La Fiscalía rebaja su petición para Cursach a un año y medio de prisión

Rebajas en el Caso Cursach. La fiscalía ha recortado notablemente sus peticiones de condena para los 16 imputados a los que todavía acusa. Tras anunciar que retiraba los cargos contra ocho de los procesados -uno de los cuales ha fallecido antes del juicio-, el ministerio público ha presentado un nuevo escrito de acusación. En él reclama ahora dos años de prisión para Bartolomé Cursach, frente a los 8 años y medio solicitados inicialmente. Para el director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert pasa a reclamar tres años y medio. Ambos estaban acusados de delitos de grupo criminal, prevaricación, cohecho y coacciones, pero la fiscalía ha retirado varios de ellos al entender que no hay pruebas. A Cursach solo le imputa ahora delitos de grupo criminal y prevaricación.

Los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz también reducen de forma notable las peticiones de condena para varios de los 14 agentes de la Policía Local de Palma, que se enfrentaban a condenas de hasta 12 años y medio de cárcel por un rosario de delitos. En el escrito presentado esta semana ante el tribunal de la sección primera que debe enjuiciar el caso a partir del próximo día 13, la fiscalía ha retirado buena parte del relato de hechos inicial, presentado a finales de 2018 por el propio Carrau y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, ahora bajo investigación por presuntas irregularidades durante la instrucción junto al juez Manuel Penalva.

El ministerio público, como ya adelantó en un documento remitido a la Audiencia, retira todos los cargos y pide la absolución de otros siete acusados. Son tres de los más estrechos colaboradores de Cursach: Jaime Lladó, director de Tito's; Arturo Segade, responsable de la zona VIP del local y Antonio Bergas, antiguo agente de la Policía Local de Palma que acabó siendo uno de los empleados de confianza del empresario. También exculpa a la ex directora general de Turismo, Pilar Carbonell, a un funcionario de este organismo y a otros dos de los Ayuntamientos de Palma y Calvià. Otro de los implicados, Miguel Estarellas, agente de la Patrulla Verde, ha fallecido durante la tramitación de la causa y también figura en la lista de exculpados.

Por un lado, la acusación pública sostiene que "se ha comprobado la falta de verosimilitud" de los delitos imputados a Lladó, Segade y Bergas. Estaban acusados de grupo criminal, cohecho, prevaricación y tráfico de drogas por ofrecer fiestas con prostitutas y estupefacientes a agentes de la Policía Local de Palma a cambio del trato de favor que daban al Grupo Cursach. El principal testigo que avalaba la existencia de estos hechos era un exempleado de Tito's que acabó siendo imputado por mentir durante la investigación.

Por otra parte, la fiscalía retira la acusación contra Pilar Carbonell y uno los funcionarios de la conselleria de Turismo, acusados de prevaricación por permitir que se realizaran obras sin licencia en el Megapark. Carrau y Herranz argumentan en su escrito que no dictaron ninguna resolución administrativa sobre este asunto y, por tanto, no hay evidencias contra ellos. También queda fuera del procedimiento judicial un celador de obras del Ayuntamiento de Palma y un funcionario del Ayuntamiento de Calvià.