Andalucía, la comunidad más poblada de España (8,5 millones de habitantes), afronta en los próximos cuatro años importantes retos económicos relativos a la creación de empleo, la recualificación de trabajadores, el fortalecimiento de la actividad de sus empresas, el impulso a la i+D+i o el aprovechamiento de los fondos europeos. Tras la mayoría absoluta lograda en las elecciones del 19 de junio, el nuevo gobierno de Juanma Moreno tiene en su hoja de ruta una estrategia económica encaminada a seguir buscando la convergencia con la media española y europea, ya que la región continúa presentando diferenciales negativos claves como el promedio de tasa de paro (21,7% en la región frente al 14,8% nacional y el 6-7% de la UE y la Eurozona), la densidad empresarial (75 empresas por cada 1.000 personas en edad de trabajar en la comunidad frente a 86 en España, según el INE) o el PIB per cápita (17.747 euros en Andalucía por los 23.693 en el conjunto del país y los más de 30.000 de la UE-27).
Este último dato la sitúa además en el grupo de regiones con menor desarrollo de Europa, al estar por debajo del 75% de la media UE-27 (en concreto, la comunidad se movió en 2020 en el 63%, mientras que el conjunto de España lo hizo en el 84%).
¿Cuál es, por contra, el punto a favor para la Junta? Que con la mayoría absoluta garantiza la aprobación de los Presupuestos en los próximos años, lo que otorga gran estabilidad para acometer los proyectos fijados
La Junta de Andalucía presentó en mayo la Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía (ETEA), Horizonte 2027, encaminada precisamente a planificar los pilares básicos con los que se pretende afianzar la senda de convergencia con la UE.
Según este documento, que Moreno incorporó también a su programa electoral del 19-J, la clave para avanzar en el nivel de PIB per cápita pasa por mejorar tanto las cifras de empleo como de productividad, y para ello se necesita "avanzar en competitividad, mejorando la dotación de capital físico productivo, fomentando la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia del conocimiento, reforzando el tejido empresarial para que gane en dimensión y adaptando los modelos de cualificación de la población".
El documento recoge para este periodo unos recursos financieros estimados en 27.917 millones de euros de los que más de la mitad (15.284) procederán de fondos europeos, fundamentalmente del nuevo marco de financiación 2021-2027. El resto son recursos de carácter autonómico, con otras inversiones estatales y con el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MMR) que aprobó Bruselas para paliar los efectos de la pandemia.
La ETEA define diez objetivos, que se concretan en el aumento del gasto en I+D+i desde el 1,08% del PIB de 2020 hasta el 2%, y en el incremento de la base empresarial, con la que se quiere dar un salto de la actual densidad de 75,3 empresas cada mil habitantes a 80 empresas. Asimismo, se establece el objetivo de reducir la tasa de paro del 21,7% al 14,1% de la población activa, así como la disminución de la tasa de abandono escolar prematuro al 15%, teniendo en cuenta que se parte del 17,7% en 2021. Otro objetivo es la anulación de la diferencia en los índices de envejecimiento entre los ámbitos rurales y urbanos, así como en acortar la brecha de género en el empleo, pasando de los 17,1 puntos de 2020 a 10.
El nuevo Ejecutivo andaluz tendrá que buscar estos objetivos, eso sí, en un contexto económico de enorme dificultad, pendiente por un lado de cerrar el impacto de la crisis sanitaria del Covid y, por otro, de capear los terribles efectos de la invasión rusa de Ucrania. Los problemas de logística internacional generaron en 2021 cuellos de botella que tensionaron las cadenas de valor globales, provocando un encarecimiento de las materias primas y de los precios de la energía agravados este año por la guerra. La escalada inflacionista está afectando de forma brutal tanto a los hogares como a las pymes, obligando también a los bancos centrales a cambiar la política monetaria, con anunciadas subidas de los tipos de interés en Europa.
