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La investigación de las cacerías

El abogado del rey Juan Carlos I le aconsejó visitas cortas para evitar que Hacienda lo pudiera citar

Sánchez-Junco recomendó en octubre al emérito que no volviera a España hasta que la investigación de la Agencia Tributaria estuviera cerrada

Juan Carlos I, el pasado 22 de mayo, en Sanxenxo (Pontevedra). EPC

El abogado de Juan Carlos IJavier Sánchez-Junco, aconsejó en octubre pasado a su cliente que era mejor no volver a España hasta ver cerradas las dos investigaciones que tenía abiertas entonces: la de la fiscalía y la de la Agencia Tributaria. A principios de aquel mes se había filtrado que el ministerio público iba a archivar las diligencias, pero Sánchez-Junco avisó entonces al emérito de que, aunque ese decreto de cierre llegara pronto (al final se demoró hasta marzo), su recomendación era que, para regresar a España, debía esperar a que se clausurara también la de Hacienda (algo que todavía no ha ocurrido).

Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio que pertenece, al igual que este diario, al grupo Prensa Ibérica, en octubre Sánchez-Junco ya había recibido la visita de una inspectora de la Agencia Tributaria para solicitarle información sobre algunos gastos de Juan Carlos I y de ahí su temor a que, si su cliente volvía, Hacienda pudiera citarle a él directamente para reclamarle datos. "Eso sería fatal para la monarquía y para la figura del propio rey Juan Carlos, porque él no tiene información detallada de esas cosas y no sería de ayuda", señalan fuentes del entorno del emérito.

'El Mundo' publica que se investigan las cacerías a las que acudió entre 2014 y 2018, cuando ya no era inviolable

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De hecho, es en el mes de octubre cuando el exjefe de Estado tomó la decisión de seguir viviendo en el extranjero y pasar solo "temporadas" en España, tal como publicó este diario. Seis meses después lo hizo oficialmente público mediante una carta enviada a su hijo.

El viaje exprés de mayo

Las ganas de pisar España de nuevo del exjefe de Estado, sin embargo, se impusieron. Sánchez-Junco le indicó que entonces la visita debía ser lo más corta posible. Finalmente, el emérito se desplazó a Sanxenxo (Pontevedra) y Madrid a mediados de mayo, cuando ya se había cerrado la investigación de la fiscalía, pero el viaje fue exprés: cinco días y con un fin de semana en medio. La brevedad se debió a la incomodidad del desplazamiento para el propio Felipe VI y el Gobierno, pero también al miedo a esa posible llamada de la Agencia Tributaria.

"[La citación] sería fatal para la monarquía y para la figura del propio rey Juan Carlos, porque él no tiene información de esas cosas", señalan fuentes del entorno del emérito

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'El Mundo' publicó este miércoles que las peticiones de información se refirieron al "origen de los fondos con los que se sufragaron los vuelos y el resto de gastos derivados" de las cacerías a las que fue invitado entre 2014 y 2018, una vez que ya había dejado el trono y no disfrutaba de la inviolabilidad que le da la Constitución al jefe del Estado. La Agencia Tributaria quiere saber si el emérito "tuvo un incremento de patrimonio no justificado ante el fisco desde que abdicó como Rey", señaló el rotativo.

Pese a las recomendaciones de Sánchez-Junco, Juan Carlos I les dijo a sus amigos de Sanxenxo en mayo que volvería este viernes a España para participar en otra regata, aunque al final ha decidido aplazar ese viajeAmigos de su entorno madrileño y antiguos colaboradores de la Zarzuela le han aconsejado que el segundo desplazamiento sea más discreto que el primero, que acabó siendo un espectáculo mediático.

"Profesionalidad" de los funcionarios

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este miércoles que no tiene información sobre la investigación de la Agencia Tributaria y destacó la "profesionalidad" de los funcionarios de ese organismo. Durante meses, Montero se ha limitado a recordar que la Agencia debe comprobar si las dos regularizaciones fiscales por cinco millones de euros de Juan Carlos I habían sido "completas y veraces", una investigación que discurrió en paralelo a la de la fiscalía durante un tiempo.

En Abu Dabi, llamaron la atención las palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunció en octubre, días después de que se supiera que el ministerio público iba a dar carpetazo a sus diligencias sin presentar querella. "Todos los españoles son tratados ante la Agencia Tributaria, ante la fiscalía y eventualmente ante el Poder Judicial, si al final eso ocurriera, de la misma manera", dijo entonces Sánchez. La concreción no pasó desapercibida entonces al entorno de Juan Carlos I. Más de ocho meses después, los funcionarios de Hacienda siguen analizando y cotejando información y el emérito ha suspendido su segundo viaje.

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