La ley que introduce en las leyes españolas la denominada 'Directiva wistleblowers', que ampara a los denunciantes de corrupción y afecta tanto al sector público como al privado, ha obtenido hoy luz verde definitiva en el Consejo de Ministros y comienza ahora su trámite parlamentario. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado durante la presentación del proyecto que las disposiciones de esta norma "no van a sustituir los cantales habituales de denuncia" ante la Justicia.
Se trata de una de las advertencias realizadas en su informe preceptivo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de los jueces valora positivamente el proyecto, si bien recuerda que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece la obligación de denunciar la perpetración de cualquier delito público ante las autoridades judiciales, fiscales o policiales.
"La preexistencia de dichas disposiciones en nuestro ordenamiento jurídico tiene un encaje cuanto menos complejo con la norma europea", admitía este órgano en su informe, si bien añadía que la reforma prevista de la ley procesal -dirigida principalmente a atribuir a los fiscales la instrucción penal- ya tiene en cuenta las consecuencias de la transposición de esta Directiva.
Este Proyecto de Ley, que se llevó a primera vuelta en el Consejo de Ministros del pasado mes de marzo, cuenta también con un informe del Consejo de Estado que fue aprobado el pasado jueves y, según Llop, alaba la técnica legislativa empleada. También tendrá en cuenta para su tramitación parlamentaria también lo que tengan que decir los fiscales.
Precisamente mañana miércoles el Consejo Fiscal, el primero que preside el nuevo fiscal general, Álvaro García, llevará este asunto a debate, han informado fuentes del Ministerio Público a El Periódico de España.
La Ley tiene como objetivo cualquier ciudadano y cualquier funcionario público pueda denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ámbito laboral o profesional, y la legislación tendrá la obligación de ofrecerle una protección real y efectiva ante cualquier represalia en dicho ámbito, incluido su entorno si fuera necesario. La norma, según la ministra, es de gran importancia porque, al cabo, afecta a todos los españoles que trabajan en empresas o Administraciones Públicas.
Durante su intervención, la LLop ha dado cifras de coste mundial de la corrupción, que según datos de Naciones Unidas llega a los 2,6 trillones de dólares anuales, implicando a un 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) global. La transposición de la directiva nos hace "subir en los rankings" de lucha contra este fenómeno, según la titular de Justicia.
También se ha referido a la complejidad del proyecto, pues modifica un total de cuatro leyes: la que regula la jurisdicción Contencioso-Administrativa, la de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la de contratos del sector público y también la de protección de datos, introduciendo nuevas figuras jurídicas. Para su elaboración también se ha escuchado a la sociedad civil y a las comunidades autónomas.
Información a la Fiscalía
Entre los aspectos esenciales de la norma ha destacado que cuando la información que ofrezca el denunciante -que también podrá revelarla de forma anónima-, de pie a aventurar la existencia de delitos, ésta deberá comunicarse a la Fiscalía. Así, los cauces de denuncia serán dos, el interno de cada una de las organizaciones (empresas y administraciones), y otro externo, "ante la autoridad administrativa independiente".
La obligación de disponer de estos canales internos de denuncia será de todas las empresas de más de 50 trabajadores, y también de los partidos políticos, los sindicatos y las fundaciones que reciban fondos públicos. En cuanto a los Ayuntamientos, cuando no superen los 10.000 habitantes podrán agruparse para organizarlos.
El proyecto incluye un régimen sancionador para responder a las conductas dirigidas a frustrar estas comunicaciones y también para evitar declaraciones espurias "a sabiendas de su falsedad" que afectar a personas e instituciones. Frente a estas conductas, el Proyecto de Ley multas de entre 1.000 y 3.000 euros para las personas físicas y de entre 10.000 euros y hasta un millón para las jurídicas. Estas últimas se podrían enfrentar también a amonestaciones y prohibiciones de contratar con la Administración o de obtener beneficios fiscales en caso de actuar de forma irregular respecto a esta ley.
Finalmente, LLop ha manifestado que el texto ha tratado de guardar un equilibrio, y que se ha tratado de ser "muy escrupulosos y garantistas", en todo caso, ha anunciado que durante el trámite parlamentario se escuchará a los grupos parlamentarios. Ha terminado agradeciendo a todas las personas que "a costa de un precio personal, han puesto este tema en la agenda pública, europea y nacional", puesto que "su vida con este texto hubiera sido más fácil".
