Una amplia mayoría del hemiciclo -102 de 135 diputados y una abstención- ha logrado renovar este miércoles el pacto lingüístico que rige las aulas de Catalunya. Apremiado por la sentencia del TSJC, el Parlament ha aprobado la nueva ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria pactada entre PSC, ERC, Junts y 'comuns' entre duros ataques de Vox, Cs y PPC, dispuestos a librar la batalla judicial en el Tribunal Constitucional.

El acuerdo forjado a cuatro bandas establece el catalán como lengua vehicular y garantiza el castellano como lengua curricular y educativa, sin fijar porcentajes y acomodándose a la realidad sociolingüística de cada centro que deberá presentar sus proyectos lingüísticos al Departament d'Educació para que los valide. Todo esto, como forma de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a que el 25% de las clases sean en castellano y tras el plácet del Consell de Garanties Estatutàries al redactado.

La disolución de bloques, propulsada por una alianza entre independentistas, socialistas y 'comunes', ha provocado los contundentes reproches de Vox, Cs y PPC al PSC por pactar con el soberanismo el blindaje de una inmersión lingüística "forzosa" con "hispanófobos" como aliados.

"[Francisco] Franco le hizo un flaco favor al castellano en Cataluña imponiéndolo y machacando el catalán, y ahora ustedes se lo hacen al catalán, imponiéndolo radicalmente y tratando de erradicar al castellano de las instituciones", ha espetado el líder de Cs, Carlos Carrizosa, hurgando en la colaboración del PSC y En Comú Podem en la operación, e incluso comparando unas declaraciones de la portavoz socialista Alícia Romero en defensa de la vehicularidad del catalán con el "catecismo rancio" del expresidente Quim Torra.

"¿Cómo es posible que se sumen al nacionalismo más rancio?", ha preguntado el líder del PPC, Alejandro Fernández, a los socios en el Gobierno central. Y, al igual de Carrizosa, ha citado al expresidente Jordi Pujol para aseverar que esta nueva ley es una "traición" que acaba con el pacto forjado 40 años atrás. Fernández ha insistido en que esta norma no hace ningún favor al catalán criticando que el Govern se centre en esta ley en vez de velar por un mayor uso social de la lengua sin "menospreciar" al castellano.

A parte de los recursos al Constitucional, los tres partidos ponen en marcha las querellas contra el 'conseller' Josep Gonzàlez Cambray, y altos cargos del Departament d'Educació. "No nos gusta presentar querellas, pero nos vemos en la obligación de hacerlo", ha inquirido el portavoz de la extrema derecha, Joan Garriga, desatando las risas del hemiciclo, ante lo que ha respondido amenazando con penas de prisión.

Salir de la trinchera

La diputada del PSC, Esther Niubó, negociadora de la ley, ha replicado que "no hay nada de inconstitucional, ni se niega el derecho a la enseñanza del castellano" porque esta ley "se ajusta perfectamente a la normativa y a la sentencia del TC del 2010". "No sé si algunos de estos partidos quizá quieren ir más allá de la normativa y si a algunos preocupa los porcentajes no corresponde a una ley entrar en esta concreción", ha insistido, pidiendo a Vox, Cs y PPC que estén anclados en la "confrontación permanente" generando "crispación" desde la "trinchera".

Ahora bien, pese a celebrar el acuerdo con independentistas y 'comuns', Niubó ha afeado al Govern que, en el decreto que acompaña a esta legislación, "no haya preservado el espíritu del redactado" porque se explicita el rechazo a los porcentajes y desaparece la mención al uso curricular y educativo del castellano.

"La inmersión no se toca", ha defendido, por su parte, la parlamentaria de los morados Jéssica González. "Hoy debatimos el mantenimiento de unos derechos, de la igualdad de oportunidades", ha espetado ya que ha hecho un defensa cerrada del texto porque, a su juicio, blinda la inmersión y protege a los docentes del "embate de los jueces".

Abstención por huelga de hambre

Un diputado de Junts, el negociador de la ley Francesc Ten, se ha abstenido en la votación como muestra de "solidaridad" con el activista Salvador Ribot, en huelga de hambre desde hace 13 días "en defensa del catalán en las escuelas". Ten ha defendido el descuelgue inicial de su partido del acuerdo del 24 de marzo porque ha dicho que ha permitido llegar a un "mejor" acuerdo "consensuado con la comunidad educativa". "Hemos recuperado el consenso que el país y la escuela catalana merece", ha rematado la diputada de ERC, Mònica Palacín.

La CUP siguió con su oposición total a la ley y cargó contra Junts y ERC por "introducir el bilingüismo en la escuela". El parlamentario Carles Riera ha preguntado a la posconvergencia si "esta es la de confrontación con el estado y de unilateralidad que prometisteis" y, a los republicanos, si "este es el conflicto democrático para defender consensos de país".

El 'president' Pere Aragonès ha pedido turno de palabra a la cola de los grupos parlamentarios para blandir "la responsabilidad de legislar". "No dimitimos de nuestra responsabilidad. Hoy se legisla para que las leyes las apruebe este Parlament y no otra instancia", ha deslizado, para rematar que "este es un acuerdo, también, para la cohesión social, para que las lenguas no sean un instrumento de ataque partidista porque lo que fractura no es la lengua, sino la falta de equidad y la pobreza". El jefe de la oposición, Salvador Illa, ha afirmado que defender el castellano no es atacar al catalán y ha tendido la mano a Aragonès con la esperanza de que este pacto debe ser un "punto de partida, no de llegada".