Más de dos semanas después de que se emplazaran a verse, no hay fecha. Ni siquiera tentativa. Nada. No hay día, hora y lugar para la reunión de Pedro Sánchez y Pere Aragonès, para intentar que ambos reconduzcan relaciones y se recomponga la "confianza" rota por el 'caso Pegasus'. Oficialmente, los dos equipos están "cuadrando agendas", pero lo que corre de fondo es el desencuentro político. El Gobierno culpa a la Generalitat de dar largas y no querer fijar la cita, mientras que el Govern advierte de que no le vale una mera foto de los dos presidentes, sino que quieren contenido: explicaciones documentadas, asunción de responsabilidades en función de esas explicaciones y garantías de que no habrá nuevos espionajes al independentismo.

Hasta el pasado miércoles, la Moncloa era muy reticente a desvelar qué estaba pasando, por qué no se agendaba la entrevista entre Sánchez y Aragonès. Lo revestía todo bajo la pátina de la normalidad. Pero ese día, algo cambió. El presidente, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, dio a entender que era la Generalitat la que huía del encuentro: "Desde luego, el Gobierno de España está dispuesto a reunirse, en mi caso, con el 'president' de la Generalitat de Catalunya o con la mesa de diálogo cuando considere también la parte catalana".

Fuentes del Ejecutivo confirmaban justo después que sí, que era el Govern el que estaba poniendo pegas para el despacho de los dos presidentes. Así que las ventanas de oportunidad se estrechan: esta semana, solo estaría disponible el viernes 27, porque Sánchez asiste al Foro Económico de Davos el lunes y martes, regresa el miércoles y el jueves comparece en la Cámara baja para dar cuenta del 'caso Pegasus'. La siguiente semana, los huecos son escasos, porque el presidente participa de la cumbre informal de la UE en Bruselas el lunes 30 y el martes 31 de mayo. Y el viernes 3 de junio arranca la campaña de las elecciones andaluzas.

Desde la Moncloa se reconoce que con los comicios del 19-J ya en marcha, y con unas perspectivas muy sombrías para el PSOE y para su candidato, Juan Espadas, se ve muy poco probable que pueda celebrarse la reunión con Aragonès, cita que sería utilizada de inmediato por el PP y Vox como arma arrojadiza. Y, para los socialistas, Andalucía no es una comunidad menor: ha sido su territorio fetiche y granero electoral, perdido en 2018 tras 37 años ocupando la Junta y clave para unas generales. No obstante, en las alturas del Ejecutivo insisten en que la apuesta por el diálogo es clara y no se renunciará a ella y que la interlocución con el Govern no se ha interrumpido en ningún momento.

La salida de la comisión de investigación

El foco más inmediato, por tanto, estaría en la comparecencia del jueves. En la Moncloa aún se está trabajando sobre el discurso del presidente, y por lo tanto faltan decisiones por tomar. Entre ellas, si anunciará algún paso más para intentar calmar a ERC, como la desclasificación de oficio de las autorizaciones judiciales que respaldaban los seguimientos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a 18 dirigentes independentistas. El equipo de Sánchez barajó esa opción, pero resolvió, al menos hasta ahora, proceder a levantar el secreto solo si lo pide la Justicia. Un miembro del Gabinete desaconseja cambiar de criterio: "No puede ser que desclasifiquemos en función del interés político. ¿Desclasificamos lo que nos dé la gana? No sé en qué mundo viven los independentistas".

Sánchez también abrió la puerta el miércoles a modificar la ley reguladora del CNI, como demanda el PNV. El Defensor del Pueblo, en el informe que hizo público también el miércoles y con el que daba por concluida su investigación a la actuación de los servicios de inteligencia, daba su aval al espionaje al soberanismo, pero apuntaba asimismo la vía de mejorar el control judicial del CNI, cambiando la norma. En el Grupo Socialista advierten de que esta opción "no está en rampa de salida" y de que entraña "riesgos", porque el PP no entraría en esa negociación y los socios de investidura pueden "bloquear" la tramitación o pretender "abrir en canal el CNI".

