que permitiera decir que se ha hecho Justicia. Porque la Justicia que tarda 14 años no lo es. Y por una resolución justa se entiende que se le castigue como corresponde a quien haya vulnerado la ley, que se resarza a los perjudicados y, lo más esencial, que se devuelva a las arcas públicas el dinero que esté en manos de esas personas.

En el caso de las basuras de Orihuela del que estábamos hablando, ¿realmente cree que los acusados, ahora exonerados de toda culpa, no vulneraron la ley?

La sentencia dice lo que dice y será el Tribunal Supremo el que llegue a la conclusión de si hay que anularla y repetir el juicio, ratificarla o validar o no las escuchas…

Le preguntaba si usted creía de verdad que son inocentes de los delitos de los que se les acusa.

Lo que el tribunal dice en esa sentencia de más de 500 folios no es que no hayan llevado a cabo una conducta delictiva sino que por parte de quien sea no se hicieron las cosas de la mejor manera porque se buscaban otros fines.

¿Qué fines?

En el caso Brugal se buscaban fines políticos y, por tanto, se fue inflando el globo para conseguir tiempo y poder encontrar, es posible, aunque lo desconozco, si otras personas habían cometido algún delito.

Entiendo que considera que no se hizo bien.

Según nosotros, no se hizo nada bien. Hasta el propio fiscal hace unas cosas tremendas durante la instrucción de la causa porque está guiado con una finalidad. 

¿Se refiere a esa finalidad política?

En esto nosotros tenemos que hablar con mucha prudencia porque España es el único país de la Unión Europea en el que los jueces no podemos manifestar opiniones ideológicas, ni ser cercanos a partidos o sindicatos… 

Sí, pero estábamos hablando del supuesto interés político de la Fiscalía en la investigación del caso Brugal.

Que podía haberlo. Ya lo dijo nuestro presidente: la Fiscalía depende Gobierno. Basta con retrotraerse a la fecha de hechos, cuando comienza la investigación, 2006, 2007, 2008 … y vas haciendo los cálculos para ver la motivación política que podía haber. Con todo el respeto que me merecen los fiscales Anticorrupción de la provincia, a pesar de que uno de ellos me haya recusado. Y no hay que olvidar que la Fiscalía es una institución jerarquizada donde se siguen instrucciones tanto de la Fiscalía General del Estado como de la del Tribunal Superior.

¿Piensa que se dieron y se siguieron esas directrices políticas en el Brugal?

En su momento las pudo haber, pero como ha transcurrido tantísimo tiempo desde que se inició, han pasado tantos años, tantas personas, tantos grupos políticos por todas las administraciones… que la melé que hay ahí es compleja.

El magistrado Manel Martínez Aroca. D.I.

¿Los macroprocesos son la mejor forma de esquivar una condena?

No, pero queman porque afecta al funcionamiento de la sección en la que cae. Y eso que en el Brugal de la basuras de Orihuela se cumplieron todos los plazos procesales. La sentencia se dictó en junio del 2020. Después se presentó un recurso de casación sobre cuya admisión a fecha de hoy aun no se ha pronunciado el Supremo, con lo que como pronto hasta 2023 no habrá sentencia de unos hechos que se remontan a 1999. ¡Habrán pasado más de 24 años! ¿Eso es Justicia? Yo entiendo que no. Y da igual cuál sea la resolución del Supremo, que dé o quite la razón al tribunal de Elche. Estamos hablando de 24 años. Si hubiera que repetirlo sería 24 años después.

¿Dónde radica el problema?

Mire, hay juzgados especializados en violencia machista, en mercantil… pero en corrupción no hay especialización. Y le doy un dato. Durante la instrucción de la causa de las basuras transcurrieron por el juzgado 18 jueces de los que ocho eran titulares y los otros diez, sustitutos o suplentes.

¿Y en las Audiencias, que son las encargadas de juzgar estos asuntos?

Pues nos vamos especializando con la práctica, como ocurrió en Málaga, en Sevilla, en Barcelona, en Madrid…

¿Cree usted que la Justicia es valiente para juzgar este tipo de delitos, generalmente complejos?

Debería haber unos especialistas que se arremangaran y actuarán con la ley en la mano para reintegrar los fondos públicos y acabar con todo vestigio de corrupción en la raíz. Los jueces y los fiscales lo tienen que hacer así. Es problema está en que la ley les permita hacerlo.

¿No lo permite?

Ahora estamos en una situación muy compleja, en el eterno debate del si los fiscales tienen que asumir la instrucción.

¿Y la tendrían que asumir?

Yo creo que sí, aunque tendría que haber un trasvase de jueces de instrucción, que son más numerosos, a la carrera fiscal. La instrucción se enriquecería con esa mezcla.

¿Qué ventajas ve en que sea el fiscal quien instruya?

