El titular del Juzgado central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a un total de 32 personas, entre ellas el exconseller de la Generalitat y exdelegado del Gobierno Serafín Castellano, por formar una organización criminal que presuntamente se concertó para alterar la contratación y adjudicación de los contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea mediante la corrupción de funcionarios y autoridades, según informan fuentes de la Audiencia Nacional.
En el auto que finiquita la instrucción del conocido como caso del cártel del fuego, el magistrado de la Audiencia Nacional entiende que los hechos son susceptibles de ser calificados como delitos de organización criminal; continuados de alteración de precios en concursos o contratación pública; cohecho; falsedad documental; malversación de caudales públicos; prevaricación; asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; tráfico de influencias y exacciones ilegales.
El procedimiento judicial en el que estaban implicados empresarios de la navegación aérea, autoridades y funcionarios es fruto de diligencias de investigación iniciadas por el ex fiscal Anticorrupción y actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Vicente Torres, y de las diligencias de los Juzgados de Instrucción 1 y 2 de Sagunt (El Camp de Morvedre) y del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla.
Se trata de la pieza separada número 1, que investigó el presunto amaño de contratos, al considerar que los investigados, entre los que figura el exconseller y ex delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, otros exaltos cargos valencianos y de Cataluña y una treintena de empresarios de seis autonomías, integraban un "grupo criminal que actuaba de manera coordinada en varias comunidades y también en el extranjero" para repartirse el mercado, pactar los precios de los aviones de extinción de incendios forestales y perpetrar un presunto fraude que podría superar ampliamente los cien millones de euros.
La instrucción de la pieza principal del cártel del fuego acabó en la Audiencia Nacional al constatar la investigación la "concertación" de nueve empresas de los aviones de extinción de incendios para «alterar las normas de la competencia" que se repartían «de forma extraoficial" las contrataciones públicas en seis autonomías españolas y países, como Portugal, Italia y Chile.
El auto que finiquita la instrucción indica que de lo investigado “ha quedado suficientemente acreditado que un grupo de personas y entidades, actuantes en el sector de la navegación aérea para extinción de incendios, con ánimo de lucro y mediante múltiples ardides y mecanismos, se concertaron para alterar los términos de la normal concurrencia en los procesos de contratación y adjudicación pública e igualmente que, para ello, se vino corrompiendo, mediante compensaciones económicas, a múltiples funcionarios y autoridades intervinientes en la adopción de decisiones inherentes a los procesos de contratación o del control y ejecución de lo contratado”.
Unos presuntos amaños que se lograban “mediante actuaciones, decisiones o comportamientos, injustos, injustificados, arbitrarios” de los investigados, bien incrementando indebidamente el gasto en favor de las personas y empresas concertadas; bien permitiendo prórrogas o modificaciones contractuales indebidamente (sin la correspondiente memoria justificativa o sin las ofertas técnicas o sin las regulares actas de iniciación y finalización de los servicios o de los partes mensuales de trabajos o de las actas de conformidad con los trabajos, o sin cumplimiento de las características mínimas de las PPT); bien aprobando indebidamente facturaciones; o bien favoreciendo a determinadas personas y entidades.
"Los empresarios y sus compañías -según el auto de la Audiencia Nacional- se integraban en un grupo de actuación que se repartía geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector, así como los procedimientos concretos de contratación, incluso mediante progresivas reuniones en las que preestablecían qué sociedades concretas concurrirían (y cuáles no) a dichos procesos, en qué zonas de influencia, con qué turnos rotatorios, cuándo en forma de uniones temporales de empresa (UTE), y estableciéndose además sucesivas compensaciones y liquidaciones económicas intragrupo como consecuencia de tal forma de proceder".
Y cita, como ejemplo de los amaños, "que no solo se desarrollaban en España sino también en otros países, lo que en ocasiones provocó que algún concurso quedara desierto generándose un incremento posterior del precio de licitación en el procedimiento negociado sin publicidad". En otros contratos presuntamente amañados "las prórrogas arbitrarias e injustificadas de los contratos y los injustificados expedientes de enriquecimiento injusto generaban incrementos notabilísimos en los importes finales de adjudicación o en los costes totales de los contratos".
El magistrado refleja que, según informó la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), solo en la Comunitat Valenciana, donde se han constatado las principales infracciones, con sujeción a la exclusiva concurrencia de Avialsa (vinculada al investigado principal Vicente Hhuerta) y ocasionalmente UTE en las que se integraban otros investigados, entre 1999 y 2017, se concertaron contratos por importe total de 151.585.386,22 euros.
Pago de dádivas o regalos a funcionarios y autoridades
La investigación también ha acreditado, según el juez instructor de la Audiencia Nacional, que "mediante dádivas o regalos los investigados principales corrompían a funcionarios y autoridades (igualmente imputadas) influyentes o intervinientes en las decisiones de contratación del sector obteniendo aquellos, para sí o terceros, las resoluciones, decisiones, comportamientos, o actuaciones delictivas, injustas o favorecedoras en dichas tramitaciones, contrataciones y ejecuciones contractuales. Se ha constatado una sistemática actuación de generación de actitudes clientelares en el ámbito de la administración interviniente en el sector”.
En concreto, según el auto hecho público este miércoles, se ha comprobado que, en el ámbito contractual de la Comunitat Valenciana y Cataluña, el grupo de entidades o sociedades vinculadas con Avialsa realizó por diversos medios, en favor de funcionarios o autoridades, entregas de metálico o regalos consistentes en vehículos, cacerías, armas de fuego y accesorios, relojes y joyas o estancias en establecimientos hoteleros.
El auto apunta que solo a Serafín Castellano (exconseller en la Generalitat Valenciana-de Sanidad entre 2003 y 2007 y de Gobernación y Justicia, entre 2007 y 2014) y delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana cuando fue detenido, y sin que eso agote todas las dádivas entregadas, se le realizaron, tomando únicamente en cuenta el ámbito de las actividades cinegéticas, regalos por importe no inferior a 163.736,02 euros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 relata otra serie de pagos a funcionarios y autoridades y subraya también que al pactado funcionamiento de los investigados aludidos y sus empresas contribuyó también el uso instrumental de la AECA (Asociación Española de Compañías Aéreas) gestionada, a tal fin, por el también investigado Dámaso C.A.
