El Tribunal Supremo ha dado a conocer la sentencia de los ERE después de que el pasado julio desvelara el sentido del fallo, corroborando la pena de cárcel para nueve de los 19 exaltos cargos del Gobierno andaluz que fueron condenados por la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2019. Las penas suman un total de 255 años de inhabilitación y 68 años de prisión. La presión está sobre quienes tienen que entrar en la cárcel. La inhabilitación ya está descontada para todos los exdirigentes del PSOE que llevan ya años retirados y dados de baja del partido.

Después de conocerse el fallo se supo que la familia del expresidente andaluz estaba recabando firmas y apoyos para pedir el indulto de José Antonio Griñán, que condenado a seis años de cárcel por malversación tendría que entrar en prisión cuando se ejecute la pena. Su familia alega razones de humanidad y equidad, evitando las consideraciones políticas o jurídicas, para evitar que acabe en la cárcel a los 76 años y tras “una intachable trayectoria vital”.

Su caso es el que se ha llevado el foco, tras conocerse un reguero de apoyos destacados, desde Felipe González a José Luis Rodríguez Zapatero. También es el que ha utilizado el PP y el Ejecutivo andaluz, en manos de los populares, para cuestionar esa petición de indulto y tratar de erosionar al Gobierno de Pedro Sánchez, el que tendrá que tomar esa decisión. El asunto ha estado todo el verano en las trincheras políticas por más que el PSOE trate de distanciarse de esa medida de gracia que corresponde al Gobierno. La orden es que los cargos orgánicos del partido no se pronuncien sobre los indultos ni firmen a su favor o se adhieran a ninguna recogida de apoyos. Ni siquiera de forma simbólica. Los dos votos particulares que recoge la sentencia abre un abanico de dudas con carga suficiente como para pedir que se paralice el ingreso en prisión, avisan fuentes jurídicas, que coinciden en que debe despolitizarse el camino a partir de este momento.

División en las filas socialistas

Lo más significativo fue que el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, dejó claro que no iba a sumarse a ningún indulto porque no le corresponde ni se lo permiten los estatutos del partido en caso de corrupción. Una lectura que fue rebatida por su antecesora en el cargo, la senadora Susana Díaz, que sí firmó la petición de la familia de Griñán, con otros notables como Alfonso Guerra o varios exministros además de los expresidentes del Gobierno. Para una parte del PSOE esta estrategia es contraproducente y no hace más que dificultar la concesión del indulto para el Gobierno a las puertas de un ciclo electoral clave, con municipales, autonómicas y generales. En Ferraz no entran a cuestionar que el expresidente andaluz merezca ese indulto, sobre lo que no hay fisuras dentro del partido, pero sí consideran que es una temeridad la campaña pública protagonizada por destacados socialistas y su filtración a algunos medios de comunicación.

Las últimas bajas jurídicas

Tras notificarse la sentencia del Tribunal Supremo, los caminos que quedan para los acusados son pocos ya. El más claro pedir el indulto al Gobierno, que debe estudiar y conceder el Consejo de Ministros como medida de gracia del poder ejecutivo considerando razones humanas y de proporcionalidad y equidad. Los abogados pueden además acudir al Tribunal Constitucional para tratar de rebajar la pena, pidiendo amparo y alegando vulneración de derechos fundamentales, solicitando como medida cautelar que se suspenda el ingreso en prisión. Si esto se concede, se pedirá a la Audiencia de Sevilla que no ejecute la sentencia hasta que se resuelvan estas vías.

En lo que todos los abogados y acusados sondeados por este periódico coinciden es en que “hay que dejar de pensar en la política”, porque el indulto no puede estar politizado sino basado en razones humanas y personales para cada acusado. Jamás se piden indultos en bloque ni se conceden de forma colectiva sino muy ajustados a cada trayectoria personal y circunstancias personales. Es el motivo por el que el PSOE dejó claro desde el primer momento que no es el partido el que promueve en ningún caso el indulto al expresidente, por más que el reguero de nombres de pata negra socialista que han salido en su defensa debiliten ese argumento.

Más allá de Griñán hay otros exconsejeros y exaltos cargos que también tendrán que entrar en la cárcel por los ERE. Sus perfiles son tan diversos como sus trayectorias profesionales y políticas. El protagonismo del expresidente andaluz al hablar de indulto ha generado además roces y divisiones dentro el PSOE andaluz y retrotraído a tiempos de fractura pasados. ¿Por qué indultar a Griñán y no a otros? El caso de los ERE estalló bajo la presidencia de Griñán. La instrucción comenzó en 2009, alcanzando una importante dimensión mediática en 2011, cuando el exdirector general de Empleo explicó a la Guardia Civil que manejaba “un fondo de reptiles” de cientos de millones de euros. El entonces presidente andaluz aseguró que no iba a ocultar nada ni a proteger a nadie. Una parte del partido le acusó de haber servido en bandeja a la juez Mercedes Alaya una macroinstrucción con tintes políticos.

Heridas vivas del pasado

En el punto de mira estaba la anterior cúpula política de Gobierno andaluz, la que estuvo junto a su antecesor, Manuel Chaves, que ocupó la presidencia 19 años. También quienes rendían cuenta al núcleo duro del partido, sobre el que nunca puedo la jueza actuar, pese a que en múltiples ocasiones buscó trazas de financiación irregular. Nunca halló nada. Siete años después fueron condenados quienes formaron parte del corazón político de los gobiernos de Chaves pero también el propio Griñán, por su etapa como consejero de Hacienda y algunas de las personas que estuvieron a su lado . Una parte del partido se sintió traicionada por el expresidente y aquellas heridas no están cicatrizadas como ahora se demuestra con todas las sacudidas internas que supone la sentencia del Supremo.

Al margen del golpe moral que los ERE siguen infligiendo en el seno del PSOE andaluz, abatido tras su estrepitosa derrota el 19-J, y sin considerar el desgaste que el Gobierno de Pedro Sánchez puede sufrir por indultar a sus condenados, con el PP atizando por el que machacan como “el mayor caso de corrupción de la historia de España”, hay otros ocho condenados que preparan su última bala, pedir el indulto. No hay coordinación entre los distintos abogados por este asunto, nunca los indultos se piden de forma colectiva, indican fuentes jurídicas, sino fabricando un traje a medida con las razones personales para cada uno de los condenados. El manual señala que todos pedirán esta medida, aunque lo hagan con discreción y sin pasearse por los medios de comunicación, estrategia que varios abogados consideran kamikaze en un ambiente político tan polarizado como el que se vive en España.