El nuevo impuesto a las compañías energéticas y a las entidades financieras ha sembrado la paz entre los socios de Gobierno, pero todo apunta a que será una paz pasajera. Pedro Sánchez decretó este lunes la creación de estas figuras impositivas durante el debate sobre el estado de la nación. Lo hizo sin advertir de las medidas ni a los socios parlamentarios ni a su aliado de Gobierno. Si bien Unidas Podemos celebró en un primer momento las propuestas y se arrogó el mérito de haber provocado el viraje del líder del Ejecutivo, advierte ahora de que el ala socialista tendrá que sentarse a negociar el diseño de los nuevos impuestos. Una cuestión que abre la puerta a nuevas turbulencias en la coalición.

El Gobierno debe aprobar la creación de los nuevos impuestos antes de final de año, para que estas figuras puedan entrar en vigor en 2023, al hilo del nuevo ejercicio fiscal. El Ministerio de Hacienda planea culminar el diseño de estas medidas en paralelo a la elaboración de los próximos presupuestos generales del Estado, y tiene previsto sacarlas adelante a través de su grupo parlamentario, mediante la fórmula de la proposición de ley con carácter urgente. Esta resulta la vía más rápida para sacar adelante la iniciativa, frente a la opción de hacerlo a través de su aprobación por el Consejo de Ministros, una opción que requiere de varios informes preceptivos, según publica El Periódico de España.

Los socios de la coalición han acordado que presentarán de manera conjunta la iniciativa parlamentaria para crear estos impuestos. Una firma a dos manos que en el Ministerio de Hacienda consideran una mera formalidad. Fuentes del departamento dirigido por María Jesús Montero apuntan a que ya están trabajando en esta figura fiscal, y que la medida estaría avanzada. Prueba de ello sería el cálculo tan preciso realizado por Pedro Sánchez sobre la recaudación estimada de 7.000 millones de euros con los dos impuestos. Rechazan además que vayan a producirse negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos por este asunto, puesto que la propuesta va a salir completamente definida desde Hacienda.

Pero desde Unidas Podemos frenan esta posibilidad. Si los morados estampan sus siglas en esa iniciativa parlamentaria, será porque comparten la totalidad de la propuesta. Y para eso, adelantan, los socialistas tendrán que sentarse a negociar. Bien a través del grupo parlamentario cuyo portavoz es Pablo Echenique, o bien a través del equipo de Yolanda Díaz, el grupo confederal no contempla que Sánchez elabore en solitario estos nuevos impuestos, que hasta esta semana eran abanderados por los morados en solitario. El lunes habrá una reunión entre Vicepresidencia el ala socialista del Gobierno para abordar todas las medidas anunciadas, en lo que podría ser una primera toma de contacto para futuras negociaciones.

Y es que el diablo está en los detalles, bien lo saben en Podemos, que acabó votando contra la Ley Audiovisual por una enmienda introducida por el PSOE, en uno de los últimos desencuentros parlamentarios más fuertes entre los socios de Gobierno. Y más allá del anuncio grandilocuente de Sánchez, que logró su objetivo de copar titulares e informativos, está por ver el detalle de la norma, que será lo que determine en último lugar el calado real de la propuesta.

Una de las principales cuestiones a determinar es a quién afecta exactamente este impuesto. En su discurso durante el debate sobre el estado de la nación, Sánchez apuntó a que se verían afectados "los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero". La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunirá este jueves con las patronales de este sector, aunque algunas de las principales empresas, como Iberdrola España, ya han defendido que el impuesto no se aplicará a sus beneficios, como afirmó su vicepresidente, Antonio Miguel Carmona: "Entendemos, pues, que están hablando de un impuesto a las petroleras y a las gasistas que representan, insisto, el 75% de la energía vendida en España". Unas afirmaciones a las que respondió Yolanda Díaz este miércoles noche en Hora 25 de Cadena Ser, donde dejó entrever que sí se vería afectada y le pidió "arrimar en hombro" en un contexto en que "hay cinco millones de pobres energéticos". La pugna está servida.

Entre otro de los aspectos susceptibles de debatirse, aseguran en Unidas Podemos, está la base imponible sobre la que se tributarán las empresas energéticas y entidades financieras. Los morados señalan que, si bien se puede plantear un recargo al Impuesto de Sociedades para estas compañías -una figura que se puede eludir mediante ingeniería fiscal-, la manera de gravar específicamente los beneficios extraordinarios consistiría en atender a los beneficios de los últimos años y, después de hacer la media e incluir correctores, ver el excedente obtenido en los ejercicios en cuestión. Una cuestión que tampoco está exenta de debate, puesto que el tramo que se escoja como referencia también determinará el impacto fiscal.

Otro de los puntos de vital importancia será establecer el porcentaje en que se gravarán estos beneficios. Un extremo en que es previsible que Unidas Podemos busque ser más ambicioso y subir los tipos respecto a la propuesta socialista. Después de que Sánchez se arrogase algunas de las banderas de Podemos, el partido busca ir más allá en sus exigencias para redefinir su espacio e intentar marcar de nuevo el paso al presidente de Gobierno. Con esta idea plantearán la negociación presupuestaria, en la que han subido el listón de peticiones, y con esta misma filosofía han planteado una batería de propuestas para instar al ala socialista a llevar a cabo durante el debate del estado de la nación. Entre ellas, destaca el recargo de 10 puntos en el Impuesto de Sociedades para los grandes supermercados. Y esta circunstancia también amenaza con complicar el acuerdo.

La medida anunciada el martes por el líder del Ejecutivo no era conocida por el socio minoritario de coalición, que sin embargo celebró la propuesta. Pero tampoco había sido avanzada a otros socios parlamentarios como el PNV. Su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, se mostraba este miércoles visiblemente molesto por esta circunstancia, señalando que no se había respetado el "acuerdo" por el que invistieron a Sánchez, que consistía en informarle sobre las propuestas en las que trabaja el Gobierno en cada momento. El jetzale se mostró crítico con los nuevos impuestos, advirtiendo de que podría condenar a las empresas a una doble tributación.

A las del PNV se unieron las críticas de otros de los principales aliados parlamentarios de la coalición, como ERC y EH Bildu, cuyos reproches iban en sentido contrario, advirtiendo de que no había medidas estructurales en sus anuncios y pidiendo dar vocación de permanencia a unos impuestos que Sánchez habís calificado de "temporales".