El Gobierno prefiere no echar más leña al fuego. Evitar meter presión al Consejo General del Poder Judicial para que nombre ya a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. Asegura que hay que "dejar trabajar" a los vocales y confía en que el acuerdo entre ellos se alcance.
El cambio de estrategia del Ejecutivo respecto al CGPJ era muy visible este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El pasado 1 de agosto, y desde Tirana (Albania), en el cierre de su gira por los Balcanes, el presidente advirtió al CGPJ de que si se rebelaba contra la ley que le devolvía la competencia de designar magistrados del TC el Gobierno actuaría por su cuenta. Es decir, que elegiría a los dos jueces de su cuota para lograr voltear el signo del tribunal de garantías. Pero ahora Pedro Sánchez echa el freno y no moverá ficha por su cuenta.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, se mostró este martes "segura" de que los miembros del Consejo son conscientes de la "altísima responsabilidad" que tienen en sus manos, por su "posición institucional", porque ellos "prometieron o juraron cumplir con la Constitución". Así que "en unos días", apuntó, cuajará el acuerdo entre los vocales progresistas y los conservadores. Y, mientras, el Gobierno esperará. No nombrará a los dos magistrados que le tocan hasta que los dos bloques del Consejo pacten. "Esperaremos a esa renovación para proceder al nombramiento de los magistrados que corresponden al Gobierno", indicó la ministra. A su lado, la portavoz, Isabel Rodríguez, apuntaló sus palabras: el Ejecutivo "no contempla otro escenario" que quienes conforman el CGPJ "cumplan" con la ley.
El Gobierno puso tanto cuidado en no soliviantar a los vocales que evitó acusarles de incumplir la ley. Y eso que el plazo legal para la renovación del TC que impuso la reforma legal aprobada de manera exprés por Congreso y Senado en julio culminaba este 13 de septiembre. A juicio de Llop, el problema se halla en el "bloqueo institucional", la imposibilidad de la renovación del CGPJ "exclusivamente por culpa de una fuerza política, que es el PP". Si el Poder Judicial se hubiera actualizado, razonó, no se produciría este conflicto, por lo que cree la ministra "un poco injusto" que se "descargue la responsabilidad" en los vocales del Consejo, si bien "es verdad que tienen que cumplir con la ley vigente". El mensaje, pues, es que "hay que dejarles trabajar", que progresistas y conservadores hablen y fructifique el acuerdo.
"Sin condicionamientos"
La tesis del Gobierno, explicaron fuentes de la Moncloa, es que si se produce el desbloqueo en el TC puede acabar deshaciéndose el atasco en el Poder Judicial, y para ello es mejor guardar cautela y no presionar a los vocales. Además, al Gabinete de Sánchez le interesa sobre todo dar la vuelta al Constitucional, porque con el relevo de cuatro magistrados pasaría de tener mayoría conservadora a mayoría progresista.
Llop volvió a arremeter contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando fue preguntada por la carta que Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea, dirigió al presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, con la que respaldaba su duro discurso en la apertura del año judicial, en el que amenazó con dimitir "en semanas" si PP y PSOE no pactaban por fin la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
La titular de Justicia subrayó que entiende que la comisaria se ponga en contacto con Lesmes porque es "imprescindible la normalidad institucional en nuestro país" tras casi cuatro años de bloqueo, pues el CGPJ acabó su mandato en diciembre de 2018. El informe sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea, recordó, exige la renovación del órgano "sin condicionamientos, como también dijo Lesmes".
Visita de Reynders este mes a España
Llop sostuvo que lo que le preocupa es que Feijóo, tras el discurso del presidente del Poder Judicial, envió sendas cartas a Vera Jourová y al comisario de Justicia, Didier Reynders, para implicarles en la negociación del Consejo y remarcar la "vocación" del PP de avanzar en la "despolitización de la Justicia" de acuerdo con los "parámetros fijados por parte de la Comisión". Para la ministra, Génova "buscó no solo la tutela" del Ejecutivo comunitario al mandar ambos escritos, "cuando es una cuestión de su exclusiva responsabilidad, porque solo a él le corresponde poner los nombres encima de la mesa". Perseguía, a juicio del Gobierno, "algo mucho más grave", "buscó la complicidad de la Comisión para que se incumpliera nuestra Constitución y no renovar el órgano de gobierno" de los jueces.
Pero "afortunadamente", continuó Llop, la vicepresidenta de la CE "se ha manifestado en los términos que constan expresos en su carta" que son, según consta en su misiva a Lesmes, la "urgencia y prioridad absoluta" de renovar el Consejo y, después de eso, abordar la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial "teniendo en cuenta los estándares europeos", reforma que "la Comisión considera necesaria".
El Ejecutivo siempre ha respondido que no hay mayoría actual en las Cortes para aprobar ese cambio de modelo, que además no comparte. "Que hagan caso a Jourová, y luego hablaremos, que renueven y cumplan la Constitución, y sin condicionamientos", señaló la ministra, para quien se podría llegar a un acuerdo con el PP sobre los nombres de los nuevos integrantes del Consejo "en pocas horas".
Llop adelantó, además, que Reynders visitará España "a finales de mes" para hablar del último informe sobre el Estado de derecho en España. "Quiero hablar con Reynders y quiero que sepa cómo está la situación en este momento, que lo conoce, pero quiero que me oiga a mí, quiero que escuche mi voz", sostuvo la ministra.