Otra salida sobre la mesa es que el PSOE acepte la comisión de investigación que Unidas Podemos y los nacionalistas registraron en el Congreso para indagar sobre las cloacas del Estado. Los socialistas tienen la tentación de utilizar ese instrumento para lanzarlo contra el PP ahora que se han descubierto nuevos audios del comisario José Manuel Villarejo con exdirigentes del partido. Sin embargo, tanto en la cúpula del grupo como miembros del Ejecutivo entienden que esa solución no satisfaría a ERC, que demanda un trato bilateral, y tendría "en danza" otra vez a instituciones del Estado.

En todo caso, la valoración de Gobierno y PSOE es que el 'caso Pegasus' se ha aplanado tras la destitución de la jefa del CNI, Paz Esteban. "Amortizado el tema no está, pero creemos que se ha hecho lo que debía hacerse, que se ha enfocado bien y que las cosas están razonablemente encarriladas. Podemos ha cambiado de actitud y ERC ha bajado decibelios", asegura un ministro. "Es un tema ya fuera de foco, sin mucho recorrido", abundan desde la dirección parlamentaria. En la Moncloa son conscientes de que hace falta recuperar la relación con los republicanos, socios clave de legislatura, porque aún queda año y medio hasta las generales y muchas iniciativas por tramitar. Pero al mismo tiempo advierten de que dos decretos fundamentales, la reforma laboral y el plan de choque de respuesta a la guerra de Ucrania, salieron adelante con ERC instalada en el no. Es decir, que el Ejecutivo no abandonará la geometría variable. "Ahora bien, no creo que nos la querremos jugar tanto: mientras el PP esté así, no podemos renunciar a los socios".

"Tiene que ser ejecutiva"

El Govern, mientras, acepta sin tapujos que son ellos los que esquivan la celebración inmediata de la reunión, básicamente, apuntan, porque temen (por decirlo de manera suave) que el mensaje que traslada el Palau de la Generalitat no haya sido desentrañado bien por la Moncloa. Para el Executiu, y en concreto, Aragonès, la cumbre no es el único acto que debe llevar a cabo Sánchez, una cita con la que dar por zanjada la polémica. De hecho, ni el único ni el primero. “La reunión tiene que ser ejecutiva y para ello el ‘president’ debe disponer de toda la información”. El Gobierno ha reiterado que no tiene "nada que ocultar" porque nada se ha hecho fuera de la ley.

Por tanto, los republicanos exigen un ejercicio de transparencia para conocer quién, cómo, a quién, durante cuánto tiempo y en qué momentos miembros del independentismo fueron espiados. Sin esta información, no se puede acometer la segunda gran reivindicación de la Generalitat, la asunción de responsabilidades. En el equipo de Sánchez ya avisan de que no caerá la ministra de Defensa, Margarita Robles, y menos aún a un mes de la cumbre de la OTAN de Madrid. Robles, además, se ha blindado al colocar a su segunda, Esperanza Casteleiro, al frente del CNI.

En el Executiu no excluyen cualquier posibilidad como, por ejemplo, que aparezcan fechas de infección de terminales móviles que cuadren más con negociaciones políticas que con algaradas en la calle. "¿Cómo no va a investigar el CNI, que tiene que velar por la integridad del país, a quienes dicen que lo volverán a hacer? —responde un ministro nada hostil al soberanismo—. ¿Y si se se estuviera negociando, ante una ERC que dice que lo volverá a hacer, se deja de investigar?".

Recuerdan y subrayan en el Govern que el espionaje de las conversaciones entre ERC y los ‘comuns’ tras las elecciones municipales ya supone un cambio de estadio. Son imposible de cubrir bajo el manto de un eventual peligro de quebranto constitucional y se sitúan ya, según cómo se usara la información recabada, en facilitar una posición de ventaja política a una de las partes en litigio por la alcaldía de la capital catalana, el PSC.

El resumen es que la polémica, para la Generalitat, “dista de estar zanjada” y que Sánchez debe moverse y trasladar información a Aragonès. Luego, “depurar responsabilidades”, aunque no se puede calcular hasta dónde pueden llegar “hasta que no se sepa lo que ha pasado”. Y, finalmente, en esa reunión a celebrar, Sánchez “debería preparar mecanismos que den garantías de que un escándalo así no va a volver a suceder”.

¿Y si se dilatan los plazos o si bien esa desclasificación no se produce? “Ya se lo encontrarán”, responde con serenidad una fuente de Palau. ¿Dónde? En el Congreso, claro está. “¿Cuántas votaciones pueden sacar adelante con el PP?”, pregunta esta voz.