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La caza del lobo al norte del Duero, a debate en el Tribunal Constitucional

El próximo Pleno incluye entre sus asuntos para primera deliberación el recurso del Gobierno contra la Ley de caza de Mañueco, por incumplir la normativa sobre protección de especies.

Apenas unos meses después de ser admitido a trámite, el recurso del Gobierno de Pedro Sánchez contra la Ley de Castilla y León que considera al lobo como especie susceptible de ser cazada al norte del río Duero llega a debate en el Tribunal Constitucional. Este asunto forma parte del Orden del día del Pleno que se celebrará a partir del próximo 12 de julio, entre los recursos para primera deliberación.

La impugnación del Gobierno se presentó el pasado mes de abril contra una norma publicada en el BOE hace ahora un año, en julio de 2021. Se cuestionan solo tres aspectos de la Ley, entre ellos los artículos 38. 2 a) y 38. 8, que son los señalan que se requerirá autorización del Gobierno autonómico para las "monterías y ganchos" que pretendan la caza del 'canis lupus'.

También se pide la anulación de tres puntos de los anexos de la ley que incluyen al lobo "al norte del río Duero" entre las especies cinegéticas y establecen como periodo hábil para su caza desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domingo de febrero del año siguiente. Un tercer anexo recurrido valora en 6.000 euros al lobo como pieza de caza.

Especie cinegética

La interposición de este recurso por el presidente del Gobierno fue acordada por el Consejo de Ministros frente a los problemas de constitucionalidad que, según el Ejecutivo, afectan a diversas cuestiones relativas a la distribución competencial y a la normativa básica estatal, teniendo como epicentro la consideración del lobo como especie cinegética. La ponencia del recurso ha recaído en el magistrado Ramón Sáez, perteneciente al sector progresista del tribunal.

La Ley, aprobada casi un año antes de la entrada de Vox en el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco, expone en su artículo primero que su objetivo es "la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las especies cinegéticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente dichos recursos, de forma compatible con la conservación".

Sin embargo, el Gobierno considera que al encajar la figura del lobo como cinegética, se contradice normativa estatal como es Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007 o el Real Decreto de para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), así como Catálogo Español de Especies Amenazadas

Cuando se anunció el recurso, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, recordó que Castilla y León ya recibió una respuesta favorable sobre una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra una reforma de la Ley de Caza aprobada con anterioridad.

"Y la respuesta del Constitucional ha sido contundente en dos sentencias", apuntó entonces. Suárez-Quiñones, según recogió Europa Press. "Dijo que era plenamente constitucional", al igual que el Supremo señaló que toda la normativa reglamentaria de caza de Castilla y León era correcta y cumplía los requisitos legales", afirmó.

Según el consejero de Fernández Mañueco, el lobo al sur del Duero nunca ha sido 'cazable' porque por la Directiva europea Hábitat del año 1992 no lo permitía, aunque sí lo era al norte "hasta que el Gobierno España, en una decisión "absolutamente arbitraria, en contra de cualquier criterio científico y por mero posicionamiento ideológico radical" determinó lo contrario". No se puede cazar, según expuso entonces el consejero, porque la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, "no ha querido que se cace", causando "graves perjuicios" a la ganadería.

Precisamente, la supresión de manera inmediata la inclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) fue una de las enmiendas incluidas por el PP durante la última tramitación en noviembre de los Presupuestos Generales del Estado, cuando el partido aún estaba bajo la presidencia de Pablo Casado.

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