La CEA espera que la nueva legislatura andaluza permita el despliegue de la FP dual y de unas políticas activas de empleo que permitan recalificar a muchos trabajadores hacia los nuevos perfiles que demandan las empresas
¿Cuál es, por contra, el punto a favor para la Junta? Que con la mayoría absoluta garantiza la aprobación de los Presupuestos en los próximos años, lo que otorga gran estabilidad para acometer los proyectos fijados. De hecho, la elaboración de las cuentas para 2023 es una de las primeras tareas en la que deberá centrarse de inmediato el nuevo Gobierno andaluz, que se espera que esté constituido antes de final de julio.
Planteamiento de la CEA
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, afirma a este periódico que el empleo debe ser el punto "prioritario" en materia para el Ejecutivo de Moreno, con vistas a reducir unos diferenciales con España que son aún "aún muy elevados". La clave para ello, a su juicio, pasa también por generar un "clima de confianza" que incentive la actividad empresarial y la inversión privada en la comunidad.
"El reto de Andalucía pasa por continuar con esta convergencia. Tenemos todavía, por ejemplo, una tasa de paro juvenil del 36% (a nivel nacional es el 30%), un dato que nos preocupa enormemente. La política socioeconómica que se fije en esos próximos años va a ser determinantes", señala. En este sentido, confía en que la nueva legislatura andaluza permita el despliegue de la FP dual y de unas políticas activas de empleo que permitan recalificar a muchos trabajadores hacia los nuevos perfiles que demandan las empresas, muchos de ellos relacionados con las nuevas tecnologías. "Hay muchas vacantes en las empresas", recuerda.
La CEA reclama también a la Junta una fiscalidad más "favorable" a la actividad económica que pasaría por seguir tocando el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y rebajando en el tramo autonómico del de Patrimonio y los coeficientes en el de IRPF. "Todos los territorios compiten en fiscalidad y nosotros queremos en Andalucía una fiscalidad competitiva, como está haciendo Madrid, para que vengan más empresas e inversores. Que haya una fiscalidad más benigna para las empresas no significa que se vaya a recaudar menos; al contrario, se incrementará", comenta.
Otro desafío a afrontar es la necesidad de aumentar el tamaño medio de las empresas andaluzas, con el fin de que puedan acometer operaciones de mayor calado y afrontar con garantías el salto al mercado exterior. Andalucía tiene 530.000 empresas, pero el 86% son micropymes de, como máximo, diez trabajadores. Urge mayor dimensión, algo que la CEA vincula a la existencia de un ecosistema económico más propicio.
"Puedo asegurar que si Andalucía logra generar confianza y estabilidad para ser un territorio de inversión las empresas subirán su negocio, su rentabilidad y su empleo. Si hay otras regiones con más empresas grandes es porque allí el entorno es más favorable y no se penaliza fiscalmente el crecimiento empresarial", asevera.
Otras claves en estos próximos años serán el desarrollo de proyectos con los fondos europeos Next Generation, de los que Andalucía ya ha recibido más de 2.000 millones o la agilización que debe traer la nueva ley urbanística de Andalucía (LISTA), tras años de retraso en la tramitación de los planes generales de ordenación urbana. En ambos casos, los empresarios piden a la Junta "celeridad" para que, en el primer caso, el dinero de Europa llegue al tejido productivo y, en el segundo, puedan reactivarse infraestructuras pendientes.
La previsión es que en los próximo cinco años Andalucía pueda obtener entre 22.000 y 24.000 millones en los distintos programas de fondos europeos. Así, se puede llegar a disponer de unos 4.500 millones anuales (gestionados mayoritariamente por la Junta) que deben contribuir a mejorar la competitividad de la economía regional y de las empresas y hacer más productivo su modelo.
"Le pedimos al presidente Moreno que convoque a los sindicatos y a los empresarios para revisar la política económica, ver las necesidades y decidir hacia dónde encaminar los fondos europeos"
La postura sindical
La secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, echa de menos que la Junta, a la hora de elaborar su Estrategia Económica para 2027, no haya contado con los agentes sociales y afirma que el diálogo social debe de ser la "base" para alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de los trabajadores y empresarios.
"Estamos dispuestos a ese diálogo. Le pedimos al presidente Moreno que convoque a los sindicatos y a los empresarios para revisar la política económica, ver las necesidades y decidir hacia dónde encaminar los fondos europeos. Esperamos del nuevo Gobierno andaluz generosidad, y no que pase el rodillo, porque debe entender que los votos que ha recibido han sido también para parar a la ultraderecha, no un aval a su gestión", comenta.
