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Espionaje

Malestar en la Audiencia Nacional por los detalles dados por el Gobierno sobre el espionaje a Sánchez

El juez Calama pidió la desclasificación al Ejecutivo para poder tomar declaración a la exdirectora del CNI y los expertos criptológicos que redactaron el informe

Entrada a la Audiencia Nacional, en Madrid. EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama decretó el secreto de las actuaciones en la causa en la que investiga lo ataques sufridos en los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tres ministros para poder investigar con la máxima reserva lo ocurrido y tratar de que las pesquisas lleguen a buen puerto. De ahí que en la Audiencia Nacional haya generado cierto malestar el que se conociera que entre los próximos pasos del magistrado está interrogar a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a los agentes que participaron en los informes realizados sobre el espionaje, señalaron a El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, fuentes jurídicas.

Para poder ahondar en lo ocurrido en los ataques denunciados por la Abogacía del Estado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 se dirigió al Ejecutivo a través de dos suplicatorios para que procediera a la desclasificación de documentos y permitiera declarar a las personas que pudieran tener conocimiento de lo ocurrido, ya que todo lo relacionado con los servicios de inteligencia es materia reservada.

En el Consejo de Ministros del pasado martes se habilitó a los funcionarios del CNI, su actual directora, Esperanza Casteleiro, así como a su antecesora, la destituida Paz Esteban, a "compartir la información que conozcan con la Justicia" para que el juez encargado de las diligencias relativas a los ataques a los móviles del presidente del Gobierno, así como de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska y el intento de agresión a Luis Planas, pueda seguir con la instrucción de la causa. 

Ahondar en los ataques

La comparecencia de Esteban en la Audiencia Nacional, adelantada por El Confidencial, ha supuesto para los magistrados de la Audiencia Nacional la constatación de que el Ejecutivo no parece consciente de la importancia del sigilo para llevar a buen fin la investigación iniciada, para la que era imprescindible la desclasificación de documentos y la autorización de los autores del informe del Centro Criptológico Nacional, en el que se basó la denuncia interpuesta por la Abogacía del Estado, a resolver las dudas que puedan tener el magistrado y el fiscal adscrito al caso, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso,

En el auto de admisión a trámite del magistrado figuraba que en esos informes se afirmaba que los dispositivos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa "ponen respectivamente de manifiesto" que el móvil del primero "fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)", fechas que coincidieron con la entrada masiva de inmigrantes que se produjo en la frontera con Marruecos. El ataque sufrido por la segunda fue en junio de ese mismo.

Posteriormente los Servicios Jurídicos del Estado ampliaron su denuncia con el detectado en el móvil del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el intento descubierto en el de Agricultura, Luis Planas. Ambos se produjeron en fechas similares a las de su compañera de Gabinete.

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