La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias a raíz de la denuncia del exjefe de la Policía Nacional en Catalunya Narciso Ortega contra los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedalpor su cese supuestamente en el marco de la 'operación Cataluña', y la ha remitido a la de Madrid.

Según ha adelantado 'El Món' y han confirmado a Efe fuentes jurídicas, la Fiscalía de Barcelona acordó el pasado 28 de julio abrir diligencias a raíz de la denuncia de Ortega contra el exministro de Interior y la exsecretaria general del PP, por los delitos de organización criminal, prevaricación, malversación y revelación de secretos.

Una vez abiertas las diligencias, en un decreto de incoación y remisión, la Fiscalía de Barcelona las ha enviado a la de Madrid por considerar que es quien tiene la competencia territorial para investigar el caso, que se basa en los audios del excomisario José Manuel Villarejo, también denunciado, al igual que el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

"Lista negra"

Ortega, representado por el abogado Jordi Pina, del despacho Molins, interpuso su denuncia al considerar que los audios de Villarejo demostrarían que en 2012 fue cesado como máximo responsable de la Policía Nacional en Catalunya porque dirigentes del PP le atribuían vínculos con dirigentes de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya y connivencia con el independentismo.

En su denuncia, Ortega se refiere a las informaciones sobre la denominada 'operación Cataluña', en la que mandos de la Policía Nacional en la etapa del Gobierno del PP se "concertaron" supuestamente con algunos periodistas a partir de 2012 para arremeter contra el independentismo.

En este contexto, la denuncia sostiene que Ortega fue cesado "sorpresivamente" por el Ministerio del Interior trasladado "arbitrariamente" a Teruel, aunque al final "aceptó Zaragoza como mal menor", por sus supuestas connivencias con el independentismo y vínculos con dirigentes de la extinta CDC.

"Acoso y derribo"

Según Ortega, su cese formaba parte de la "campaña de acoso y derribo a todo aquel que estuviera relacionado con el movimiento independentista" dentro de la conocida como 'operación Cataluña'.

El entonces ministro de Interior nombró como sustituto de Ortega a Agustín Castro Abad, con quien, según la sentencia, Fernández Díaz "compartía una arraigada fe católica" y rezaban juntos en la misma parroquia, aunque este causó baja "aquejado de una profunda depresión" a escasas horas de la consulta soberanista convocada por el Govern de Artur Mas el 9 de noviembre de 2014.

La denuncia hace referencia a la reunión entre el excomisario Villarejo y la exlíder del PP de Catalunya Alicia Sánchez-Camacho, el 6 de noviembre de 2012, pocos días antes de las elecciones autonómicas de ese mismo año, donde la entonces dirigente popular situó a Ortega, que ya había sido relevado al frente de la Policía Nacional en Catalunya, en una "lista negra" de personas que debían ser investigadas.

Según los audios que forman parte de la denuncia, Sánchez-Camacho explicó a Villarejo que Ortega tenía "un montón de connivencias" con el independentismo, lo que suponía "un problema añadido" porque era "íntimo" del entonces conseller de Interior Felip Puig.