A su juicio, los primeros cuatro años del PP en la Junta han tenido sombras como la escasez de planes de formación para recalificar a trabajadores hacia nuevos campos de actividad. También lamenta la falta de políticas autonómicas para mejorar la estabilidad del empleo, algo que sí cree que está logrando la reforma laboral del Gobierno central. López demanda además un fortalecimiento de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, justicia, etc) y apunta que, aunque hay iniciativas de reposición de plazas, son todavía insuficientes.
La secretaria general de UGT, Carmen Castilla, dice que el nuevo gobierno debe empezar a elaborar cuanto antes un presupuesto para 2023 que afronte los "retos pendientes"
Por su parte, la secretaria general de UGT, Carmen Castilla, dice que el nuevo gobierno debe empezar a elaborar cuanto antes un presupuesto para 2023 que afronte los "retos pendientes", y cita como básico "que se prioricen los servicios públicos como la sanidad, la educación, la dependencia, con los medios adecuados y con una política de contratación que permita una atención rápida y de calidad a la ciudadanía".
«Andalucía encara una legislatura en un contexto internacional marcado por la pandemia, la invasión de Ucrania y la espiral inflacionista, pero también por la apuesta europea por el Pilar Social. Instamos al PP y a su mayoría suficiente para formar gobierno a que apueste por una Andalucía justa, solidaria, inclusiva, ambientalmente respetuosa, industrializada, generadora de empleo de calidad y libre de odios», dice.
En su opinión, el empleo "de calidad" debe ser el gran reto. "Hay que promover un crecimiento económico justo y vinculado al pleno empleo. Esto se logra apostando por la formación, retomando la negociación colectiva y avanzando hacia un modelo productivo de industrialización, innovación y digitalización, con una nueva política energética y una transición social y ecológica justa", comenta. Los fondos europeos deben servir para avanzar en esas políticas. "Recordamos el compromiso del actual Gobierno andaluz de crear una comisión, con los agentes sociales, donde se informara y decidieran los criterios de reparto de dichos fondos para las políticas que necesita Andalucía", añade.
La central recuerda además el acuerdo de Recuperación Económica y Social, y otro de medidas especiales que, a su juicio, "no se han desarrollado convenientemente", salvo algunas medidas como el complemento a los ERTE. En todo caso, cree que "hay mucho que consensuar en el ámbito del diálogo social". Según UGT, el nuevo Gobierno andaluz debe fortalecer los pilares del bienestar y dar un nuevo impulso a la gobernanza, al diálogo social y a la participación institucional.
"Joven Ahora" quiere dar empleo a 13.300 menores de 30 años
La Consejería de Empleo de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo lanzará en breve una nueva línea para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local, denominada «Joven Ahora» que cuenta en Andalucía con un total de 120 millones de euros y con la previsión dar empleo a 13.333 jóvenes. Para optar a estos fondos, los ayuntamientos deberán entregar proyectos compuestos por distintas obras y servicios con una duración máxima de ocho meses relacionados con tareas como limpieza y desinfección, restauración y mantenimiento de mobiliario urbano o adecuación de zonas ajardinadas, entre otras.
La iniciativa, articulada a través del SAE está dirigida a la contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años que estén inscritos como demandantes de empleo no ocupadas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Los contratos tendrán una duración máxima de seis meses a jornada completa.
La Consejería, encabezada en estos últimos cuatro años por Rocío Blanco, recuerda que los jóvenes están "en graves dificultades" para acceder al mercado laboral por «su falta de experiencia profesional y, en ocasiones, por la falta de formación en las áreas más demandadas". El programa 'Joven Ahora' busca, por un lado, "crear las condiciones necesarias para la fijación de la población joven a este territorio" y, por otro, el apoyo al empleo en el ámbito local como "factor estratégico de desarrollo socioeconómico".
"Son los mercados locales los que mayor dinamismo muestran a la hora de generar oportunidades de empleo y de ajustar los perfiles profesionales a los sectores generadores de empleo", añaden.
