Quedan 12 días para el vencimiento del mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Dos fueron nombrados en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy: Pedro García Trevijano, actual presidente, y Antonio Narváez (en sustitución, en 2014, del dimitido Enrique López, pillado por conducir sin casco y ebrio su moto en el paseo de la Castellana de Madrid a primeros de junio de aquel año); y dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre ellos Juan Antonio Xiol, actual vicepresidente.
Si bien los dos negociadores del PSOE y del PP han abierto negociaciones en las últimas semanas, y aunque se presumía, según anuncios de dirigentes populares, que las elecciones autonómicas de Andalucía no obstaculizarían la tramitación de la renovación del CGPJ, caducado desde diciembre de 2018, y en su noveno año desde su constitución en diciembre de 2013, lo cierto es que el único pacto mutuo que ambas formaciones están cumpliendo es el pacto del silencio. El compromiso entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario Institucional, Justicia e Interior del PP, Esteban González Pons, es mantener la boca cerrada.
En fuentes del Gobierno en la que abrevan sectores de la magistratura, empero, no está claro que el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está por la labor de renovar sin dilaciones el CGPJ y el TC.
Gobierno paralizado
El Gobierno, por otra parte, parece estar paralizado en relación con una decisión que es independiente del futuro e incierto acuerdo de renovación que negocia desde 2018 primero con el PP de Pablo Casado y ahora con el de Núñez Feijóo, cual es el nombramiento vía Consejo de Ministros de los dos magistrados que sustituirán a los del sector conservador, González Trevijano y Narváez.
¿Parálisis?
En dos sentidos. El primero es que el Consejo de Ministros debería, el martes 7 de junio, nombrar a los dos magistrados que le toca, por mandato de la Constitución, designar. No habría problema en postergar unos días, digamos, hasta el martes 14, esos nombramientos.
Pero ahora mismo existe un vacío total. Fuentes judiciales consultadas estiman que el Gobierno se ha confiado demasiado en la voluntad negociadora de Núñez Feijóo y ha dejado de tomar dos decisiones relevantes para superar la parálisis.
La primera: enviar un proyecto de ley para modificar la ley orgánica de 2021 por la que se prohibió al CGPJ caducado seguir haciendo nombramientos de magistrados, incluyendo en ellos a los magistrados del TC.
Y, en segundo término, nombrar ya a los dos magistrados que corresponden al Gobierno para dejar constancia de que está empeñado en cumplir la Constitución aunque otros, el PP, no quieran observarla.
Progresistas y conservadores
La renovación del TC se hace según la norma constitucional por ternas. Es decir, que los cuatro magistrados que verán vencer sus mandatos el 12 de junio próximo tienen que ser renovados por otros cuatro cuya procedencia es, según se ha apuntado, desde el Gobierno y del CGPJ, dos y dos, respectivamente.
Pero como el CGPJ tiene la prohibición legal de nombrar a sus dos candidatos -habitualmente uno del sector conservador y otro del sector llamado progresista-, la terna solo se renovaría por mitades, Ya ocurrió excepcionalmente en época de la UCD, cuando el Gobierno de nombró a sus dos magistrados, quienes tomaron posesión sin que el CGPJ designara a los suyos porque no estaba constituido, situación que se aplazó unos meses.
Problema con los dos que nombre el Gobierno sin que el CGGJ lo haga con los suyos: que la mayoría conservadora del TC bloquee su toma de posesión. Porque el Pleno debe dar el 'nihil obstat' a la incorporación de los nuevos miembros. Y con el argumento de que se debe renovar la terna, la mayoría podría frenar la toma de posesión de los magistrados nombrados por el Gobierno echando más leña al incendio constitucional.
Cuestión de mayorías
Si la modificación de la ley orgánica se hubiera elevado al Congreso, la mayoría gubernamental ya tendría la seguridad de que el CGPJ podría hacer sus dos nombramientos. Pero el gobierno se ha dormido.
El presidente del TC, Pedro González Trevijano, había descrito una solución para este puzle. Como la ley orgánica en cuestión está recurrida ante el TC por el PP y Vox, ¿por qué no admitir parcialmente en el TC los recursos y declarar inconstitucional solo la prohibición al CGPJ de nombrar los dos magistrados del TC, una obligación que está por encima de cualquier ley orgánica ya que emana de la Constitución?
Problema: que la mayoría conservadora puede orientarse a declarar totalmente inconstitucional la ley orgánica. ¿Y qué pasaría? Que el actual CGPJ caducado volvería a cobrar vida y empezaría una nueva ola de magistrados de la cuerda de la mayoría conservadora.
“Eso se parece a una trampa saducea del PP. Quieren declarar inconstitucional toda la ley orgánica de 2021. A partir de ese momento, el CGPJ haría los nombramientos pendientes en el Supremo, los tribunales superiores de justicia por otros cinco años. Amén del varapalo al Gobierno, por el hecho de que su solución, la ley orgánica que prohibió hacer nuevos nombramientos habría vulnerado la Constitución”, señala una fuente consultada.
La estrategia del PP
El hecho es que impedir la renovación del TC supone desconocer la nueva mayoría progresista. Porque con los dos magistrados nombrados por el Gobierno más el progresista de los dos magistrados que nombraría el CGPJ, alterarían después de nueve años la mayoría en el TC, lo que implica un presidente progresista en el tribunal de garantías.
Tanto en lo que se refiere al TC como al CGPJ, la estrategia del PP ha sido desconocer la mayoría democrática en ambas instituciones, en línea con su calificación de golpe de Estado de la moción de censura que en junio de 2018 desalojó al PP del Gobierno. No son pocos quienes, dentro del PP, tienen la tentación de ganar más tiempo y mantener su control político hasta que Núñez Feijóo recupere la Moncloa y, por esa vía, dar otra vuelta de tuerca a la judicatura y magistratura para sus intereses.
La utilidad de esta estrategia se ha podido confirmar una vez más con la maniobra de proyectar una espada de Damocles amenazadora sobre los indultos del 'procés' con el 'donde dije, digo Diego', cuatro meses después, y merced a un cambio de magistrado.
