La fiscalía solicitará una pena de cárcel para la presidenta del Parlament, Laura Borràs. En concreto, la acusará de un delito de prevaricación (que comporta de 9 a 15 años de inhabilitación) y otro de falsedad documental (que oscila entre 3 y 6 años de cárcel e inhabilitación), ambos continuados, por haber amañado supuestamente contratos de servicios cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para favorecer a un amigo, Isaías Herrero, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este diario. Sin embargo, el ministerio público rechaza que existan indicios suficientes para imputarle los delitos de fraude administrativo y malversación de fondos públicos, como apuntaba el juez instructor, lo que habría comportado un aumento considerable de la petición de cárcel para la también presidenta de Junts.
En el escrito de acusación de la fiscalía también figurará el amigo de Borràs que se vio presuntamente beneficiado de estas maniobras, así como otro implicado en la trama, Andreu P. M.. La calificación debe ser entregada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha llevado a cabo la investigación al ser aforada Borràs por su condición de diputada. El asunto se inició en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, viajó al Tribunal Supremo cuando la dirigente de Junts fue elegida diputada en el Congreso y volvió a la capital catalana cuando obtuvo escaño en el Parlament, pero en este caso al TSJC, donde se celebrará el juicio.
Abuso de funciones
El pasado 29 de junio, el juez instructor del TSJC Jordi Seguí dio por concluida la investigación a Borràs y a tres imputados más (uno de ellos excluido por la fiscalía) por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación de fondos públicos. El magistrado ofreció 10 días a la fiscalía para presentar su escrito de acusación, que acaban esta semana, tras concluir que la presidenta del Parlament "abusó de sus funciones" al frente de la ILC y acordó con su amigo Herrero, entre 2013 y 2017, el fraccionamiento y adjudicación irregular de 18 contratos menores por 330.442 euros (se pagaron, al final, 309.176 euros).
El magistrado sostenía que Borràs presuntamente "dictó resoluciones injustas al aprobar las adjudicaciones de estos contratos" menores bajo sospecha, "con plena consciencia" de que su concesión "entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora" del sector público. La acusación pública incidía en que se omitió un concurso para "únicamente favorecer los intereses" de su amigo y "en detrimento de la defensa de los intereses generales". Esta conducta supuestamente se encuadraría en el delito de prevaricación.
Respecto a la falsedad documental, el juez recalcaba que los "indicios acumulados en la instrucción" mostraban la "confección y posterior presentación" por parte de Herrero de presupuestos atribuidos a personas y entidades que han negado su intervención en los mismos, así como en la "realidad" de la oferta que se reflejaba en cada uno de ellos. La "elaboración de los presupuestos", incidía, obedecía al propósito de este acusado y de Borràs "de simular una concurrencia de ofertas en los expedientes de contratación se los servicios relativos" a la página web de la ILC.
La malversación
A pesar de que la fiscalía no acusará por el delito de malversación de fondos, el juez detalló en su auto que al tratarse la ILC de un "ente autónomo de naturaleza administrativa", y siendo Borràs la responsable de la contratación, había quedado acreditado "indiciariamente" que la liquidación de los 18 contratos presuntamente amañados habían "comportado un perjuicio a los caudales públicos", ya que la determinación del importe de cada uno y las facturas "se hacían con criterios arbitrarios", y, además, "se había de cargar los gastos y comisiones que percibían las cooperativas a las que se había asociado Isaías Herrero y que figuraban como adjudicatarias formales en la mayor parte de los contratos".
En el supuesto de que la fiscalía hubiera atribuido el delito de malversación a Borràs, la pena de prisión que se hubiera solicitado hubiese sido mayor. El Código Penal castiga este delito con una condena de 2 a 6 años de prisión, más inhabilitación para cargo o empleo público. La otra infracción penal que no recogerá la acusación pública es la de fraude administrativo, que comporta una pena de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación. La dirigente de Junts siempre ha defendido su inocencia y ha atribuido el proceso contra ella a la represión contra el independentismo.
