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Caso Erial

La familia Cotino ganó 86,5 millones con la reventa de las ITV y el Plan Eólico

La magistrada señala que "no existe en documento alguno que justifique y avale la privatización" de las inspecciones de vehículos

El empresario Vicente Cotino, propietario de Sedesa. EFE

La familia Cotino ganó 86,5 millones con la reventa de las concesiones del Plan Eólico y la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que se adjudicaron presuntamente a cambio de comisiones a dos presidentes de la Generalitat, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas. Así consta en el auto de apertura de procedimiento abreviado dictado ayer por la titular del Juzgado de Instrucción 8 de València quien señala que "con las adjudicaciones de los parques eólicos y las ITV, el grupo Sedesa [de la familia Cotino] a través de sus sociedades controladas por Vicente Cotino Escrivá, José Cotino Escriva y Juan Gabriel Cotino Ferrer, obtuvieron un beneficio de 86.511.400,15 euros, por lo que pudieron permitirse el pago de altas comisiones". La causa ya no se sigue contra Juan Cotino después de que falleciera por covid-19 mientras era juzgado por los amaños de la Gürtel en la visita del papa de 2016.

Sobre estos concursos públicos, los investigadores del caso Erial señalan que "tres de las zonas de los parques eólicos fueron adjudicadas a Proyectos Eólicos Valencianos", una mercantil formada por la familia Cotino y otras sociedades. "Tras el mecanismo de suscripción y venta de acciones que realizó Planes Eólicos Valencianos, las acciones iniciales que tenían un valor de 120.000 euros, se convirtieron al ser adquiridas por Endesa en 48.000.000 euros en apenas seis años", apuntada la magistrada en el auto. Respecto a las ITV (inspección técnica de vehículos) el auto de Instrucción 8 señala que los Cotino lograron "el lote 1 de Castelló, Vila-real y Vinaròs, por un precio que en la actualidad sería 5.823.318,12 en el año 2002, vendiéndose en el año 2004 por 43.000.000 de euros".

Sobre las ITV, que ahora el Consell del Botànic quiere rescatar de la privatización realizada por Zaplana, la magistrada señala que "no se ha encontrado en el expediente documento alguno que justifique y avale la privatización de las ITV. Tampoco existe estudio económico. Sí únicamente un cuaderno, sin fecha ni firma, que recoge explicaciones respecto a previsiones de crecimiento. Existiendo además un informe desfavorable que nunca se tuvo en cuenta, tratándose de contratos de gestión de servicios públicos, con la modalidad de concesión".

Respecto al pago de las altas comisiones aludidas por la magistrada en su auto, los investigadores del caso Erial calculan que los Cotino pagaron 10.521.351,3 euros que se abonaron a través de Asedes Capital (9.850.939,68 euros), Pontia Asset Management (90.411,6 euros) y Sedesa inversiones (580.000 euros) para engrosar las cuentas de las empresas Imison International (6.400.000 euros), Fenix Investments (2.186.000), Dobles Figuras Consultores (1.355.351,28 euros) e Imarol (580.000 euros), que gestionaron los testaferros de Zaplana, su ex jefede gabinete, Juan Francisco García y José Luis Olivas.

Sobre Jose Luis Olivas, el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 8 de València señala que "cuando era vicepresidente del Consell se aprobó la preselección de las empresas solicitantes al Plan Eólico" y cuando era presidente de la Generalitat "se emite la resolución de la Consellería de Industria, Comercio y Energía (el 25-02-2003), por la que se resuelve la convocatoria para el desarrollo y ejecución del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, en la que se seleccionó a la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos para el desarrollo de tres de las zonas".

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