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Espionaje

El Gobierno habilita al CNI a compartir con el juez información secreta sobre el espionaje a Sánchez

El magistrado de la Audiencia Nacional envió un suplicatorio al Ejecutivo para que valorase si hay nuevos papeles sobre los que levantar el secreto | En la Moncloa precisan que no hay más papeles que enviar al juez, pero en todo caso "nada tiene que ver" con la vigilancia a los independentistas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EP

El Consejo de Ministros debatió este martes la petición de la justicia de desclasificar documentos relacionados con el espionaje con Pegasus a Pedro Sánchez y a los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y el intento de agresión a Luis Planas, según confirman El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, fuentes gubernamentales. Lo hizo a petición del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado de las diligencias relativas a los ataques sufridos en los terminales de los cuatro miembros del Gobierno a través de dos suplicatorios remitidos los días 10 y 12 de mayo. Pero no hay nuevos documentos en poder del Gobierno, que siempre ha defendido que ese seguimiento fue externo (o sea, ajeno al aparato del Estado) e ilícito, así que lo que resolvió es habilitar a los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y su actual directora y a la anterior, a "compartir la información que conozcan con la Justicia, y que de este modo pueda seguir la instrucción el juez".

El magistrado José Luis Calama abrió el pasado 3 de mayo diligencias por delito de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por las intromisiones ilegales sufridas en los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, con Pegasus. Según los Servicios Jurídicos del Estado, el de él fue atacado el 19 y el 31 mayo de 2021, días de gran tensión con Marruecos, mientras que el de ella lo fue en junio de ese mismo año.

Posteriormente los Servicios Jurídicos del Estado, que actúan en representación de los miembros del Gobierno afectados, ampliaron su denuncia con el ataque sufrido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el intento registrado en el móvil del de Agricultura, Luis Planas.

Dado el carácter secreto de ciertos documentos y el asunto del que trata, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional se ha visto obligado a solicitar al Consejo de Ministros su desclasificación, en caso de haberlos, para poder tener acceso a ellos, así como para proceder a tomar ciertas declaraciones con las que avanzar en sus pesquisas sobre el origen del ataque sufrido por los miembros del Ejecutivo. A propuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el magistrado decretó también el secreto de las actuaciones.

No hay documentos

Fuentes de la Moncloa confirmaron que el Consejo de Ministros debatió este punto, la posible desclasificación de la información que pudieran tener relacionada con el espionaje a Sánchez y a los tres ministros, dado que deben responder al suplicatorio enviado por el juez. Las mismas fuentes subrayan que estos documentos, "en caso de que hubieran existido", "nada tienen que ver" con el espionaje al independentismo ordenado por el CNI y avalado por el Supremo. Es decir, que no se trata de un gesto para calmar la inquietud del Govern y en concreto de ERC, socio clave de legislatura, sino simplemente de responder a una petición de la Justicia.

En cualquier caso, "no hay más documentos" que desclasificar porque "obviamente" el CNI no ordenó espiar al presidente y a los responsables de Defensa, Interior y Agricultura, reiteran. Es decir, que si el juez envía un suplicatorio pidiendo al Gobierno que valore si puede levantar el secreto de ciertos archivos, el Gobierno ha de responderle por acuerdo del Consejo de Ministros, y advertir de si existen esos nuevos papeles o no. En este caso, además, se ha habilitado a los funcionarios del CNI y a su actual directora, Esperanza Casteleiro, y a la ya destituida, Paz Esteban, para que compartan la información que tienen con la Justicia y Calama pueda continuar así la instrucción.

La información que puedan ofrecer al juez son facilitadas o trasladadas a las partes personadas, aunque de momento solo lo están la fiscalía y la Abogacía del Estado. En cualquier caso al estar declarado el secreto de las actuaciones solo serás conocidos por el ministerio público.

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