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Caso Azud

Una asesor confirma que Febrer era quien "daba las órdenes" en la sociedad familiar de Alfonso Grau

Otros dos consultores confirman que el jurista José Luis Vera cobraba del grupo Axis pero no realizaba trabajos jurídicos

El exvicealcalde de València, Alfonso Grau, abandona su casa en la Operación Clepsidra, por la que fue condenado por cohecho. DANIEL TORTAJADA

El asesor fiscal del empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados en el caso Azud, confirmó este miércoles que el promotor era quien "daba las órdenes" en la creación de la sociedad familiar patrimonial creada por el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, supuestamente para vehicular las mordidas y beneficios inmobiliarios que obtenía. La declaración se produjo en las primeras citaciones que practica el Juzgado de Instrucción 13, que investiga desde 2017 el caso Azud, tras levantar parcialmente el secreto del sumario el pasado 21 de abril.

El economista Carlos R. S. confirmó a la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 13 y al Fiscal Anticorrupción que ayudó a montar la empresa patrimonial familiar de Alfonso Grau, bajo las órdenes directas de Febrer. Aunque declaró que se desvinculó tanto de Grau como de Febrer a partir del año 2007, ya que el promotor quería crear un "holding" de empresas, por lo que decidió traspasar la gestión de este grupo de empresas a un compañero, según fuentes conocedoras de su declaración. El economista aseguró desconocer, por ejemplo, cómo se fraguó la adquisición de un local comercial en la Gran Vía Fernando el Católico de València que el empresario Federico Ferrando (también investigado en esta causa) vendió a Grau. El local, valorado en 640.000 euros, se escrituró por 400.000 euros. El economista Carlos R. S. declaró desconocer los detalles de esta operación.

Los otros dos investigados que declararon ayer, José M. G. y Felipe M. L., también complicaron la defensa del jurista y presunto conseguidor del caso Azud, José Luis Vera, al declarar que el exdirectivo de Divalterra cobró "más de 200.000 euros" de las empresas de Febrer, por el supuesto asesoramiento jurídico al empresario Jaime Febrer, aunque en realidad no realizó ningún trabajo jurídico, según fuentes conocedoras de su declaración. Uno de estos colaboradores de Febrer, que participó en nombre de Astroc Inmobiliaria en la operación Colegios, aseguró que nunca se reunió con políticos o funcionarios en la gestación de esta operación.

En el caso Azud aún quedan piezas sobre las que se mantiene el secreto del sumario para las partes, por lo que algunos de los investigados ayer se acogieron a su derecho a no declarar. Como es el caso de la funcionaria del Ayuntamiento de València, Esmeralda O. P., relacionada con la operación colegios, el pago de la deuda de 35 millones del Ayuntamiento de València con centros religiosos a cambio de tres parcelas edificables, los investigadores de Azud señalan que por estos hechos "cobraron comisiones ilícitas por su participación necesaria e imprescindible para que el empresario Jaime Febrer y su grupo de empresas alcanzaran sus fines Alfonso Grau, Rafael Rubio, y Néstor Gabriel Ramírez Gómez, jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de València, contra quien no puede seguirse la causa por haber fallecido [en 2011]".

La "participación activa", según un auto del caso Azud, de la funcionaria Esmeralda O., jefa de Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de València en 2007 fue facilitar a Jaime Febrer la "relación de seis parcelas destinadas a uso dotacional" para que eligiera las que más les convenían en la operación colegios. Esmeralda O. P. también maniobró, presuntamente según los indicios recabados en la causa, junto a Juan Antonio Altés Martín, jefe del Servicio de Planeamiento (también fallecido en 2012), para supuestamente falsear la presunta pérdida patrimonial que supuso la adjudicación a Febrer, Montoro y Ferrando de las tres parcelas a cambio de la deuda de los colegios.

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