El juez se está convirtiendo en algo que a todos nos desagrada, que es un juez de garantías. Tiene que garantizar que se cumplan estas garantías y, además, tiene que juzgar y condenar o absolver frente a un fiscal, que acusa o no según las circunstancias del caso. Es difícil que el público lo pueda entender. Llevamos desde el 75 sin saber si los fiscales van a instruir o no, el CGPJ está en prórroga desde no se sabe cuándo y las leyes se van modificando a salto de mata. Creo que el ciudadano debe tener una impresión mala de la Administración de Justicia. Yo la tendría.

¿Cómo se podría invertir esa imagen?

Facilitando que la Fiscalía investigue, que los jueces investiguen también, que haya medios para que las Audiencias puedan enjuiciar en tiempo, que haya unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que, en coordinación con la Agencia Tributaria, procedan rápidamente a incautar los dineros que se hayan llevado y que, como son delitos con una gran carga política, que se actúe contra los sospechosos de haber cometido una prevaricación o una malversación. Porque se les puede perdonar que metan la pata, porque todos estamos expuestos a equivocarnos, pero no que metan la mano. 

Y en el proceso de las basuras de Orihuela, ¿se metió la pata o la mano?

Las dos cosas. 

Pero los acusados están en la calle.

Pero el dinero lo tenemos nosotros. Las piezas pecuniarias no se han devuelto. Me lo han pedido pero yo no he devuelto nada. El asunto está en el Supremo.

¿Podría el Supremo darle la vuelta a ese fallo?

No soy adivino.

¿Sería justo?

No lo sería porque hay tal vulneración de derechos fundamentales, es tal la barbaridad que había ahí, según lo vimos nosotros, que no sería justo.

¿La Justicia es igual para todos?

Debería, pero yo creo que no es. Quien tiene dinero se busca un buen abogado con lo que puede conseguir más que quien tiene que conformarse con un abogado de oficio, con todos mis respetos a los abogados de oficio. 

¿Qué hay de cierto en eso de que la Justicia a los ciudadanos se les aplica y a los amigos se les interpreta?

Tengo la sensación de que puede ser así y que en ningún caso debería serlo.

Antes ha dicho que la Justicia, si es lenta, no es Justicia, pero usted está sometido a un seguimiento por parte del CGPJ por los asuntos pendientes de resolución que arrastra.

De lo que el Consejo está haciendo un seguimiento es de las apelaciones de más de seis meses que estén pendientes de resolución. Y ya están todas puestas. Me ha concedido hasta el 6 de junio para que certifique lo que he resuelto, lo que no y por qué y el 25 de mayo estaré absolutamente limpio.

¿Cómo se define cómo juez?

Soy un juez justo al que le gustan las causas grandes y complejas porque me obligan a estudiar, a mejorar y a aportar una serie de conocimientos en mis resoluciones que espero que puedan enriquecer a los demás. 

Y de mayor, ¿qué quiere ser?

De mayor quiero ser viejo (risas) . Me gustaría ir Luxemburgo. Soy europeísta aunque aquí me corto para que no me digan que introduzco cosas que no entienden. 

Aludía antes a la prohibición en España a que jueces y fiscales tengan una adscripción política. ¿No le parece una doble moral?

Es triple porque coloca a la gente en situaciones ridículas. En las relaciones de trabajo con los compañeros intentas que no se te note de qué pie cojeas y los hay que llevan tanto tiempo disimulando que no saben ni lo que es la ideología.

Y usted., ¿de qué pie cojea?

¿Cojeo?

"Soy incapaz de encontrar un argumento que justifique destruir un veredicto que se ha devuelto. Es muy fuerte" 


El Tribunal Supremo está estudiando si anula o no el juicio por el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala tras plantear la acusación particular, entre otras cuestiones, que la destrucción de un primer veredicto condenatorio impidió a las partes fiscalizar si estaba bien o mal devuelto. ¿Se podía destruir?

Cuando nos enteramos de semejante cosa, y con todo el respeto y el cariño a la compañera Francisca Bru, (la presidenta del tribunal popular) ... a mí no me cabe en la cabeza algo así. Soy incapaz de encontrar un argumento que justifique semejante conducta. Es muy fuerte. 

¿Cree usted que se podría acordar la repetición del juicio por este motivo? 

Tengo mucha curiosidad por lo que va a hacer el Supremo con esa composición de sala, entre cuyos miembros está el expresidente de la Audiencia Vicente Magro.

Ya se ha acordado dos aplazamientos. ¿Eso puede significar que están buscando una sentencia unánime o podría haber un voto particular?

¿Cómo va a haber un voto particular en un tema así? Aunque tampoco tienen que por qué llegar a una unanimidad porque en el Supremo últimamente tienen las espadas sacadas de la vaina y se están presentado muchos votos particulares, cosa que hace unos años no ocurría.

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