El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha prohibido este jueves la celebración del torneo del Toro de la Vega tal y como estaba previsto que se hiciera el próximo martes en la localidad de Tordesillas, con permiso para colocar en el animal una serie de divisas clavadas mediante arpones, algo que había sido autorizado por el municipio al cambiar en pleno municipal el reglamento del espectáculo.
El tribunal ordena retomar al modelo que se ha venido siguiendo desde el año 2016, cuando se prohibió la tradicional muerte del toro alanceado.
Por otra parte, poco antes de que se conociera esta resolución, el fiscal de sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, había remitido un oficio al Director General de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, en el que le informaba de que "no existen indicios de la comisión de delito alguno" en la celebración del Torneo del Toro de la Vega, prevista para el próximo 13 de septiembre, y por tanto no accede a la paralización del acto, tal como le había solicitado el jueves García Torres y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge.
La fiscalía considera en su oficio “que no existen indicios de la comisión de delito alguno" y por tanto archiva las diligencias preprocesales abiertas tras recibir el escrito firmado por los dos altos cargos del Ministerio de Derechos Sociales.
En dicha diligencia, el Gobierno solicitaba la paralización del Toro de la Vega porque, a su juicio, incumple el reglamento de espectáculos taurinos de Castilla y León, que prohíbe "herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro modo cruel a las reses". Y es que las bases reguladoras del torneo fueron adaptadas a la normativa autonómica y desde hace seis años no se permite dar muerte al animal pero sí clavarle "hasta siete divisas", que según Derechos Sociales "son punzones o arpones" que pueden causar graves lesiones al toro y "derivar en un delito de maltrato animal".
Los precedentes
Sin embargo, la fiscalía señala en su oficio que la prohibición de pinchar o herir al animal no es de aplicación a los espectáculos taurinos declarados "tradicionales", como sucede con el Toro de la Vega. Por todo ello, considera que no hay indicios de la comisión del delito de maltrato animal que sugería el Gobierno, "sin perjuicio del análisis del ajuste a la legalidad administrativa de la orden [...] por la que se declara la conformidad de las bases del espectáculo taurino tradicional del Toro de la Vega", que correspondería "dilucidar a la jurisdicción contencioso-administrativa y no al Ministerio Fiscal”.
La Fiscalía de Medio Ambiente ya se ha pronunciado en el mismo sentido en peticiones similares en los años 2007 y 2015. No obstante, si el Gobierno quiere continuar adelante con su petición, puede reproducir su denuncia ante el juzgado de instrucción competente.
